Las conversaciones bilaterales han arrancado
Tarija no pagará este año Bs 47 millones al FNDR
La deuda calculada se eleva a 3.198 millones de bolivianos, aunque solo 845 son préstamos del sistema. De ellos, 531 corresponden al fondo público y el Ministro ha autorizado el no pago de obligaciones este año



Después de varios cruces de información y mucha reserva en el lenguaje, el gobernador de Tarija, Oscar Montes y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aclararon que en el acuerdo alcanzado el viernes en una reunión de alto nivel celebrada en la Gobernación de Tarija se contempla el no pagar este año los 47 millones de bolivianos que correspondería como capital e interés de devolución por los fideicomisos dispuestos por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El monto es importante dentro de la deuda efectiva contraída con diferentes instituciones crediticias y que se eleva a 845 millones de bolivianos. De ellas, el mayor prestatario es precisamente el FNDR a quien se le adeudan 531 millones de bolivianos que han sido entregados para pagar contrapartes de proyectos con el Gobierno Nacional y otros proyectos de las diferentes alcaldías y subgobernaciones del departamento.
Casi todos los financiamientos obtenidos tienen plazos entre 10 y 15 años, aunque con diferencias en los tipos de interés. Mientras, los fideicomisos del FNDR rondan el 2 por ciento, la banca privada llegó a colocar créditos hasta por el 6 por ciento de interés. Se estima que los pagos mensuales podrían rondar entre 6 y 10 millones de bolivianos en este 2021, lo que podía hacer inviable la gestión ya que los desembolsos desde el nivel central no están siendo mucho mayores.
El acuerdo
La concesión del no pago de esa cantidad fue la conclusión de la reunión del viernes entre el Ministerio de Economía y el Gobierno Departamental, que encabezaron tanto Marcelo Montenegro como Oscar Montes y donde, a tenor de las aclaraciones, se llegó a ese ofrecimiento que es importante para el Gobierno Departamental. Eso sí, el miércoles el Gobernador Oscar Montes cifró en 3.198 millones de bolivianos la deuda estimada en la Gobernación, de los que 845 sí corresponden a deuda pública efectiva.
“Es necesario aclarar que hay una imprecisión en el titular y respectiva noticia, porque lo que declaré a la prensa tarijeña es que la Gobernación tiene un alivio por parte del FNDR este año, más o menos, de 47 millones de bolivianos, de manera tal que ese es un oxígeno financiero que cuenta la Gobernación, por lo menos, en esta gestión para poder moverse y esos recursos puedan ser utilizados en tareas fundamentalmente de inversión”, señala Montenegro en referencia a la nota publicada en El País en la que hicimos referencia a que el monto ofrecido es menos del 2 por ciento del total calculado por Montes.
Se espera que en las próximas semanas continúen las conversaciones entre la Gobernación de Tarija y el Gobierno Nacional, y que se concrete una reunión con el presidente Luis Arce para oficializar un plan de viabilidad.
Una hoja de ruta para el alivio financiero
El gobernador Oscar Montes defendió su cálculo sobre la deuda flotante vigente en la Gobernación de Tarija y que corresponde a años de gestión dispendiosa, “aunque nosotros no estamos buscando culpables, sino soluciones” señaló a este medio al tiempo de comprometer mayores precisiones sobre los proyectos concretos para las próximas semanas.
Para reducir la carga financiera y teniendo en cuenta que los ingresos del gas siguen en retroceso, la Gobernación está realizando un trabajo de ajuste en diferentes áreas, lo que ya ha generado tensiones, por ejemplo, en el Servicio Departamental de Caminos (Sedeca).
En campaña el Gobernador señaló que Tarija debe dejar de asumir algunas competencias que son propias del Gobierno Nacional, algo que actualmente hace referencia sobre todo a los ítems de salud, aunque hay otros puntos, como las de construcción y mantenimiento de carreteras, que deben ser ajustadas.
Uno de los grandes desafíos es convencer al Gobierno Nacional para que conceda la posibilidad de convertir en deuda de largo plazo los créditos y fideicomisos que actualmente tiene vigente la Gobernación y que tienen plazos entre 10 y 15 años.
Otro de los grandes desafíos será la participación en el debate del Pacto Fiscal, un debate que en plena crisis económica no parece apetecer demasiado en las altas esferas.