Contraloría notifica a la ALDT por el caso “medios fantasmas”

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) fue notificada formalmente por la Contraloría General del Estado (CGE) en el marco de la investigación por presuntos contratos de publicidad a denominados “medios fantasmas”. El proceso será atendido por la juez sumariante del legislativo departamental, a fin de coadyuvar en la investigación y establecer posibles responsabilidades administrativas y económicas.

Las supuestas irregularidades se habrían cometido durante el segundo semestre de la gestión 2023, periodo en el que Alan Barca ejercía la presidencia de la ALDT. Sin embargo, la denuncia recién fue presentada en febrero de 2024 por el asambleísta Mauricio Lea Plaza ante el Ministerio Público, instancia que en una primera etapa rechazó el caso.

Ante esta negativa, en abril de 2024 Lea Plaza interpuso un Amparo Constitucional solicitando el acceso a la documentación vinculada a los procesos de contratación observados. El recurso obtuvo un fallo favorable, obligando a la presidencia de la ALDT a entregar la información requerida. A partir de esta documentación se detectaron presuntas irregularidades en al menos 57 procesos de contratación de publicidad, lo que derivó en la formalización de la denuncia ante la Contraloría General del Estado.

Además de Barca, en el informe preliminar se sindica presunta responsabilidad a otros exfuncionarios de la Asamblea, entre ellos, Ginna Marly Tejerina Herrera, Pedro Ramón Alemán Sossa, Isabel Paredes Galeán, Claudia Chale Pérez y Patricia Zenteno Gareca.

El actual presidente de la ALDT, Damián Castillo, señaló que toda persona que haya generado un daño económico a la institución deberá someterse al proceso de investigación correspondiente y, de confirmarse responsabilidades, proceder a la devolución de los recursos observados.

Castillo señaló que si se identifica daño económico, tiene que haber responsables y esos recursos deben ser devueltos, además no descartó que legisladores y exfuncionarios sean convocados por el Ministerio Público para prestar su declaración informativa.

El titular del Legislativo departamental remarcó que, si bien los implicados ya no cumplen funciones en la Asamblea, ello no los exime de enfrentar los procesos administrativos o legales que correspondan. “Todos los que fueron funcionarios en ese entonces ya no están trabajando aquí, pero eso no significa que no se les inicie el proceso. Sí o sí se les va a instaurar”, sostuvo.

Adelantó que, de confirmarse el daño económico, las responsabilidades podrían recaer tanto en el nivel administrativo —como la Oficialía Mayor o la Dirección de Comunicación— como también en los asambleístas que formaron parte de la directiva de ese periodo.

Observaciones de la Contraloría

Entre las principales observaciones realizadas por la Contraloría General del Estado se identifican: La ausencia total de un plan de medios, instrumento obligatorio para definir criterios de selección y distribución de los recursos destinados a publicidad institucional.

La falta de parámetros técnicos para determinar los montos económicos asignados a cada proveedor; la contratación de páginas y espacios digitales sin vigencia real, catalogados como medios inexistentes o inactivos; la suscripción de contratos sin documentación idónea que permita corroborar la naturaleza, funcionamiento y capacidad de los supuestos medios.

El otorgamiento de beneficios exclusivos a un medio televisivo del municipio de Yacuiba, sin respaldo ni justificación técnica; la identificación de posibles vínculos de parentesco entre servidores públicos involucrados en los procesos de contratación y algunos de los medios beneficiados; el incumplimiento del Decreto Supremo 181 y del Reglamento Específico de Contrataciones de la ALDT.