Inversionista francés denuncia que decisión del Senapi paraliza su proyecto vitivinícola y pone en duda la seguridad jurídica en Bolivia

El empresario francés Francois Corentin Thorez, radicado en Bolivia y dedicado desde hace más de tres décadas al desarrollo del sector vitivinícola, denunció que una resolución del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) dejó sin efecto el registro de la marca "Castel des Andes - Chateau del Inca", situación que —según afirmó— paralizó parte de su actividad comercial, generó importantes pérdidas económicas y pone en entredicho la seguridad jurídica para la inversión extranjera en el país.

El caso fue presentado públicamente junto a legisladores de la Brigada Parlamentaria de Tarija y el equipo jurídico del empresario, quienes sostienen que el Senapi incurrió en una actuación contradictoria al otorgar inicialmente el registro de la marca y posteriormente anularlo tras admitir una demanda de nulidad presentada por la empresa Chiriguana de Inversiones.

De acuerdo con la explicación de la defensa legal, Thorez inició el trámite de registro el 26 de agosto de 2024 y obtuvo la concesión oficial de la marca el 31 de marzo de 2025 para comercializar vinos bajo la denominación "Castel des Andes - Chateau del Inca".

Sin embargo, meses después fue notificado con una demanda de nulidad promovida por Chiriguana de Inversiones, empresa que alegó haber perdido la marca por no haber renovado oportunamente su registro.

Los abogados del empresario sostienen que, conforme a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, los derechos de esa empresa habían caducado en junio de 2021 al no renovar la marca dentro del plazo legal, por lo que consideran que carecía de legitimidad para solicitar su restitución.

Pese a ello, señalan que el Senapi emitió el 8 de junio de 2026 una resolución que anuló el registro concedido al empresario francés, decisión que califican como contraria a la normativa vigente y que ahora será impugnada por la vía administrativa y, de ser necesario, judicial.

Inversión paralizada

La defensa aseguró que la resolución obligó al empresario a detener el lanzamiento comercial de la marca y congelar toda la inversión realizada para posicionarla en el mercado.

Entre las afectaciones mencionadas figuran la producción de etiquetas, cajas, cápsulas, material promocional, campañas de marketing, redes sociales y toda la estrategia comercial diseñada para la nueva línea de vinos.

Aunque la producción vitivinícola continúa, Thorez explicó que no puede comercializar los productos bajo la marca registrada mientras el conflicto no sea resuelto.

"No voy a hablar de cifras, pero imagínese lo que significa lanzar una bodega con una marca y que de un momento a otro le digan que ya no puede utilizarla. Todo queda paralizado", manifestó.

El empresario aseguró que esta situación representa un fuerte golpe económico y afecta directamente la confianza que pueden tener otros inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en Bolivia.

"Si me ocurre esto a mí, mejor que ningún extranjero venga. Si no existe seguridad jurídica, nadie va a querer invertir", afirmó.

Fiscalización y acciones contra el Senapi

El presidente de la Brigada Parlamentaria anunció que el caso será remitido al Viceministerio de Transparencia para que investigue las actuaciones del Senapi y determine si existieron responsabilidades administrativas.

Asimismo, informó que la Brigada ejercerá sus atribuciones de fiscalización para establecer cómo una misma institución otorgó el registro de la marca y posteriormente decidió anularlo.

Las autoridades también advirtieron que, además de una eventual responsabilidad administrativa, podrían existir responsabilidades civiles por el daño económico ocasionado al inversionista.

"Cuando una decisión del Estado obliga a detener una inversión privada, no basta con reconocer un error. Hay un perjuicio económico que alguien debe asumir", señalaron.

Preocupación por la seguridad jurídica

Durante la conferencia, legisladores y abogados coincidieron en que el conflicto trasciende un litigio entre particulares y refleja un problema de seguridad jurídica que podría afectar la llegada de nuevas inversiones al país, especialmente en el sector vitivinícola.

Recordaron que Tarija impulsa actualmente proyectos para fortalecer el turismo del vino y atraer capital privado, por lo que consideran contradictorio que un inversionista extranjero vea paralizado su emprendimiento por decisiones administrativas cuestionadas.

La defensa legal anticipó que continuará con todos los recursos previstos por la normativa para revertir la resolución del Senapi y restituir el derecho sobre la marca "Castel des Andes - Chateau del Inca", mientras la Brigada Parlamentaria anunció que realizará seguimiento al caso hasta que se esclarezcan las actuaciones de la institución.