El sector espera la derogación de dos leyes y una ordenanza
Campesinos abiertos al diálogo para nueva ley de uso de suelos
Para el sector campesino, la Ley Nº 100/2016, de Regulación del Movimiento de Tierras, Ley 252/2021, Marco de Áreas Protegidas y la Ordenanza 031/2010 afectan a las familias campesinas
La dirigencia de la Central Sindical Única de Comunidades Campesinas de Cercado, tras conocer el informe técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Jurídica, espera que el Concejo Municipal de Tarija derogue dos leyes y una ordenanza, referidas al movimiento de tierras y áreas protegidas, hasta la próxima semana y en el marco del diálogo trabajar una nueva normativa en consenso con el sector.
Para sector campesino de Cercado, la Ley Nº 100/2016, del 26 de abril, de Regulación del Movimiento de Tierras, Ley 252/2021 del 14 de enero, Marco de Áreas Protegidas y la Ordenanza 031/2010 afectan las actividades de las familias campesinas, como la ampliación de la frontera agrícola, no se respetan los usos y costumbres, además no fueron consensuadas en su momento.
David Yuca Quispe, secretario de la Central de Campesinos de Cercado, indicó que si bien hubo reuniones con los concejales y existe el compromiso verbal tanto del alcalde y concejales para derogar las leyes observadas, el sector no busca que se deje sin normar el tema del uso de suelos y áreas protegidas, por lo que están dispuestos a dialogar y conformar mesas de trabajo si es necesario para concretar una nueva ley sobre el tema.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo, le dicho ayer (jueves), podemos hacer mesas de trabajo y comisiones en todas las subcentrales, que son 10 en la provincia, para consensuar y trabajar en una ley acorde a nuestra realidad. Pero parece que no tiene la voluntad (…). Nuestra intención no es irse a rencillas personales, solo que se atienda al sector campesino”.
El dirigente argumentó que con la solicitud para dejar sin efecto la Ley de Uso de Movimiento de Tierra y Áreas Protegidas, no implica que estén a favor de los loteamientos o asentamientos, sino que se regule respetando los usos y costumbres de las familias campesinas.
“Estamos en contra de los loteamientos, pero pedimos que trabajen en una ley que vaya proteger el área urbana sin afectar el área rural, donde se tiene usos y costumbres”, sostuvo. Tras señalar que hay mecanismos que puede aplicar el Concejo Municipal para normar y atender esa solicitud.
Sobre el tema, Cesar Mentasti, presidente del Concejo Municipal de Cercado, indicó que se prepara una propuesta de ley alternativa que se presentará el próximo martes a objeto de buscar una alternativa a la demanda del sector campesino, ya que las leyes que piden dejar sin efecto fueron aprobadas en gestiones pasadas.
La autoridad sostuvo que antes de derogar una normativa se debe analizar a detalle los alcances y fines, tomando en cuenta que no se puede dejar sin regular temas que son fundamentales para el desarrollo del municipio, tanto urbano como rural.
Resolución
Por otro lado, el ejecutivo de la Central Campesina de Cercado, indicó que existe un plazo para que el Concejo emita la resolución de abrogación de las dos leyes y la ordenanza, fecha que fenece el jueves 26 de agosto.
“Nos han pedido hasta el jueves 26 para derogar las leyes y ordenanzas, el jueves nosotros vamos a volver al Concejo, los ejecutivos y algunos compañeros de base de cada comunidad, para recoger la resolución, pero de no darse una respuesta favorable vamos a llamar a un ampliado de emergencia para el próximo lunes, ahí determinaremos qué medida tomar”.
Yuca no descartó entrar en movilizaciones si el ente deliberante pone trabas, pues es mandato de las bases que se emitió en un ampliado de la provincia.
Cercado con zonas “rojas” por loteamientos
Según datos de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) emitidos en noviembre de 2020, en la provincia Cercado se identificaron al menos diez zonas del área rural consideras “rojas” por loteamientos con movimientos de tierra. Entre ellas el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica de Sama, San Andrés, El Portillo, Lazareto, San Jacinto, Guerrahuayco y Tolomosa, donde los vecinos denunciaron el avance de nuevas urbanizaciones, que en algunos casos no cumplen con la aprobación del Municipio ni los requisitos para esa función social.