Lema: Tarija pagó Bs 804 MM en competencias del Gobierno

Mediante leyes nacionales, el nivel central del Estado ha obligado al departamento de Tarija, durante estos últimos 12 años, a pagar 803.922.639 bolivianos en programas sociales, que, a criterio del asambleísta departamental, Luis Lema, son competencia del Gobierno nacional, ya que administra el 88% del Presupuesto General del Estado (PGE) y destina el 12% a universidades, municipios y gobernaciones.

Lema, en su nuevo análisis, puso como ejemplo que solo para la Renta Dignidad, en los últimos 12 años, a Tarija se ha debitado 537 millones de bolivianos, lo que anualmente supone un gasto de 48 millones de bolivianos.

El legislador departamental detalló que la Gobernación mediante leyes nacionales ha estado obligada a transferir recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías para el Fondo de Fomento para la Educación Cívico Patriótica (3,4 millones de bolivianos); Universidad (89,7 millones); Bono de vacunación y escalafón al mérito (72,6 millones); Régimen Penitenciario (31 millones).

Asimismo, se transfiere para la OTN-PB (30 millones); Título de bachiller (5,3 millones); Servicios civiles (2,4 millones); Servicio Departamental de Riego (5,7 millones); Casa de la Cultura (10 millones); Observatorio Santa Ana (4 millones); Museo Paleontológico (4 millones); Centro de Rehabilitación y Capacitación para Ciegos (7 millones de bolivianos).

Lema manifestó que estos montos podían haber sido cubiertos en época de bonanza, pero que actualmente ya no hay recursos económicos en el departamento y la crisis agobia a las instituciones públicas.

“Estamos no solo con el problema de realizar competencias que no son nuestras, sino que han descendido los ingresos por la renta de las regalías, de recibir 279 millones de dólares en 2014 a 73,8 millones de dólares en 2022. La producción de gas también ha reducido, de 40,8 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 17 MMmcd en 2023, el descenso es más del 58%”, puntualizó.

Ante esa situación, la autoridad planteó al nivel central del Estado modificar estas leyes, para que sea el Gobierno nacional el que asuma la responsabilidad. Argumentó que actualmente el PGE es de 243.950 millones de bolivianos, de los cuales solamente el 12%, equivalente a 29.904 millones de bolivianos, se destina a las universidades, municipios y gobernaciones; el 25%, equivalente a 59.952 millones de bolivianos, va para YPFB.

“Entonces, el Gobierno central tiene que entender y tiene que ayudar a las regiones, y esto puede hacerse antes del Pacto Fiscal, por eso pedimos que estas leyes sean modificadas”, enfatizó.

Sobre este tema, El País intentó contactar a algunos parlamentarios del MAS para conocer su opinión al respecto, sin embargo, las autoridades argumentaron no conocer el análisis del asambleísta Lema y que más adelante darían alguna entrevista.