El caso Dunatos en Cochabamba alerta a los inversores tarijeños

Desde hace unas semanas el caso Dunatos Mall tiene contra las cuerdas a varios grupos empresariales en Cochabamba mientras se van desvelando los vínculos de estos grupos con los poderes políticos y públicos, especialmente con la Magistratura. El caso es complejo, pero esencialmente se resume en que una empresa ha promovido una edificación de unos 120.000 metros cuadrados y 30 pisos de altura sobre un terreno de 8.000 metros cuadrados que, según denuncia, tiene una hipoteca y por ende, se podría estar incurriendo en una estafa agravada a los clientes que están comprando en preventa.

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En Tarija se han registrado varios casos de estafas similares, bien porque el terreno donde se promovieron diferentes iniciativas no estaba saneado, bien porque se vincularon a obras públicas que nunca se ejecutaron, o bien porque directamente se convirtieron en estafas inmobiliarias de primer orden donde los promotores desaparecen.

En 2021, por ejemplo, un grupo de personas presentó una querella penal en contra del propietario del condominio Da Vinci por presuntamente haberlos estafado con la venta de inmuebles por las que habrían pagado sumas que superan los $us 120 mil, pero que luego se enteraron que estos bienes se encontraban con gravámenes, hipotecas o a punto de ser rematados.

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Más recientemente, unas 80 personas denunciaron haber sido víctimas de estafa agravada en la ciudad de Tarija de parte de tres personas que pusieron a la venta lotes en Monte Sud que no eran de su propiedad, según informó el abogado Franz Carlos Gutiérrez, quien además precisó que se trataba de gente humilde de Tarija, pero sobre todo de Sucre, Potosí y La Paz que habían visto una buena oportunidad para invertir en un lugar más tranquilo donde disfrutar de su vejez.

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Unos días después, el abogado Franz Gareca informó de la aparición de nuevas víctimas procedentes de Argentina, La Paz y Sucre en dos proyectos de urbanización, uno conocido como Villa Hermosa y otro como Bella Vista, donde se estiman que hay unas 150 víctimas que suman más de un millón y medio de dólares.

También ha habido casos vinculados a operaciones especulativas. En periodo electoral, por ejemplo, se comercializaron lotes en Monte Sud asegurando que allí se construiría un nuevo Mercado Campesino. También ha habido revalorizaciones en la zona de Artesanal y Pampa Galana ante la promesa de traslado del botadero municipal, mientras que es conocido como se expandió la ciudad con el anuncio de construir la Circunvalación Externa, conocida como Avenida Ecológica, que pretendía unir El Portillo y El Rancho en el año 2012. Una década después el gobierno ha vuelto a anunciar la misma obra y se teme que de nuevo aparezcan loteadores y urbanizaciones fantasmas que aprovechen el momento.

El silencio del Sirci

En todas las denuncias ha existido un mismo patrón: El Viceministerio de Defensa del Consumidor ni su unidad específica destinada a atender este tipo de casos habían actuado con anterioridad e incluso después de saltar el escándalo se limitaron a ofrecerse a los denunciantes para canalizar el proceso y poco más.

El 1 de junio de 2022 el presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgaba el Decreto Supremo (DS) 4732, que regula los contratos de venta de inmuebles a futuro. Seis meses después de la puesta en vigencia de esta norma, en Tarija apenas se habían registrado 21 empresas inmobiliarias, de las que solo 9 recibieron su certificación del Sistema Informático de Certificación de Registro de Modelos de Contratos Inmobiliarios (SIRCI). El sistema no está mucho mejor ahora.

Diferentes organizaciones de víctimas de estafa que se han establecido en Tarija para tratar de hacer justicia señalan que más allá de las formalidades y de las sentencias, en muy pocos casos se logra recuperar el dinero invertido, algo que ha puesto en alerta a otros inversores.

El pequeño ahorrista es el más vulnerable

Por lo general, las personas que se convierten en inversores inmobiliarios comprando en preventa para lograr conseguir mejores precios en un futuro inmueble son familias trabajadores y pequeños ahorristas que destinan la mayor parte de sus ganancias a conseguir una vivienda propia. La falta de regulación y supervisión en un mercado basado en la confianza supone el mayor riesgo para estas familias que pueden acabar en la ruina. La inestabilidad financiera ha llevado a que muchos opten por invertir en bienes raíces, por lo que los riesgos son mayores.