Advierten que redistribución de recursos se hace con ley obsoleta

Luego que el Gobierno Nacional solicitara a los gobiernos municipales ajustar su Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, se ha desatado un debate en Tarija sobre la legalidad de este proceso. El abogado constitucionalista y exasambleísta departamental, Abel Guzmán, advierte que el nivel central está incurriendo en una irregularidad al pretender que la redistribución de recursos se realice bajo los criterios de la abrogada Ley 1551 de Participación Popular de 1994, en lugar de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE).

Guzmán explica que, según la CPE, la distribución de los recursos de coparticipación tributaria debe regirse por tres criterios fundamentales: las necesidades de calidad de vida de la población, la carga de competencias asignadas a los distintos niveles de gobierno, y la capacidad de recaudación de estos gobiernos. Principios que buscan garantizar una distribución más equitativa de los recursos a nivel nacional.

Sin embargo, refiere que el Gobierno central se apoya en los criterios de la Ley 1551, que establecía una redistribución de recursos per cápita. Esta normativa, que estuvo vigente desde 1994, fue derogada tras la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que introdujo nuevos principios para la redistribución de recursos.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación para Guzmán es que los departamentos con mayor población, como Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, están exigiendo una mayor asignación de recursos. Estas regiones, calculando con el antiguo sistema de distribución per cápita, demandan una mayor parte de los recursos nacionales, lo que perjudicaría a regiones como Tarija, que tienen una menor cantidad de habitantes pero mayores necesidades en cuanto a desarrollo y reducción de desigualdades.

Guzmán señala que el Gobierno está ignorando los principios de progresividad y proporcionalidad que se establecen en el CPE y en la Ley Marco de Autonomías, los cuales buscan asignar recursos suficientes para eliminar la desigualdad social, incluyendo la de género, y erradicar la pobreza.

Asimismo, destaca que la Ley Marco de Autonomías fue aprobada para promover una distribución de recursos más justa y equitativa. De acuerdo con esta norma, cada departamento debe recibir recursos no solo en función de su población, sino también considerando las necesidades específicas de cada región y los desafíos que enfrentan en términos de desarrollo.

Guzmán hace un llamado a las autoridades municipales de Tarija a que exijan al Gobierno nacional que pueda ajustar la redistribución de recursos de acuerdo con lo que establece la CPE y no volver a criterios obsoletos, que ya no reflejan las realidades sociales y económicas de Bolivia.