Tarija: Piden frenar la redistribución de recursos hasta auditar el Censo

Los gobiernos municipales, desde el 30 de agosto, han sido notificados con la nueva fórmula de distribución de recursos de coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), en base a los datos de población que arrojó el Censo de Población y Vivienda. Desde Tarija han observado esta fórmula de redistribución y piden que se suspenda hasta que se realice una auditoría al proceso censal.

A nivel nacional han sido varias regiones que han solicitado no aplicar aún los datos del Censo, entre ellos, La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Tarija no se quedó al margen. El pasado jueves ha sido el alcalde, Johnny Torres, quien cuestionó los resultados del Censo, y consideró que no reflejan la realidad poblacional del departamento.

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Torres reiteró que los datos censales no coinciden con las proyecciones demográficas ni con los registros de nacimientos de la región, lo que ha despertado desconfianza en la aplicación de redistribución de los recursos.

Cabe recordar que las proyecciones situaban a Tarija entre los cuatro departamentos más poblados del país, con una población superior a los 600.000 habitantes. Pero los resultados del Censo 2024 reflejan que el departamento se ubica en el séptimo lugar de crecimiento con 534.348 habitantes.

Pacto Fiscal

Torres enfatizó que, debido a las discrepancias con los resultados, es necesario realizar una auditoría al Censo 2024. Además, propuso suspender temporalmente la aplicación de estos datos para evitar posibles distorsiones en las políticas económicas y de asignación de recursos.

En relación a la distribución de los impuestos, el Alcalde explicó que actualmente el 75% de los ingresos tributarios se concentran en el Gobierno Central, mientras que solo el 25% se distribuye entre las autonomías. De ese porcentaje, el 5% se destina a las universidades y el 20% a las alcaldías.

Torres reconoció que esperaba que el Censo trajera un aumento de recursos para las autonomías, pero, ante la falta de coincidencia entre los resultados y las expectativas, planteó la necesidad de revisar el modelo actual.

Recalcó que es necesario un nuevo Pacto Fiscal, que permita que el 50% de los recursos tributarios sean para el Gobierno Central y el otro 50% para las autonomías, pues una distribución más equitativa reflejaría mejor la generación de impuestos en cada región y permitiría una mejor gestión de los recursos a nivel local, sin afectar a otros municipios del país.

Más competencias menos recursos

El Alcalde de Tarija cuestionó la concentración excesiva de recursos en el Gobierno Central, que actualmente maneja el 91% de los ingresos nacionales. Argumentó que, además de acaparar la mayor parte de los fondos, el Gobierno "malgasta" esos recursos, mientras que las autonomías reciben cada vez más competencias y menos ingresos para enfrentarlas.

Torres detalló que, entre 2008 y 2023, la Alcaldía de Tarija ha sido obligada a cubrir gastos nacionales que deberían ser financiados por el Gobierno Central.

“Solo en este periodo, a la ciudad le han debitado 1.260 millones de bolivianos para financiar programas como el Sistema Único de Salud (SUS), el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), la Renta Dignidad y otros fondos destinados a áreas como la educación cívica (del cual desconocen el destino de recursos) o la exploración y explotación petrolera”, detalló.

Cabe recordar que similar observación tiene el gobernador, Oscar Montes Barzón, quien cuestionó que la Gobernación asuma competencias que son del Gobierno Nacional, como los ítems en salud, el funcionamiento de oficinas estatales descentralizadas, como la Oficina Técnica Nacional de los Ríos Pilcomayo y Bermejo (OTN-PB), o el pago de prediarios para el penal de Morros Blancos.

Montes recalcó que la Gobernación ya no puede sostener esos gastos, pues su economía no es la misma y tiende a empeorar, debido a la caída de producción de gas natural.

La misma postura ha sido expresada por el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, quien expresó su desconfianza con los datos del Censo y también planteó una revisión al proceso.

Paralelo a ello, ha sido el Comité Interinstitucional por el Censo el que ha advertido que de 11 municipios de Tarija ocho van a perder recursos de coparticipación, y que están en riesgo de llegar financieramente hasta fin de año, por lo que plantearon un fondo de compensación y el Pacto Fiscal.