Un paso correcto pero muy tímido
El presidente Evo Morales anunció ayer que emitirá una normativa para que en la construcción de las nuevas carreteras se use sólo cemento producido en Bolivia, y que incluso se podría obligar a las alcaldías y gobernaciones a usar cemento boliviano en el marco de las “políticas de...
El presidente Evo Morales anunció ayer que emitirá una normativa para que en la construcción de las nuevas carreteras se use sólo cemento producido en Bolivia, y que incluso se podría obligar a las alcaldías y gobernaciones a usar cemento boliviano en el marco de las “políticas de consume lo nuestro”.
Si bien el anuncio es una buena noticia y constituye un paso en la dirección correcta para fortalecer al empresariado boliviano con un enfoque nacional, también es necesario y urgente, hacer notar que este pequeño paso palidece en comparación con la gigantesca tajada que se llevan las empresas extranjeras que se adjudican las grandes obras públicas ejecutadas en Bolivia.
Esta situación se debe a las propias normas de contratación estatal que rigen en Bolivia desde la década de 1990 o incluso antes. Dichas normas (como la Resolución Suprema 216145 de 1995, el Decreto Supremo 25964 de 2000, el DS 27328 de 2004, el DS 29190 de julio de 2007) establecen criterios de selección de proveedores de bienes y servicios que benefician al proveedor extranjero en detrimento del proveedor boliviano, sea éste micro, pequeño, mediano o gran empresa.
Gracias a esto, las empresas extranjeras se han beneficiado con miles de millones de dólares de dinero estatal a lo largo de este periodo. Como ejemplo, un botón: 4 mil millones sólo entre 2013 y 2015, según los datos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
Las grandes obras, como carreteras, puentes, represas, fábricas, etc., son de exclusiva adjudicación de empresas brasileras, chinas, italianas, españolas y demás.
Hace ya casi cuatro años, tanto la SIB como la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) propusieron una serie de medidas para “nacionalizar las compras estatales, movilizar el ahorro interno y acelerar la ejecución de obras públicas”, que duermen en los cajones de los ministerios y quizá del propio presidente Morales.
Una de las medidas propuestas es cambiar la actual exigencia a empresas bolivianas de demostrar la ejecución de obras o provisión de bienes y servicios por montos que sean igual o dos, o tres veces mayor al monto estimado de la obra licitada y, a la vez, exige que esta experiencia previa sea demostrada en cinco o diez años anteriores. Ninguna empresa nacional ha tenido oportunidad de ejecutar montos de tal magnitud y menos en esos periodos de tiempo.
Asimismo, la SIB y Caboco observan que se les exige la presentación de garantías bancarias o de seguros por montos que llegan al 27% o más del valor de la compra del bien o servicio, lo que les imposibilita competir con empresas extranjeras en obras de inversión importante. Un banco o aseguradora no puede emitir esos montos por las limitaciones patrimoniales vinculadas a las normativas ASFI para el sistema financiero. También se propuso que las empresas bolivianas participen de los proyectos de gran magnitud en un mínimo del 30%.
Si el interés del gobierno es efectivamente fortalecer lo nacional, tendrá que dar pasos mucho más audaces. Mientras los grandes montos sigan siendo extranjerizados, el obligar a comprar materia prima nacional es más un maquillaje que una solución.
Si bien el anuncio es una buena noticia y constituye un paso en la dirección correcta para fortalecer al empresariado boliviano con un enfoque nacional, también es necesario y urgente, hacer notar que este pequeño paso palidece en comparación con la gigantesca tajada que se llevan las empresas extranjeras que se adjudican las grandes obras públicas ejecutadas en Bolivia.
Esta situación se debe a las propias normas de contratación estatal que rigen en Bolivia desde la década de 1990 o incluso antes. Dichas normas (como la Resolución Suprema 216145 de 1995, el Decreto Supremo 25964 de 2000, el DS 27328 de 2004, el DS 29190 de julio de 2007) establecen criterios de selección de proveedores de bienes y servicios que benefician al proveedor extranjero en detrimento del proveedor boliviano, sea éste micro, pequeño, mediano o gran empresa.
Gracias a esto, las empresas extranjeras se han beneficiado con miles de millones de dólares de dinero estatal a lo largo de este periodo. Como ejemplo, un botón: 4 mil millones sólo entre 2013 y 2015, según los datos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB).
Las grandes obras, como carreteras, puentes, represas, fábricas, etc., son de exclusiva adjudicación de empresas brasileras, chinas, italianas, españolas y demás.
Hace ya casi cuatro años, tanto la SIB como la Cámara Boliviana de Construcción (Caboco) propusieron una serie de medidas para “nacionalizar las compras estatales, movilizar el ahorro interno y acelerar la ejecución de obras públicas”, que duermen en los cajones de los ministerios y quizá del propio presidente Morales.
Una de las medidas propuestas es cambiar la actual exigencia a empresas bolivianas de demostrar la ejecución de obras o provisión de bienes y servicios por montos que sean igual o dos, o tres veces mayor al monto estimado de la obra licitada y, a la vez, exige que esta experiencia previa sea demostrada en cinco o diez años anteriores. Ninguna empresa nacional ha tenido oportunidad de ejecutar montos de tal magnitud y menos en esos periodos de tiempo.
Asimismo, la SIB y Caboco observan que se les exige la presentación de garantías bancarias o de seguros por montos que llegan al 27% o más del valor de la compra del bien o servicio, lo que les imposibilita competir con empresas extranjeras en obras de inversión importante. Un banco o aseguradora no puede emitir esos montos por las limitaciones patrimoniales vinculadas a las normativas ASFI para el sistema financiero. También se propuso que las empresas bolivianas participen de los proyectos de gran magnitud en un mínimo del 30%.
Si el interés del gobierno es efectivamente fortalecer lo nacional, tendrá que dar pasos mucho más audaces. Mientras los grandes montos sigan siendo extranjerizados, el obligar a comprar materia prima nacional es más un maquillaje que una solución.
