Reclaman que el municipio de Cercado incumple la norma que obliga a destinar 25% del presupuesto a las DNA

Durante un plantón simbólico, activistas recordaron que solo entre 2022 y 2023 se destinó menos del 1% del presupuesto municipal a las DNA, cuando por ley debería ser el 25%.

En el marco del Mes de la Mujer y del Día Internacional de la Niña, organizaciones, colectivos barriales y activistas de Tarija realizaron un plantón simbólico frente al Gobierno Municipal de Cercado para exigir que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) vuelvan a funcionar dentro de las Estaciones Policiales Integrales (EPI), donde se reciben numerosos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La directora del Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM), Pamela Villegas, explicó que actualmente la atención de estos casos se encuentra centralizada en la Defensoría de la Loma, lo que dificulta el acceso a la denuncia y atención oportuna para muchas familias.“La gente no sabe dónde ir a denunciar. Es caótico trasladarse hasta la Loma para poder ser atendido, y mientras tanto en las EPI solo se están recibiendo casos de asistencia familiar”, señaló.

Villegas remarcó que la situación es especialmente grave si se considera que la Fiscalía ha reportado 82 casos de agresiones sexuales en lo que va del año, solo en Cercado. “Necesitamos que las Defensorías estén dentro de las EPI, con todo su equipo multidisciplinario, para atender cualquier hecho de violencia sexual o familiar de manera inmediata”, añadió.

Según datos del ECAM, Tarija ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en casos de violencia contra mujeres, niñas y niños, con 2.325 denuncias registradas. Sin embargo, pese a esta realidad, las organizaciones denunciaron que no se está cumpliendo con la normativa nacional que establece que el 25% del presupuesto destinado a la niñez debe invertirse en las Defensorías.

“Lamentablemente no se está respetando el uso del 25% del presupuesto que por norma debe destinarse a las DNA. En las gestiones 2022 y 2023 apenas se ejecutó entre el 0,7 y 0,8%, y no se tienen datos actualizados sobre cuánto se invierte actualmente”, sostuvo Villegas.

Las activistas advirtieron que la falta de recursos y personal especializado impide una atención adecuada a las víctimas y favorece la impunidad en casos de violencia sexual y doméstica. “No queremos que estos hechos queden impunes. Las Defensorías deben volver a los barrios, donde realmente se las necesita”, enfatizó la representante de ECAM.