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Defensoría de la Niñez

56 casos de violencia familiar en un trimestre exponen la crisis en la convivencia

En el primer trimestre de 2026, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia atendió 56 casos de violencia familiar. Ante ello, activó protocolos de protección basados en la Ley 548, priorizando el interés superior del menor

Ecos de Tarija
  • Patricia Contreras Rubin de Celis
  • 13/04/2026 00:00
56 casos de violencia familiar en un trimestre exponen la crisis en la convivencia
Equipos técnicos evalúan denuncias de menores en situación de riesgo

Entre enero y marzo de 2026, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cercado atendió 56 casos de violencia familiar, una cifra que refleja una problemática persistente en el entorno doméstico y que, según autoridades, muchas veces tiene como protagonistas a los propios hijos denunciando a sus padres o cuidadores.

El director de la Familia y la Comunidad del gobierno Municipal de Cercado, Waldo Tarifa, explicó que estas denuncias no son aisladas ni recientes. Por el contrario, forman parte de un fenómeno creciente en el que niños, niñas y adolescentes identifican y reportan situaciones de agresión física, psicológica o negligencia dentro del hogar.

“Cuando un menor refiere haber sido víctima de violencia, la Defensoría actúa bajo el principio de credibilidad, establecido en la Ley 548, lo que nos obliga a tomar en serio su testimonio”, sostuvo la autoridad.

El procedimiento se activa de manera inmediata. Primero, el menor es escuchado en un entorno adecuado. Posteriormente, un profesional en psicología recoge su relato y elabora un informe técnico. De forma paralela, un trabajador social realiza un estudio del entorno familiar, evaluando las condiciones de convivencia, el rol de los cuidadores y posibles factores de riesgo.

Ambos informes son remitidos al área legal, que determina si el caso constituye una infracción administrativa o si corresponde iniciar una denuncia penal ante el Ministerio Público. En situaciones graves —como agresiones físicas severas, abandono o hechos que comprometan la integridad del menor—, la derivación es inmediata e incluye la realización de exámenes médico-forenses.

Tarifa advirtió que, si bien algunos padres consideran ciertos castigos como parte de la crianza, estos pueden convertirse en actos de violencia cuando afectan el desarrollo integral del menor. “No se trata de quitar autoridad a los padres, sino de garantizar que esa autoridad se ejerza sin violencia”, enfatizó.

“La prevención y el acompañamiento familiar son claves para reducir la violencia en los hogares.”

El informe estadístico del primer trimestre también evidencia la magnitud del problema: la violencia familiar es una de las principales causas de intervención institucional, superando incluso otros delitos y vulneraciones de derechos.

Además, desde el Programa de Fortalecimiento Familiar se atendieron 157 familias en el mismo periodo. De ellas, 25 presentaban situaciones de violencia intrafamiliar, mientras que otras registraban problemas de comunicación (40 casos) y conductas conflictivas en menores (43 casos), factores que muchas veces derivan en episodios de agresión.

Otro aspecto relevante es la forma en que llegan los casos a la Defensoría. Algunos son denunciados directamente por los menores, mientras que otros son derivados por unidades educativas, juzgados o instituciones públicas. Este trabajo articulado permite detectar situaciones que, de otro modo, permanecerían ocultas.

En cuanto a las medidas de protección, cuando un menor no puede permanecer en su hogar, se prioriza su resguardo en la familia ampliada, como abuelos o tíos. Solo en casos extremos se opta por otras alternativas.

Las autoridades coinciden en que la violencia familiar no solo responde a factores individuales, sino también a problemas estructurales como la falta de comunicación, conflictos de pareja, consumo de alcohol o dificultades económicas.

Frente a este panorama, la Defensoría refuerza acciones preventivas mediante talleres dirigidos a padres, estudiantes y docentes, con el objetivo de promover una convivencia pacífica y reducir los niveles de violencia en los hogares.

Sin embargo, el dato de 56 casos en apenas tres meses deja en evidencia que el desafío sigue siendo grande: transformar patrones de crianza arraigados y garantizar entornos seguros para la niñez.

 

Reportan situaciones de violencia y abandono infantil

Más allá de los casos de violencia familiar atendidos en el primer trimestre de 2026, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cercado enfrenta una realidad compleja que combina prevención, atención psicológica y situaciones de alto riesgo para menores.

Uno de los aspectos que llama la atención es que muchos casos no llegan por denuncia directa, sino que son detectados en unidades educativas. Profesores y personal administrativo cumplen un rol clave al identificar señales de alerta como cambios de conducta, descuido o signos de maltrato, lo que permite activar la intervención institucional.

A pesar de los talleres preventivos impulsados por la Defensoría, las situaciones extremas continúan. Entre los casos atendidos se reportó el abandono de menores durante varios días. En uno de ellos, una niña de 11 años quedó a cargo de sus hermanos menores de 3 y 5 años, sobreviviendo únicamente con alimentos básicos como pan y gaseosa.

También se han registrado hechos de violencia grave, como menores con quemaduras por agua caliente o que fueron dejados encerrados, situaciones que derivan en intervención inmediata y procesos penales.

Sin embargo, no todos los casos corresponden a violencia tipificada. Existen conflictos que, de no ser atendidos, pueden escalar. Problemas de conducta en adolescentes, dificultades en la comunicación familiar o tensiones en el hogar forman parte de estas situaciones.

Para ello, el municipio implementa el Programa de Fortalecimiento Familiar, que en los primeros tres meses de 2026 atendió a 157 familias. La mayoría de los casos están vinculados a fallas en la comunicación y dinámicas familiares deterioradas.

El enfoque es integral. Se trabaja no solo con el menor, sino con todo el entorno familiar, bajo la premisa de que los conflictos responden a un sistema y no a un individuo aislado.

Además, existe coordinación con juzgados, Ministerio Público y otras instituciones, especialmente en casos derivados por conflictos de guarda o regímenes de visita tras separaciones.

Desde la Defensoría también se insiste en la necesidad de fortalecer el apoyo psicológico en unidades educativas, ya que no todos los colegios cuentan con gabinetes especializados, pese a su importancia para la detección temprana de violencia, depresión o riesgo en menores.

Las autoridades coinciden en que la solución no solo pasa por sancionar, sino por transformar la forma en que se construyen las relaciones familiares, promoviendo una crianza basada en el respeto, los límites y la comunicación.

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