Fiscalía de Beni investiga alquiler “perpetuo” de tierras indígenas a una secta

El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, anunció la apertura de una investigación por el delito de tráfico de tierras y organización criminal, en contra de las personas implicadas en los contratos por arrendamiento perpetuo de territorios bolivianos en favor del Estado ficticio de Kailasa, mediante un supuesto convenio bilateral entre los pueblos originarios de Beni y Pando y esa nación.

“Se ha dado el inicio correspondiente a las investigaciones por el delito de tráfico de tierras y otros ilícitos más, en contra de las personas que elaboraron los contratos bilaterales (en favor de la ficticia nación Kailasa). Se van a hacer los actos investigativos a objeto de establecer la identidad de los autores e iniciar procesos en contra de las personas que así corresponda”, anunció Balderas.

Agregó que ya existe una denuncia ante el Ministerio Público presentada, en primera instancia, por la Unidad del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y, posteriormente, por la diputada de Creemos María René Álvarez.

La fiscalía indicó que este caso investigará los posibles delitos de tráfico de tierras y organización criminal, que afectó a comunidades indígenas del oriente del país, mediante acuerdos con dirigentes de los pueblos baure y cayubaba en Beni, y con los esse ejja, en el Territorio Indígena Multiétnico 2 (TIM 2) de Pando.

El pasado lunes, la Dirección General de Migración (Digemig) de Bolivia confirmó la expulsión de 12 mujeres, 10 de origen chino y 2 de origen indio, miembros de la secta Kailasa, y se prevé identificar a otros miembros de ese grupo en el país.

“En la denuncia formal presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la diputada de Creemos, se presentó documentos de convenios bilaterales entre Bolivia es el Estado ficticio pero, para la aprobación de un convenio bilateral, se necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y este documento ha obviado estos aspectos”, explicó Balderas.

Los actuados investigativos que llevará a cabo personal de la Fiscalía de Beni se enmarcan en los artículos 394 y 396 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establecen que “los extranjeros no pueden adquirir tierras del Estado bajo ningún título”; en tanto, “el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva. Esto incluye a las comunidades campesinas, interculturales originarias y al territorio indígena originario campesino”, por lo que ampara la soberanía de los pobladores de la amazonia boliviana.

Además, según la Ley 1715, los territorios indígenas y propiedades comunitarias son intransferibles. De acuerdo con el Decreto Supremo 29215 no se reconocen contratos de arrendamiento y tierras comunitarias. Y la Ley 477 establece que el tráfico de tierras es un delito sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años.