45%: Matar al mensajero
La reunión entre la Asamblea Regional del Chaco y la Asamblea Departamental de Tarija se llevó adelante el viernes sin una previa socialización, y sin embargo, lo que parecía una excelente noticia, acabó convirtiéndose en pesadilla para sus protagonistas fruto de una conducta todavía...
La reunión entre la Asamblea Regional del Chaco y la Asamblea Departamental de Tarija se llevó adelante el viernes sin una previa socialización, y sin embargo, lo que parecía una excelente noticia, acabó convirtiéndose en pesadilla para sus protagonistas fruto de una conducta todavía inexplicable.
La inclusión del punto 1C en un primer acta firmada por el presidente de la Asamblea Regional, Mario Aldana, idéntica en el fondo al punto 1E de una segunda acta que circuló desde el día domingo, y que a decir del presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, fue solicitada por la propia delegación chaqueña, ha sido interpretada – por este medio y por muchos más – como una autorización implícita a avanzar en el tratamiento de la Ley de redistribución de regalías: “La Directiva planteará en el seno de la Asamblea Departamental un tratamiento especial para el tratamiento del contenido del proyecto de Ley que busque los mayores consensos posibles”.
En la segunda acta se incluye el alegato de la delegación chaqueña respecto al derecho histórico sobre el 45% y una serie de consultas e informes que se solicitarán, pero desemboca en el mismo punto: la Directiva Departamental propondrá el tratamiento en la Asamblea, aunque ya no se incluye el “mayor consenso posible” ya que en todo caso la bancada chaqueña más los pueblos indígenas son minoría.
Desde este medio hemos dejado constancia editorialmente en infinidad de ocasiones sobre los riesgos en la oportunidad del tratamiento de la Ley del 45% y hemos defendido con insistencia la Autonomía Regional del Chaco como modelo necesario de convivencia departamental, un modelo que había que convertir en exitoso.
Evidentemente también hemos advertido las fallas de diseño que contempla el modelo chaqueño del 15-15-15 que solo genera competencia entre municipios; también se ha alertado sobre los efectos del modelo de Ejecutivos Seccionales en la autonomía departamental, que solo cuartea el presupuesto en porciones ínfimas evitando cualquier desarrollo armónico y organizado con visión departamental articulado a lo nacional.
La Ley 3038 del año 2005 blinda un Pacto Fiscal Departamental que no nace precisamente con ella, sino que viene de mucho antes, y tampoco acaba con ella, sino que se extiende por multitud de documentos legales posteriores. Es un Pacto que no tiene origen en la producción del generoso Chaco, que envía el 89% por ciento de sus riquezas al país y recibe el 45% del 11% que retorna al departamento y del que todavía hay que descontar el costo del transporte por ductos (esos mismos que explotan generando luto y dolor), sino en su población y en su territorio, y también en las necesidades de una región históricamente olvidada por los Gobiernos nacionales de todos los colores.
Dicho esto, lo que los asambleístas dijeron y ahora dicen que dijeron, o firmaron o no firmaron resulta un aspecto menor y más les convendría empezar a trabajar en una respuesta política coherente que dé respuesta a las exigencias de la población que representan.
La convicción autonomista de este periódico comparte el hecho diferencial del Gran Chaco y defiende que los recursos se administran mejor desde la propia casa que desde casa del vecino; pero el Pacto Fiscal que necesita el departamento tiene que ver con prioridades de desarrollo y necesidades y no limitarse jamás a la coyuntura de quién administra al final los míseros 15%, 8% o 1%, que en ningún caso va a ser suficiente para enfrentar los problemas, peor si se administra sin complementariedad.
Resulta paradójico que en este final de ciclo del precio alto de los hidrocarburos, se encarnice una batalla que tiene en origen una financiación no sostenible y agotable y que no ha servido para cambiar estructuralmente la vida de los pueblos, sino para cambiar la vida de los que han gestionado.
La Autonomía - departamental y regional - tiene que funcionar más allá del gas, y también los municipios deben recibir recursos desde fuentes estables y no caprichosas y esto requiere consensos y acuerdos políticos de alto nivel y no chicanas ni malos entendidos. Parecería que después de una década no hemos aprendido nada de esto.
Dicho esto, lo que los asambleístas dijeron y ahora dicen que dijeron, o firmaron o no firmaron resulta un aspecto menor y más les convendría empezar a trabajar en una respuesta política coherente que dé respuesta a las exigencias de la población que representan.
La inclusión del punto 1C en un primer acta firmada por el presidente de la Asamblea Regional, Mario Aldana, idéntica en el fondo al punto 1E de una segunda acta que circuló desde el día domingo, y que a decir del presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, fue solicitada por la propia delegación chaqueña, ha sido interpretada – por este medio y por muchos más – como una autorización implícita a avanzar en el tratamiento de la Ley de redistribución de regalías: “La Directiva planteará en el seno de la Asamblea Departamental un tratamiento especial para el tratamiento del contenido del proyecto de Ley que busque los mayores consensos posibles”.
En la segunda acta se incluye el alegato de la delegación chaqueña respecto al derecho histórico sobre el 45% y una serie de consultas e informes que se solicitarán, pero desemboca en el mismo punto: la Directiva Departamental propondrá el tratamiento en la Asamblea, aunque ya no se incluye el “mayor consenso posible” ya que en todo caso la bancada chaqueña más los pueblos indígenas son minoría.
Desde este medio hemos dejado constancia editorialmente en infinidad de ocasiones sobre los riesgos en la oportunidad del tratamiento de la Ley del 45% y hemos defendido con insistencia la Autonomía Regional del Chaco como modelo necesario de convivencia departamental, un modelo que había que convertir en exitoso.
Evidentemente también hemos advertido las fallas de diseño que contempla el modelo chaqueño del 15-15-15 que solo genera competencia entre municipios; también se ha alertado sobre los efectos del modelo de Ejecutivos Seccionales en la autonomía departamental, que solo cuartea el presupuesto en porciones ínfimas evitando cualquier desarrollo armónico y organizado con visión departamental articulado a lo nacional.
La Ley 3038 del año 2005 blinda un Pacto Fiscal Departamental que no nace precisamente con ella, sino que viene de mucho antes, y tampoco acaba con ella, sino que se extiende por multitud de documentos legales posteriores. Es un Pacto que no tiene origen en la producción del generoso Chaco, que envía el 89% por ciento de sus riquezas al país y recibe el 45% del 11% que retorna al departamento y del que todavía hay que descontar el costo del transporte por ductos (esos mismos que explotan generando luto y dolor), sino en su población y en su territorio, y también en las necesidades de una región históricamente olvidada por los Gobiernos nacionales de todos los colores.
Dicho esto, lo que los asambleístas dijeron y ahora dicen que dijeron, o firmaron o no firmaron resulta un aspecto menor y más les convendría empezar a trabajar en una respuesta política coherente que dé respuesta a las exigencias de la población que representan.
La convicción autonomista de este periódico comparte el hecho diferencial del Gran Chaco y defiende que los recursos se administran mejor desde la propia casa que desde casa del vecino; pero el Pacto Fiscal que necesita el departamento tiene que ver con prioridades de desarrollo y necesidades y no limitarse jamás a la coyuntura de quién administra al final los míseros 15%, 8% o 1%, que en ningún caso va a ser suficiente para enfrentar los problemas, peor si se administra sin complementariedad.
Resulta paradójico que en este final de ciclo del precio alto de los hidrocarburos, se encarnice una batalla que tiene en origen una financiación no sostenible y agotable y que no ha servido para cambiar estructuralmente la vida de los pueblos, sino para cambiar la vida de los que han gestionado.
La Autonomía - departamental y regional - tiene que funcionar más allá del gas, y también los municipios deben recibir recursos desde fuentes estables y no caprichosas y esto requiere consensos y acuerdos políticos de alto nivel y no chicanas ni malos entendidos. Parecería que después de una década no hemos aprendido nada de esto.
Dicho esto, lo que los asambleístas dijeron y ahora dicen que dijeron, o firmaron o no firmaron resulta un aspecto menor y más les convendría empezar a trabajar en una respuesta política coherente que dé respuesta a las exigencias de la población que representan.
