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El diferimiento automático del pago de créditos a capital e intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, fue recibido como un “alivio” para los transportistas, gremiales, las micro y pequeñas empresas de Tarija, sectores que esperan la reglamentación de la Ley 720. Aunque para las entidades financieras la normativa pone en riesgo la liquidez del sistema y los empresarios privados piden al Gobierno inyectar recursos para reactivar la economía.


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