Concepción, bacanal y declive de las subgobernaciones en Tarija

El gobernador Oscar Montes ha acabado de nombrar subgobernadores al mismo tiempo que sigue presentando una situación financiera sombría de la Gobernación de Tarija en su conjunto. Una situación que no es nueva y que ya se venía advirtiendo desde 2015, cuando la caída de precios y volúmenes de venta, además de la caída de la producción de gas en Tarija, puso en jaque la principal fuente de ingresos, que son las regalías hidrocarburíferas, pero que sirve ahora para contextualizar un nuevo punto de partida.

El Gobernador ha pedido calma para cumplir las promesas de campaña: “tenemos cinco años”, y ha advertido recortes tanto de personal como de otros aspectos de la gestión, aunque ha eludido dar porcentajes y cifras concretas para ello, si ha hablado de “50 supernumerarios en Setar” y en otras instituciones.

El ajuste institucional

El martes se acabó de nombrar a los ocho subgobernadores – este año por disposición estatutaria no se nombran subgobernadores en el Chaco, ya que fueron electos directamente por voto popular de acuerdo al Estatuto Regional -, pero Montes puso sobre la mesa la necesaria reforma de esas figuras, que ya en su momento cuestionó como alcalde.

Finalmente, con el texto estatutario convalidado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la figura de los subgobernadores ha dejado de ser electa, como si lo fue en 2010 y 2015, y por ello, ha sido el Gobernador quien ha nombrado a sus delegados en cada uno de los municipios del departamento, algunos candidatos de Unidos que no lograron su objetivo en las ánforas.

Es el caso de Franz Gutiérrez, que concursó a alcalde de Bermejo y ahora es subgobernador o de Carolina Arellano – única mujer – que hizo campaña para entrar a la Asamblea y ahora será Subgobernadora de Cercado.

Además, se nombró a Daniel Fernando Osorio, como subgobernador del municipio de El Puente; Nativo Víctor Villa de Yunchará; Ramiro René Rojas de San Lorenzo; Grover Torrejón Martínez, Subgobernador de Entre Ríos; Edilberto Panique de Uriondo y Eloy Moreno de Padcaya.

Al haber sido modificada la condición de electa, los subgobernadores en el Estatuto se presentan al artículo 60: El Órgano Ejecutivo Departamental está compuesto por el Gobernador o Gobernadora del Departamento en condición de Máxima Autoridad Ejecutiva, un Vicegobernador o una Vicegobernadora, Subgobernadores o Subgobernadoras, Secretarios o Secretarias Departamentales y otras que pudieran establecerse en la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departamental y se acaban de matizar en el capítulo V, reducido a dos artículos:

85.- Las subgobernadoras o subgobernadores son autoridades sin cualidad gubernativa que forman parte del Órgano Ejecutivo Departamental, con dependencia del Gobernador o Gobernadora.

86.- Funciones y Responsabilidades. Las funciones y responsabilidades de las subgobernadoras o los subgobernadores serán determinadas en la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo Departamental y otras normas

Es decir, sus funciones vuelven a estar totalmente reguladas por el ejecutivo departamental, a quien le tendrá que rendir informes y quien le podrá cesar en el caso de ser pertinente.

En su momento, Montes cuestionó la figura de subgobernador al considerar que no aportaba novedades respecto a los alcaldes, con los que efectivamente se entró en una suerte de choque de competencias. Entre otras opciones, planteó el haber creado subgobernadores por regiones geográficas – valle, zona alta, etc., -, o mínimamente provinciales.

¿Cuánto gastan las subgobernaciones?

En la época de Lino Condori, tras un inicio titubeante de la gestión, se optó por canalizar las licitaciones a través de las subgobernaciones, de forma y manera que le permitieron mayor agilidad en la ejecución de gasto, que en aquellos años (2011 – 2014) batía record año tras año.

Los subgobernadores aprovecharon entonces para presentar numerosos proyectos en diferentes materias, pero fundamentalmente caminos, electrificación rural y otras infraestructuras comunales. En esto, como en otros aspectos de la gestión, primó la discrecionalidad y la gestión política y nunca hubo un criterio de qué proyectos se gestionaban con más celeridad y cuáles con menos.

En la gestión de Adrián Oliva la discrecionalidad no cesó, aunque en este caso no tenía que ver con la aprobación de licitaciones sino con la priorización de pagos de planillas por avances de obra, ya que la crisis había entrado y no había opciones de seguir licitando.

Un caso emblemático de lo que sucedió en estos años de gestión electa tiene que ver con los 600 millones de bolivianos en contratos de varias obras que el subgobernador de O´Connor, Walter Ferrufino, firmó apenas dos días antes de renunciar en 2014 para volver a presentarse al mismo cargo. La Gobernación de Adrián Oliva vio daño al Estado en ese proceder, pero la demanda nunca avanzó – pero si los compromisos de pago -.

Desde el cambio de cualidad en 2010, los subgobernadores se fueron acomodando a la nueva realidad de ingentes recursos disponibles. Las peticiones de presupuesto se fueron canalizando a través del Órgano Ejecutivo más que del Legislativo, que también, y pronto se empezó a consolidar el propio 15% de recursos para el gasto corriente, lo que se tradujo en gabinetes completos y consolidados, choferes, vagonetas, sedes administrativas, etc., en total se calculaban unos 6 millones de dólares al año en estos conceptos que no siempre han sido juzgadas como necesarios.

En contraparte, los subgobernadores alegaban la necesidad de servir convenientemente al pueblo desde el territorio, siguiendo los principios autonómicos, aunque el dato que más refuerza la utilidad es el que evidencia que Tarija es el departamento que más población ha logrado fijar en las provincias, evitando la acentuada migración campo – ciudad que se vive en otros departamentos.

En datos

En 2018, que es el último año de moderada tranquilidad en el país antes de la volatilidad política de los años electorales, el 57% de la inversión y una buena parte del gasto corriente se realizó en las provincias. Así lo recogió el informe de ese año del entonces gobernador Adrián Oliva, y que también detalló el cuadro general del presupuesto efectivamente ejecutado.

En total, 547 millones de bolivianos se fueron a la inversión pública; 198 a la ejecución de programas (Sedes, Sedeges, mantenimientos, etc.); 216 a la Transferencia de Capital (al Estado por la Renta Dignidad, al Prosol, a los proyectos concurrentes municipales o a la Asamblea); 59 a la previsión financiera; 26 al servicio de deuda y 403 a los gastos de funcionamiento de la entidad central y las ocho subgobernaciones dependientes del presupuesto de la Gobernación de Tarija.

Del capítulo de inversión pública que ascendió a 547 millones de bolivianos, las subgobernaciones gestionaron 313 millones de bolivianos. De ese monto, 97 millones fueron para la subgobernación de O´Connor, 68 para la de Uriondo, 32 para Bermejo, 31 para Padcaya, 26 para El Puente, 24 para Cercado, 25 para San Lorenzo y 8 para Yunchará.

La caída de los ingresos es recurrente desde hace años. De los 3.981 millones de renta petrolera que llegaron en 2014 se pasó a 2.800 en 2015, 1.500 en 2016, 1.137 en 2017 y 915 en 2018, un declinamiento que se ha seguido registrando en los últimos años con las reformas en los contratos de venta de gas a Brasil y Argentina, aunque los precios se han recuperado ligeramente.