Beneficiarios de viviendas sociales de Cercado pagan más
Cercado, el único municipio que no destina recursos a vivienda social
Cercado es el único municipio del resto del país donde no se destina una contraparte para la construcción de viviendas sociales. Los beneficiarios deben cubrir los gastos que le corresponde al Gobierno Municipal
Desde la gestión 2012 al 2020, más de 7 mil familias se han beneficiado con la construcción de viviendas sociales en los once municipios del departamento de Tarija. Todas estas unidades habitacionales fueron edificadas gracias a una inversión concurrente realizada entre el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV), los gobiernos municipales y por otra parte los beneficiarios, a excepción de Cercado, donde la Alcaldía no destina recursos para estas viviendas.
El director departamental de la AEV en Tarija, Aníbal Martínez Llanos, explicó a El País que para la ejecución de las unidades habitacionales el beneficiario se encarga de pagar el material local, como ser arena, ripio y la mano de obra. Mientras que el ladrillo, cerámico, cemento para piso, puertas, ventanas, juegos de baño, material eléctrico y plomería, entre otros, son cubiertos por la AEV y el Municipio.
Sin embargo, esta situación no ocurre en el municipio de Cercado, pues la AEV, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, no ha podido concretar una intención de concurrencia de parte del Gobierno Municipal. Es decir que los beneficiarios de la vivienda social de la región asumen su contraparte y además la contraparte que le corresponde a la Alcaldía.
El monto o porcentaje de concurrencia es asignado de acuerdo a los indicadores de pobreza por municipio, por ejemplo, la Alcaldía de Yunchará -que de acuerdo al INE tiene un mayor índice de pobreza- pone alrededor del 4% del costo total de la vivienda, en Padcaya el municipio destina alrededor del 10%, mientras que en Cercado el Gobierno Municipal debería poner el 19%.
Para la presente gestión la AEV ha firmado las intenciones de concurrencias con 11 municipios de Tarija. “Con el gobierno municipal de Cercado desde que se crea la Agencia Estatal de Vivienda a la fecha nunca se ha podido firmar una intención de concurrencia; en otras palabras, nunca ha puesto un peso”, refirió Aníbal Martínez
Antes del cambio de autoridades, la Alcaldía habría hecho llegar una nota a la AEV, junto a un informe técnico de la Secretaría de Finanzas, que explica “que no contemplaron en el Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de Tarija (PTDI) la construcción de viviendas sociales, por lo tanto, no es viable firmar la intención de concurrencia”.
Costo de una vivienda social
Hablando en temas económicos, una solución habitacional gestionada por la AEV llega a costar un poco más de 120.000 bolivianos, aproximadamente. De este monto, son alrededor de 22.800 los que debiera poner el Municipio de Cercado, pero el monto al final es cubierto por el beneficiario, junto al costo del material local y la mano de obra que ronda alrededor de 25 mil bolivianos. El resto (72.000) le toca al Gobierno Nacional.
Esta situación fue corroborada por una beneficiaria de una vivienda social ubicada en el sector de Tolomosa. La entrevistada, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que gastó “unos 40 mil bolivianos” para pagar albañil, comprar áridos, cemento de cerámico y fierro. Un monto superior a lo que pagan los acreedores de la vivienda social en otros municipios.
“Ha sido difícil conseguir, pero hice un esfuerzo. En mi opinión las viviendas muy bonitas, estoy agradecida con la Agencia de Vivienda, la única observación y creo que un 90% ha tenido problemas, es con las puertas”, mencionó al ser consultada por El País.
Este medio intentó comunicarse con las nuevas autoridades del Municipio para conocer su contraparte al respecto, pero no se obtuvo respuesta.
Más de 3 mil jóvenes se beneficiaron en Tarija
En el departamento de Tarija fueron más de siete mil las personas que se beneficiaron de una vivienda social, de éstas más de 3.500 son jóvenes, jefes de hogar, de entre 16 a 28 años, según el reporte de la Agencia de Vivienda a la que accedió El País.
Así también, se registra que 2 mil madres y padres solteros y un total de 1.300 personas de la tercera edad obtuvieron una unidad habitacional de la Agencia Estatal de Vivienda.