Alcalde del Valle se abstiene de declarar en investigación por presunto daño económico

El alcalde de El Valle de la Concepción, Javier Lazcano Quiroga, se abstuvo de prestar declaración este viernes ante la Fiscalía de Tarija, en el marco de un proceso penal por presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica vinculado a una obra pública que no fue ejecutada.

La denuncia, presentada a inicios de marzo de 2026 por los concejales Alfredo Cayhuara Jiménez, Lily Gareca Reyes de Vega y Elvis Oliver Torres Aguiar, hace referencia al proyecto “Construcción del Centro Turístico y Cultural La Angostura, Etapa 1”, adjudicado por un monto de Bs 8.093.105,51.

De acuerdo con los antecedentes, en 2018 la Alcaldía suscribió contrato con la empresa constructora Ibaza Ltda., representada por Julio Adolfo Alemán Lafuente, y desembolsó un anticipo de Bs 1.621.622, respaldado por una póliza a primer requerimiento emitida por la aseguradora Fortaleza.

Sin embargo, al asumir Lazcano el cargo el 3 de mayo de 2021, la obra no había iniciado su ejecución. Según la denuncia, esto se debía a que el derecho de vía no estaba liberado ni había sido gestionado ante la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entidad responsable de ese trámite.

Descarga la documentación de la denuncia aquí

Los denunciantes sostienen que durante su gestión el alcalde no realizó las gestiones necesarias para viabilizar el inicio del proyecto. En junio de 2023, informes de supervisión advirtieron sobre la imposibilidad de emitir la orden de proceder y recomendaron la recuperación del anticipo no ejecutado, criterio respaldado por informes técnicos y financieros posteriores.

Recién en marzo de 2024, la Alcaldía resolvió el contrato alegando fuerza mayor y caso fortuito, una facultad contemplada en la normativa de contrataciones públicas. No obstante, la empresa Ibaza rechazó los argumentos y se negó a devolver el anticipo.

Según la denuncia, la situación se agravó debido a que la garantía a primer requerimiento no fue renovada oportunamente, lo que impidió su ejecución. Como resultado, el anticipo quedó en poder del contratista, pese a que la obra no fue realizada, generando un presunto daño económico al Estado.

Este viernes por la mañana, Lazcano acudió a la citación fiscal, pero decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio y no prestar declaración.

El alcalde, además, es candidato a la reelección por el Frente Agropecuario Unido, en los comicios previstos para el 22 de marzo.

Fuentes del Ministerio Público informaron que las investigaciones se encuentran en una etapa inicial y que se indagará tanto la posible responsabilidad de funcionarios municipales en la caducidad de las garantías contractuales como la conducta de la empresa constructora por la retención de los recursos públicos.