La apuesta por un gigante con pies de barro
El sector agroindustrial, llamado a sustituir a los decaídos ingresos hidrocarburíferos a través de la expansión de su modelo, se enfrenta a sus propias contradicciones y desnuda sus profundas grietas. Ni las medidas destinadas a aumentar el cupo de exportación de directa de soya, ni el...
El sector agroindustrial, llamado a sustituir a los decaídos ingresos hidrocarburíferos a través de la expansión de su modelo, se enfrenta a sus propias contradicciones y desnuda sus profundas grietas. Ni las medidas destinadas a aumentar el cupo de exportación de directa de soya, ni el clamor del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, parecen solucionar nada.
Esta semana, los productores, agobiados por las deudas y golpeados por los bajos precios que pagan sus compradores agroempresariales -precisamente los aliados del gobierno que se benefician de las subvenciones y políticas en favor de la expansión de su modelo-, han bloqueado y amenazado incluso con tomar los silos de almacenamiento.
Los bloqueadores exigen a las industrias oleaginosas y al Gobierno aplicar un “precio justo” de al menos 300 dólares por tonelada del grano. El precio internacional está actualmente llegando a los 347 dólares/tonelada, pero el precio que pagan los agroindustriales en el mercado interno es de hasta 235 dólares/tonelada.
Este precio es insuficiente para que los productores compensen sus crecientes costos de producción, que incluyen (entre otros) semillas transgénicas, pesticidas y fertilizantes químicos, vendidos como paquete en beneficio de las transnacionales que ostentan las patentes de propiedad intelectual a través de sus aliados locales.
Ante los bloqueos, el Gobierno se apuró en firmar un decreto para la libre exportación de la soya. El problema es que, según expertos como el director de la Fundación TIERRA, Gonzalo Colque, “esta concesión no mejorará los ingresos soyeros, pero será utilizada como un poder coercitivo más en manos de los agroempresarios para obtener más subvenciones estatales y libertades legales”.
Según este análisis, el gobierno “seguirá cediendo ante cualquier amenaza de desabastecimiento de soya para alimentos balanceados destinados a la crianza de cerdos y pollos. Importa más aferrarse al poder que la economía. No aguantaría una semana de agitación social si desaparece la carne de pollo del mercado”.
El gobierno ya es comprador a precio subvencionado de alcohol anhidro que vende a la población mezclado con gasolina, invertirá fondos públicos y comprará soya —también a precio subvencionado— para la producción de biodiesel y seguirá subvencionando el diésel importado que usa la maquinaria agrícola. Y los créditos blandos para los agroempresarios también son parte de las facilidades gubernamentales.
Según Colque, el gobierno también dará luz verde a la soya HB4 resistente a la sequía, “que en realidad es para la expansión de la frontera agrícola hacia el bosque seco Chiquitano, ante la presión de los inversores argentinos y brasileros. Un factor agravante es que esta semilla también es resistente a dos herbicidas muy usados”, agrega.
El experto considera que el modelo soyero es “un gigante inepto para competir en el mercado global pero cada vez más hábil en asustar a un gobierno desorientado en economía agraria”. Si es así, la salvación no parece ir por ese camino, pero tampoco se ha avanzado en otras alternativas. Se apresta un invierno frío para la economía, la soberanía y el medio ambiente.
Esta semana, los productores, agobiados por las deudas y golpeados por los bajos precios que pagan sus compradores agroempresariales -precisamente los aliados del gobierno que se benefician de las subvenciones y políticas en favor de la expansión de su modelo-, han bloqueado y amenazado incluso con tomar los silos de almacenamiento.
Los bloqueadores exigen a las industrias oleaginosas y al Gobierno aplicar un “precio justo” de al menos 300 dólares por tonelada del grano. El precio internacional está actualmente llegando a los 347 dólares/tonelada, pero el precio que pagan los agroindustriales en el mercado interno es de hasta 235 dólares/tonelada.
Este precio es insuficiente para que los productores compensen sus crecientes costos de producción, que incluyen (entre otros) semillas transgénicas, pesticidas y fertilizantes químicos, vendidos como paquete en beneficio de las transnacionales que ostentan las patentes de propiedad intelectual a través de sus aliados locales.
Ante los bloqueos, el Gobierno se apuró en firmar un decreto para la libre exportación de la soya. El problema es que, según expertos como el director de la Fundación TIERRA, Gonzalo Colque, “esta concesión no mejorará los ingresos soyeros, pero será utilizada como un poder coercitivo más en manos de los agroempresarios para obtener más subvenciones estatales y libertades legales”.
Según este análisis, el gobierno “seguirá cediendo ante cualquier amenaza de desabastecimiento de soya para alimentos balanceados destinados a la crianza de cerdos y pollos. Importa más aferrarse al poder que la economía. No aguantaría una semana de agitación social si desaparece la carne de pollo del mercado”.
El gobierno ya es comprador a precio subvencionado de alcohol anhidro que vende a la población mezclado con gasolina, invertirá fondos públicos y comprará soya —también a precio subvencionado— para la producción de biodiesel y seguirá subvencionando el diésel importado que usa la maquinaria agrícola. Y los créditos blandos para los agroempresarios también son parte de las facilidades gubernamentales.
Según Colque, el gobierno también dará luz verde a la soya HB4 resistente a la sequía, “que en realidad es para la expansión de la frontera agrícola hacia el bosque seco Chiquitano, ante la presión de los inversores argentinos y brasileros. Un factor agravante es que esta semilla también es resistente a dos herbicidas muy usados”, agrega.
El experto considera que el modelo soyero es “un gigante inepto para competir en el mercado global pero cada vez más hábil en asustar a un gobierno desorientado en economía agraria”. Si es así, la salvación no parece ir por ese camino, pero tampoco se ha avanzado en otras alternativas. Se apresta un invierno frío para la economía, la soberanía y el medio ambiente.
