La doble vía en Yacuiba confronta al Gobierno Regional y legisladores

El proyecto de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso sigue dando de qué hablar. Tras haberse advertido por parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que los trabajos podrían paralizarse en abril debido a la falta de recursos de contraparte, desde la Asamblea Regional del Gran Chaco (ARGCH) exigen explicaciones al ejecutivo del Gobierno Regional del Chaco, sobre el destino de 74 millones de bolivianos de un fideicomiso aprobado en 2022.

A inicios del mes de febrero, eran autoridades del Gobierno Regional del Chaco las que advertían que no están garantizados los recursos de contraparte para la doble vía, argumentando que no es competencia de esta instancia de gobierno, ya que la obra se encuentra dentro de la mancha urbana, dejando entrever que sería una competencia del Gobierno Municipal de Yacuiba. O en todo caso la ABC debería hacerse cargo en su totalidad al ser parte de una ruta internacional.

Cabe recordar que el proyecto de 3,4 kilómetros de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso Fase I, ha iniciado en agosto de la gestión 2019, a más de tres años, apenas registra un avance físico de 23,6% hasta el corte realizado el pasado 10 de febrero. El costo total del proyecto supera los 122 millones de bolivianos. A la fecha, la ejecución financiera es del 36%, tiene una inversión concurrente del 51,85% por el Gobierno Regional y el 48,15% lo pone el Gobierno a través de la ABC.

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El Gobierno Regional

El pasado jueves, el secretario del Gobierno Regional del Chaco, Miguel Salazar, volvió a ratificar que esa institución no tiene competencia para invertir recursos de contraparte para el proyecto de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso, ya que este se encuentra dentro de la mancha urbana, que ha sido ampliada en la gestión 2018.

“La anterior autoridad ejecutiva (José Quecaña) tenía pleno conocimiento sobre la ampliación de la mancha urbana que llegaba hasta Pajoso y no era competencia del Gobierno Regional, pero se ha seguido adelante con un convenio que ha sido rechazado y observado por la Asamblea Regional en su momento”, explicó.

El costo total del proyecto supera los 122 millones de bolivianos. A la fecha, la ejecución financiera es del 36%

Asimismo, Salazar atribuyó responsabilidad a la anterior administración de la ARGCH, ya que estos presentaron una serie de observaciones al convenio que fue remitido por parte del exejecutivo, José Quecaña, y no fue avalado por esta instancia.

“Es así que este convenio no ha sido ratificado por las anteriores autoridades de nuestra Asamblea Regional. Ahora, llama la atención que exautoridades, como la asambleísta María René Barrios, indiquen que nunca ha sido remitido el convenio a la Asamblea Regional, cuando fue remitido dos veces y fue devuelto dos veces con observaciones, por eso este convenio no ha sido homologado por la Asamblea Regional y no ha nacido a la vida jurídica conforme manda el ordenamiento jurídico”, apuntó.

Salazar mencionó que en diciembre de 2022 se llevó adelante una reunión entre el Gobierno Regional y la ABC, donde se ha expuesto la situación legal de este proyecto. Aseguró que las instancias dependientes del Gobierno Nacional abandonaron las mesas de diálogo por instrucción de sus autoridades superiores, ya que debían hacer un análisis del caso.

Por otro lado, Salazar recordó que en junio del 2022 llevaron adelante una cumbre en donde estaba presente el exviceministro de Transporte, Israel Ticona, quien ha recogido la demanda social de las organizaciones sociales, en donde se pedía que el Gobierno Nacional se haga cargo del 100% de la doble vía. Pedido que incluso ha sido respaldado por un voto resolutivo del sector transporte.

Por ahora, la obra avanza con recursos de la ABC 

ARGCH pide explicaciones

Respecto a esta situación, la asambleísta regional, María Yaneth Paredes, expresó que existe preocupación por el anuncio de paralización del proyecto de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso. En ese contexto, dijo que desde la gestión pasada exigen documentación al ejecutivo, José Ábrego, para conocer cuál es el estado de esta iniciativa, incluso en esta gestión han solicitado información, que a la fecha no ha tenido respuesta.

María Paredes: “Los secretarios, al menos los que hablan, tienen poco conocimiento, (…) hablan porque el aire es gratis y se puede hablar”

Paredes recordó que en la gestión 2022, a solicitud de Ábrego, en la Asamblea Regional han aprobado un fideicomiso de 74 millones de bolivianos para que estos recursos sean destinados como contraparte del Gobierno Regional para este proyecto.

Paredes enfatizó que con el fideicomiso aprobado, ya el año pasado debería haberse remitido este convenio a la Asamblea Regional para su homologación, ya que sin este convenio, no pueden destinar estos recursos.

Consultada sobre qué pasó con los recursos de este fideicomiso, Paredes afirmó que van a realizar una petición de informe escrita al Ejecutivo para que pueda explicar si es que tienen o no este dinero.

 

Ábrego: El convenio del 2020 no tiene validez

El ejecutivo del Gobierno Regional del Chaco, José Ábrego, admitió que existe un convenio realizado en 2020 que no está ratificado por la Asamblea Regional, esto debido a que el documento ha sido suscrito por el exejecutivo José Quecaña durante el gobierno de Jeanine Añez, que, a su parecer, no tiene validez. Sin embargo, otra de las observaciones, es que el proyecto inició su ejecución en 2019.

“A nosotros no nos parece que debemos proceder de manera inmediata y decir si garantizamos los recursos o no, hay un fideicomiso aprobado, pero no hay un convenio ratificado por la Asamblea”, mencionó.

Cuestionado de por qué ahora no se remite este convenio a la Asamblea Regional, Ábrego argumentó que este documento ya fue observado en dos ocasiones por la anterior administración fiscalizadora.