La medida estaba prevista para este 11 de febrero
Agónico acuerdo frena paro por vía Río Isiri – La Central
Las autoridades del Chaco rechazaban la movilización, porque aseguran que están en los plazos para presentar la documentación al FNDR para solicitar el crédito que financie el asfalto de Río Isiri-La Central
Las instituciones, comités cívicos de Yacuiba y Villa Montes, transporte unificado y federado de Tarija, suspendieron “in extremis” el paro de 24 horas convocado contra las autoridades regionales del Chaco para este martes 11 de febrero. El argumento giraba sobre el retraso en la firma del contrato y el inicio del proyecto de asfaltado del tramo Río Isiri-La Central, que fue adjudicado a la empresa Proyectos y Construcciones del Sur (Procosur) en diciembre del 2024, con un monto por encima de 85 millones de bolivianos y la ausencia de mantenimiento.
El ejecutivo de la Federación del Autotransporte “15 de Abril” de Tarija, Gabriel Pérez, confirmó que la medida de presión fue suspendida tras constatar que se han desplegado algunas unidades para el mantenimiento del tramo, en muy malas condiciones por la temporada de lluvias. En cualquier caso, mantuvo el apremio para que las autoridades del Gobierno Regional desembolsen el 25% de los recursos como anticipo para iniciar el proyecto de asfalto Río Isiri-La Central.
El dirigente del Transporte Unificado de Yacuiba, Edson Aratia, explicó que de acuerdo al cronograma de la obra, se tenía prevista la firma del contrato el 17 de enero de esta gestión 2025 para el desembolso del anticipo a la empresa encargada de ejecutar el proyecto, sin embargo, las autoridades del Gobierno Regional no habrían cumplido hasta la fecha, lo que mantiene en estado de emergencia, aunque en señal de buena voluntad se moderaba el paro.
Los efectos
Ante la amenaza de paro con toma de oficinas por parte del transporte, cívicos y otras instituciones, el secretario de Gestión Institucional del Gobierno Regional del Chaco, Miguel Salazar, explicó que se conformaron comisiones de trabajo este fin de semana con autoridades del Gobierno Regional de Villa Montes, para revisar la documentación que permita viabilizar la firma del proyecto.
Sin embargo, cuestionó a las autoridades del Gobierno Regional de Villa Montes, dirigido por Karen Sánchez, por presentar la documentación del proyecto el pasado 21 de enero con varias observaciones, mismas que se deben actualizar a las normas vigentes para proceder a la firma del contrato, previo a la presentación de esta documentación al Ministerio de Obras Públicas y al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para solicitar el crédito que financiará el proyecto de asfalto Río Isiri-La Central.
La autoridad regional cuestionó a los dirigentes del transporte y otras instituciones de Chaco y Tarija, por amenazar con movilizaciones y medidas de presión, sin conocer los plazos administrativos que deben cumplir las instituciones públicas para solicitar un crédito antes de la firma de un proyecto. En cualquier caso, celebró que se haya aplazado y se comprometió con el mantenimiento.
Cabe recordar que el camino comprende 30 kilómetros en total, pero sólo fueron adjudicados 18 kilómetro, por más de 85 millones de bolivianos, presupuesto que logró la ejecutiva del Gobierno Regional de Villa Montes mediante un fideicomiso del Gobierno Nacional, mientras gestionan otro presupuesto para construir y asfaltar los 12 kilómetros restantes en la vía Río Isiri-La Central.
El proyecto tiene al menos 4 procesos
El Gobierno Regional de Villa Montes, junto al Ministerio Público de Tarija, investigan cuatro procesos penales contra las empresas responsables de la construcción del proyecto carretero Isiri – La Central, en la Ruta 11, que une Villa Montes con la ciudad de Tarija, por presuntos hechos de corrupción y malversación de recursos en la ejecución.
Cabe recordar que la obra inició en el año 2015 y fue paralizada en la gestión 2018 por una serie de irregularidades de presunta corrupción en la ejecución del proyecto, que según las autoridades regionales de Villa Montes, generó un daño económico que supera los 30 millones de bolivianos. La obra se ejecutaba con recursos propios del Gobierno Regional de Villa Montes.
Las denuncias que realizaron las autoridades en el Ministerio Público contra los representantes de las empresas son por los delitos de: falsedad material y uso de instrumento falsificado (demanda 1); incumplimiento de contrato, conducta antieconómica y contratos lesivos al estado (demanda 2); estelionato (demanda 3) y conducta antieconómica, incumplimiento de contrato e incumplimiento de deberes (demanda 4).





