De la detención de Pumari al escándalo de los 800 ítems

Hay algo incompatible entre pedir una reunión nacional con todos los actores y arremeter inmediatamente contra el movimiento cívico potosino con un despliegue policial sin precedentes en los últimos años. Pero incompatible no es imposible, como muestra la sucesión de los hechos.

Quien pidió una reunión amplia con empresarios y políticos “de la derecha” fue Evo Morales en su prolífico programa radiofónico de los domingos por la mañana en Radio Kawsachun Coca, donde entre ocurrencia y ocurrencia va tirando líneas que comprometen al Gobierno de su aliado Luis Arce.

Hace unas semanas lo hizo pidiendo ánforas para tratar el tema federal, propuesta que compró inmediatamente el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, porque es lo que viene pidiendo a modo de poder evidenciar las dificultades de encaje de Santa Cruz en Bolivia.

El anterior domingo lo volvió a hacer pidiendo una reunión/cumbre o lo que sea, que reúna a empresarios y partidos para dialogar sobre el futuro.

El guante lo recogió alguien en el Gobierno de Luis Arce – no se puede decir muy bien quién – que convocó una especie de conferencia de gobernadores a mitad camino entre la mesa del pacto fiscal y la del diálogo por los alcances de algunas leyes, como la del Plan de Desarrollo.

Gestos son gestos, y sentarse hablar, unido al impulso de la vacunación infantil – demandada por ciertos sectores de las clases urbanas – y sobre todo, unido al escándalo explotado en Santa Cruz por los 800 ítems fantasmas del Gobierno Municipal, que ha salpicado de sospechas y corrupción a buena parte del entramado social de esa ciudad, le habían dado cierto aire luego de una serie de decisiones polémicas y arriesgadas, además de los fracasos que han supuesto la retirada de todo el plan de lucha contra las ganancias ilícitas.

Los estrategas creen que al Gobierno de Arce le iría mejor centrándose en la pura gestión, porque la bancada de Comunidad Ciudadana ya se tambalea, y en Santa Cruz, Camacho y los suyos acabarán devorados por las urgencias de determinados sectores, sin embargo, alguien con poder parece empeñado en mantener vigente la pelea “golpe versus fraude”.

El jueves por la noche ya se trasladaron hasta Potosí contingentes policiales desde Sucre, Tarija y otros puntos. El objetivo era intervenir la sede del Comité Cívico Potosinista y en particular, aprehender a Marco Antonio Pumari, quien era el presidente cívico en las protestas de 2019, que venían de antes, y que después se sumó a la candidatura presidencial de Camacho con varios episodios oscuros. A Pumari le fue tan mal en las elecciones que nadie lo consideraba ya un activo, pero la intervención policial lo ha vuelto a revalorizar al mismo tiempo que desnuda las debilidades del Gobierno en el proceso por el supuesto golpe de Estado, por el que guarda detención la beneficiaria, Jeanine Áñez, mientras que los principales artífices del supuesto hecho, Camacho y Mesa, siguen libres.

El conflicto tiene un perfil político que por ser lejos del eje central no acaba de tener el eco pertinente, particularmente en La Paz. Comunidad Ciudadana vuelve a quedar descentrada en la discusión mientras que Camacho trata de apuntalar el asunto a la causa federal para darle sentido a largo plazo.

Alcaldes en la mira

El otro gran asunto ha sido el de los “ítems fantasmas”, que empezó como una revelación de una esposa despechada y ha acabado convertido en un Juego de Tronos, con aliados e intereses de lo más variopintos. No se trata de unas cuantas pegas que tuvieran que pagar cierto porcentaje a sus superiores inmediatos, que es algo lamentablemente común en la administración pública, sino de una red que generaba contratos falsos a nombre de personas físicas que cobraban una pequeña cantidad, mientras que el grueso iba a parar a un gran fondo en el que se repartían los cuartos.

En el centro de la polémica está Percy Fernández y su mano derecha, Angélica Sosa, que en la parte central de la gestión fueron aliados del Movimiento Al Socialismo, pero que después de 2019 y para la campaña subnacional de este año acabaron aliados a Luis Fernando Camacho.

El tráfico de ítems es más común de lo que parece en la mayoría de las alcaldías, y resulta común que, por ejemplo, se libere a cívicos o presidentes de juntas vecinales, e incluso se creen redes políticas por todo el país con emisarios a cargo del erario municipal. La Contraloría está alerta desde que estalló el escándalo y no se descarta que se puedan revisar contrataciones de los últimos años a nivel nacional.