Ley de rebaja de alquileres dejó desconfianza y pocos beneficios en Tarija

La Ley Excepcional de Arrendamientos Nº 1342, que establecía un descuento del 50% en los cánones de alquileres durante la cuarentena, como medida para mitigar el impacto económico de la pandemia, en el caso de Tarija, más que beneficios dejó desconfianza y susceptibilidad en los arrendatarios. Mientras que los inquilinos consideran que los alcances de la norma fueron mínimos, pues no hubo control para su cumplimiento.

Aunque algunos inquilinos recurrieron a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Cercado y la Defensoría del Pueblo para hacer prevalecer el descuento del 50%, en la mayoría de los casos sólo se lograron plazos para pagar la renta y luego desocupar los ambientes. Por otro lado, a algunos arrendatarios les quedó el recelo de volver a alquilar, pues argumentando que la Ley les favorecía, sus inquilinos se fueron sin pagar “un centavo”, incluso rompieron vidrios, dejaron cerraduras de las puertas en mal estado, las paredes pintarrajeadas, sin focos, entre otros daños materiales, situaciones que dejaron un clima de desconfianza.

Edwin Arana, secretario de la Fejuve, señala que la Ley no tuvo la eficacia que se esperaba, en algunos casos sólo se logró un tiempo para que el inquilino desaloje y en otros un plan de pagos.

Da cuenta que la organización vecinal recibió más de ocho denuncias, de los cuales tres o cuatro puntuales en los que llegaron a colaborar en coordinación con la Defensoría del Pueblo, así que logró aplicar un plan de pagos y no así una rebaja en el porcentaje de alquiler, “fue un acuerdo a medias”.

“Hubo algunos casos delicados, incluso los dueños de casa no les dejaban sacar sus cosas en forma de garantía, pero por la intervención de la Defensoría y Fejuve hemos logrado dar solución a casos puntuales, pero no al 100%, sino buscar algo salomónico”, comenta.

Arana identifica que el problema con la Ley Excepcional de Arrendamientos fue que la gente no sabía dónde denunciar, si bien un juez conciliador era la instancia avalada, el solo hecho de hacer un trámite y cumplir los procedimientos, sumado a la pandemia con la crisis económica, limitó a los beneficiarios.

Si bien a favor del propietario la norma reconoce una condonación del impuesto mensual del Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) y establece beneficios impositivos otorgados por los gobiernos autónomos municipales, para los propietarios que reduzcan como mínimo el 50% del canon de alquiler, en Tarija la Dirección de Ingresos del Municipio no registró solicitudes al respecto.

Arrendatarios sin opciones

Aunque la Ley Excepcional de Arrendamientos entró en vigencia el 29 de octubre de 2020 y establece que se aplicará, excepcionalmente, desde la Declaración de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena, dispuesta por el Decreto N°4196 del 17 de marzo de 2020, hasta tres meses después de culminada la cuarentena, hubo inquilinos que no desocuparon los ambientes ni pagaron hasta el 20 de marzo de 2021.

Jacqueline narró al El País la experiencia que afrontó con su inquilina, quien vivía en su casa de tres dormitorios, dos baños, patio amplio, garaje cocina, depósito y ubicada en una zona central, hace casi cuatro años con un contrato firmado entre partes, en el que se acordó una renta de 2.500 bolivianos al mes, incluido el servicio de agua, gas y Tv cable, pero tras la pandemia y con la ley de rebaja del 50%, la situación fue “un tormento”.

“Por la crisis de pandemia, dijo que ella no podía pagar (…), al ser persona de la tercera edad recibía renta dignidad y su jubilación, por tanto, no se beneficiaba de la Ley. Primero nos dijo que negociemos el precio, ahí acordamos que pague 2.000. Eso fue en marzo, llegó abril, mayo y junio, luego el Gobierno anunció la Ley y la señora vino a decirnos con ánimo feo de la Ley y a exigir que sí o sí se le dé el 50% de descuento. Por más que se le explicó, ella dijo que no iba a pagar el alquiler”.

Jacqueline buscó un acuerdo de incluso bajarle a 1.600 el mes, pero ante la exigencia de beneficiarse con el 50%, le indicaron que desocupe y le dieron tiempo.

“Llegó septiembre, ya no nos pagaba, debía más de tres meses, llegó diciembre, enero, fuimos hablar con ella y que se ponga al día, que pague los 1.600 que quedamos, pero se negó y solo quería pagar 1.000 bolivianos. Luego de varios meses el 28 de febrero tenía que irse, pero no se iba, no sabíamos qué hacer. Recién se fue el 17 al 20 de marzo y sin pagar nada”.

Cuestiona que toda la protección se va al inquilino cuando debería ser para ambas partes, ante esa experiencia señala que no volverá a alquilar más su casa.

Esther M. que alquilaba dos habitaciones en el barrio Avaroa, refirió que sus inquilinos le dejaron la casa destrozada y tampoco le pagaron “ni un centavo”, se fueron a medianoche sin entregar ni las llaves.

Tarija, 22% de población alquila o está en anticrético

Datos del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2012, da cuenta que en Tarija el 22 por ciento de la población vive en alquiler o anticrético, porcentaje con tendencia a incrementar.

Para Edwin Arana, dirigente vecinal de Cercado, señala que el crecimiento vegetativo de la población, estudiantes universitarios y la migración generaron una elevada demanda de alquileres y anticréticos.

Aunque los precios de los alquileres se mantienen, propietarios de inmobiliarias señalaron que son “pocos” los que recurren a esos lugares para recabar datos, pues con la dinámica de las redes sociales, tanto arrendatarios como las personas que buscan alquilar, recurren a ese medio.