Lío de competencias: ¿Quién controla los precios en los mercados?

En más de una oportunidad han sido dirigentes campesinos y vecinales quienes han salido a reclamar a las autoridades por la falta de control al alza de precios en los mercados. Desde el Gobierno Municipal indican que la competencia es del nivel central, mientras que el Gobierno insiste en que es “obligación” de los municipios y por ello les pide hacer su trabajo.

Entre tanto, el sector gremial sigue subiendo los precios y argumenta que se basa en la ley “de oferta y demanda”.

En este escenario, las autoridades nacionales y municipales han entrado en una disputa sobre quién tiene la responsabilidad de controlar los precios en los mercados, generando un conflicto que afecta directamente a los consumidores.

Arce reclama a los municipios

El presidente Luis Arce Catacora fue enfático al señalar que el control de precios en los mercados es una obligación de las alcaldías, no del Gobierno central. Durante un acto realizado el jueves de la semana pasada, el mandatario explicó que esta atribución está establecida en la Constitución Política del Estado (CPE) y pidió a las autoridades locales que asumieran su responsabilidad.

“Todos nos apuntan con el dedo al Gobierno nacional para que hagamos todo, pero quiero recordarles a los alcaldes y alcaldesas que vigilar los precios no corresponde al Gobierno nacional, sino a las alcaldías”, sostuvo Arce.

El Presidente reconoció, que el desabastecimiento de algunos productos es un problema que requiere atención urgente. También atribuyó el incremento en los costos a la presión típica de fin de año, un fenómeno recurrente que eleva los precios en el mercado.

Falta claridad en las competencias

Los gobiernos municipales, a través de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), respondieron que no tienen competencias específicas para el control de precios, según lo establece el artículo 302 de la CPE y la Ley Marco de Autonomías.

Alfonso Lema, director ejecutivo de la AMB, explicó que las competencias municipales se limitan al control de la calidad, sanidad y salubridad de los productos alimenticios, pero no abarcan la regulación de precios.

Lema manifestó que los gobiernos municipales no solo de capitales y de El Alto que son parte de la AMB, sino de todo el país, tienen esa competencia y que algunos de estos han desarrollado normativas que permiten que a través de sus intendencias se pueda hacer el control en los mercados, precautelando la salud pública y salud de los usuarios y consumidores. Sin embargo, en cuanto a precios, no existe competencia en específico.

Indicó que el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor ha convocado y hubo algunas reuniones con los gobiernos municipales para establecer mecanismos de coordinación, pero que la competencia no es de los gobiernos municipales.

“En caso que alguien esté cobrando un precio por encima del costo que debería ser, ¿cuál sería la sanción? No hay nada de aquello desde el ámbito municipal”, expuso.

Ley de oferta y demanda

Si bien el argumento de los trabajadores gremiales es que ellos se rigen por la ley de oferta y demanda, también atribuyen el incremento de precios de los productos, a la escasez de dólares y la falta de carburantes. Enfatizan que son los usuarios finales quienes amortizan este encarecimiento.

Sobre este tema, ha sido el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, quien señaló que desde la devaluación de la UDP (Unidad Económica Popular) ha sido el Decreto Supremo 21060 el que logró cierta estabilidad económica del país, y que a partir de ello el comercio se rige con la ley de oferta y demanda, tal y como sucede en todo el mundo.

Romero hizo énfasis que actualmente el Gobierno solamente puede regular los productos subvencionados, como es el caso de los carburantes.

En complemento, Lema señala que actualmente es el Gobierno el único que puede regular algunos de los precios, estableciendo ciertos límites y sanciones, esto mediante decretos supremos y otras disposiciones legales.

Inflación en fin de año

Tomando en cuenta el encarecimiento de productos que hubo durante estas últimas semanas, se consultó a Lema si es que confían que los precios puedan volver a una relativa normalidad, argumentó que el tema es complejo y que para dar cierta estabilidad, se requieren políticas integrales en materia económica, que permitan reducir la especulación, el agio y la posibilidad de suba de precios.

¿Qué dice la CPE de Bolivia?

La Constitución Política del Estado en su artículo 302, sobre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, en su numeral 37, establece que los municipios son responsables de las políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal. Empero no establece son precisión qué deben realizar.

Establece que los gobiernos municipales tienen la capacidad de crear regulaciones sobre los precios de bienes y servicios en su jurisdicción, lo que incluye la supervisión de precios para evitar prácticas abusivas. En cuanto al control de agio y especulación, los municipios pueden implementar medidas para prevenir el agio y la especulación en los mercados locales, asegurando que los consumidores no sean explotados por precios injustos.