La Asamblea, en el centro de la política
Después de años de relajo, los plazos empiezan a apretar a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, el ente fundamental de la Autonomía y con seguridad, el que peor aceptación tiene de entre los que la conforman. Queda algo más de un año para su renovación, en la que muchos...
Después de años de relajo, los plazos empiezan a apretar a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, el ente fundamental de la Autonomía y con seguridad, el que peor aceptación tiene de entre los que la conforman. Queda algo más de un año para su renovación, en la que muchos pretenderán repetir, pero han pasado cuatro largos años y la hoja de servicios sigue siendo bastante escasa.
Esta segunda Legislatura Autónoma, ya con Estatuto vigente, prometía mucho más. Tocaba desarrollar las leyes orgánicas, pero sobre todo, comprobar si la Asamblea serviría como ente inspirador del desarrollo y pilar del sano debate.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de las leyes orgánicas aprobadas se han ventilado entre cuatro paredes, confiando en los asesores de unos y de otros y velando apenas por los intereses municipales en una construcción que los debería dar por separados. La construcción de la Ley Financial fue más o menos reservada; la de cooperación con los municipios se convirtió en la polémica Ley del 8% que solo se centra en repartir los recursos y no en fijar prioridades o necesidades y la de desarrollo productivo quedó en más de lo mismo y posteriormente eclipsada por la Ley de Alianzas Público – Privadas que todos dicen querer y nadie hace avanzar.
Pero si una Ley está costando más que ninguna y poniendo en evidencia las carencias de nuestros legisladores, es precisamente la Ley Electoral, una herramienta fundamental en democracia y que debe servir para apuntalarnos como departamento con un objetivo común y no para ahondar las diferencias entre municipios y regiones, cuyas consecuencias son las que se evidencian a diario cuando llega una amenaza externa y nos pilla dispersos y enfrentados.
El Movimiento Al Socialismo ya ha decidido su voto en uno de los asuntos delicados, el de apoyar la elección de los subgobernadores en la propia Ley, algo que no está contemplado en el Estatuto, puesto que fue expulsado por el Tribunal Constitucional, y que ha sido desaconsejado por el Tribunal Electoral y otros poderes del Estado. El MAS sin embargo prevé llevar hasta el final su desafío para tratar de sostener su poder territorial y pasar por encima, una vez más, del orden constitucional. Las consecuencias son en este caso impredecibles.
Lo cierto es que en caso de una Ley Electoral inconstitucional, difícilmente Gobernador o Presidente del legislativo se atrevan a firmarla, y eso dilatará los plazos dejando en manos de la providencia – y de la Asamblea Plurinacional - lo que pueda pasar en este caso para la convocatoria de elecciones subnacionales.
De los cuatro años de gestión, apenas se puede considerar productivo el periodo en el que Sara Armella se puso al frente, donde se destrabaron no solo algunas leyes pendientes sino también algunas soluciones a la crisis como el tema de créditos o el arranque de los fideicomisos. El resto de gestiones han sido particularmente intrascendentes.
De momento, y si nadie lo resuelve a través del sentido común enterrando esa extraña disposición que obliga a renunciar antes de repostular a todos menos al Presidente del Estado, justo el que más posibilidades tiene de hacer uso indebido de su cargo, de los asambleístas que vayan a quedar en el cargo se deberá elegir al Gobernador interino, que ocupará cinco meses el puesto. Casi nada.
Esta segunda Legislatura Autónoma, ya con Estatuto vigente, prometía mucho más. Tocaba desarrollar las leyes orgánicas, pero sobre todo, comprobar si la Asamblea serviría como ente inspirador del desarrollo y pilar del sano debate.
Lo cierto es que la inmensa mayoría de las leyes orgánicas aprobadas se han ventilado entre cuatro paredes, confiando en los asesores de unos y de otros y velando apenas por los intereses municipales en una construcción que los debería dar por separados. La construcción de la Ley Financial fue más o menos reservada; la de cooperación con los municipios se convirtió en la polémica Ley del 8% que solo se centra en repartir los recursos y no en fijar prioridades o necesidades y la de desarrollo productivo quedó en más de lo mismo y posteriormente eclipsada por la Ley de Alianzas Público – Privadas que todos dicen querer y nadie hace avanzar.
Pero si una Ley está costando más que ninguna y poniendo en evidencia las carencias de nuestros legisladores, es precisamente la Ley Electoral, una herramienta fundamental en democracia y que debe servir para apuntalarnos como departamento con un objetivo común y no para ahondar las diferencias entre municipios y regiones, cuyas consecuencias son las que se evidencian a diario cuando llega una amenaza externa y nos pilla dispersos y enfrentados.
El Movimiento Al Socialismo ya ha decidido su voto en uno de los asuntos delicados, el de apoyar la elección de los subgobernadores en la propia Ley, algo que no está contemplado en el Estatuto, puesto que fue expulsado por el Tribunal Constitucional, y que ha sido desaconsejado por el Tribunal Electoral y otros poderes del Estado. El MAS sin embargo prevé llevar hasta el final su desafío para tratar de sostener su poder territorial y pasar por encima, una vez más, del orden constitucional. Las consecuencias son en este caso impredecibles.
Lo cierto es que en caso de una Ley Electoral inconstitucional, difícilmente Gobernador o Presidente del legislativo se atrevan a firmarla, y eso dilatará los plazos dejando en manos de la providencia – y de la Asamblea Plurinacional - lo que pueda pasar en este caso para la convocatoria de elecciones subnacionales.
De los cuatro años de gestión, apenas se puede considerar productivo el periodo en el que Sara Armella se puso al frente, donde se destrabaron no solo algunas leyes pendientes sino también algunas soluciones a la crisis como el tema de créditos o el arranque de los fideicomisos. El resto de gestiones han sido particularmente intrascendentes.
De momento, y si nadie lo resuelve a través del sentido común enterrando esa extraña disposición que obliga a renunciar antes de repostular a todos menos al Presidente del Estado, justo el que más posibilidades tiene de hacer uso indebido de su cargo, de los asambleístas que vayan a quedar en el cargo se deberá elegir al Gobernador interino, que ocupará cinco meses el puesto. Casi nada.
