Unidos ve anomalías en Ley del 12% y deslinda responsabilidad

En una conferencia de prensa, la bancada de Unidos salió a la palestra para deslindar responsabilidad por las consecuencias negativas que vaya a acarrear la Ley del 12%, recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija por el bloque mayoritario del MAS y los disidentes de Unidos. Adelantó que la norma dará un “duro” golpe financiero a la gestión del Gobierno Departamental, además que es inconstitucional y que ha vulnerado el debido proceso para ser aprobada.

Laura Corrales, asambleísta y vocera de la bancada oficialista, señaló que la modificación del 8 al 12%, de transferencia de regalías a ocho alcaldes, significará el 2024 un monto adicional de 19 millones de bolivianos, alcanzando la transferencia anual total a 55,6 millones de bolivianos, recursos con los que no cuenta el Gobierno Departamental.

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Corrales señaló que para cubrir estos recursos adicionales, la Gobernación está obligada a reducir los programas sociales y productivos que actualmente se ejecutan con serias restricciones y elimina la posibilidad de que se pueda ejecutar un programa o proyecto nuevo.

Asimismo, desde la bancada de Unidos aseguran que esta es una ley inconstitucional. Argumentan que, según el Estatuto Autonómico Departamental, las regalías constituyen un derecho y son un patrimonio departamental histórico e irrenunciable, y que la transferencia institucional directa entre entidades territoriales autónomas es inconstitucional.

“La ley está vulnerando la autonomía fiscal y financiera del Gobierno Departamental, ya que se está enajenando de forma permanente su patrimonio. Resulta inaudito que 17 asambleístas departamentales que han jurado defender el Estatuto hayan votado por una ley que le quita recursos al Gobierno Departamental y se los entrega a los alcaldes”, apuntó Corrales.

Otro de los aspectos que volvieron a observar, es que la ley fue aprobada irregularmente, vulnerando el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento de la Asamblea, por lo que no se cumplió con el debido proceso. Enfatizaron que la ley fue recodificada vulnerando la norma, además que no cuenta con el pronunciamiento obligatorio del Órgano Ejecutivo al incluirse una obligación financiera adicional, lo que además vulnera la Ley Departamental 454.

Corrales mencionó que la ley aprobada ha modificado de forma arbitraria el contenido del proyecto de ley que fue acordado entre el Gobernador y los alcaldes suscrito en diciembre de 2021, que ratificó el 8% de transferencia para los gobiernos municipales, exceptuando a los del Chaco.

En esa misma línea, apuntaron a los disidentes de Unidos y a la bancada del MAS, de pretender boicotear la gestión del Gobernador, asumiendo decisiones “temerarias e irresponsables”.