“Me caigo a pedazos”: El dolor de una madre tras el feminicidio de su hija en Tarija

En Tarija como en el resto del país es fácil morir otra vez esperando justicia y más aún, buscando sentencias por feminicidio. A nueves meses de que el cuerpo de Carla Méndez, una adolescente de 14 años, fuera encontrado en una carretera, su madre relata que aún no puede dormir pensando en lo sucedido. “Me derrumbo, me caigo a pedazos”, es la forma en la que resume ahora su vida.

El 24 de noviembre, el colectivo “Ni Una Menos” de Tarija realizó un homenaje a madres, hermanas y familiares que luchan por justicia para mujeres que fueron asesinadas por la violencia machista. Testimonios desgarradores, amenazas, revictimizaciones y abandono constituyen el común denominador de estas historias.

Graciela Rivera es madre de Carla Méndez, entre lágrimas, asegura que no puede explicar lo que se siente perder a una hija de esa forma, su tranquilidad se fue un 21 de febrero de 2020 con su muerte.

“Solo pido justicia”, pues de tres implicados en el feminicidio solo Limber Erlan Valencia tiene sentencia de 30 años, los otros sujetos son menores de edad y están amparados en el Código Niño, Niña, Adolescente. En base a ello buscan salir sin culpabilidad alguna.

Revictimización

En otro caso, dos niños fueron testigos presenciales del feminicidio de Daniela Tapia de 29 años. La tarijeña fue llevada a la muerte lentamente y en agonía por su esposo Mauricio Morales, quien aún es prófugo de la justicia. Este proceso se lleva adelante en la ciudad de La Paz desde el año 2017, pero hasta hoy no hay sentencia.

En Tarija, solo 16 de 47 feminicidas fueron sentenciados

Daianna, hermana de la víctima, cuenta como su hijo de ocho años en aquel tiempo tuvo que ir a la Cámara Gessel en dos oportunidades, la primera como un requerimiento de la Fiscalía y la segunda porque la parte demandada señalaba que todo lo que había declarado el niño era falso.

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Aún recuerda cómo su pequeño le pedía que lo llevara a un doctor y éste le sacara todo lo que tenía en la cabeza. El niño tuvo que ser asistido por un terapeuta pagado por la familia, pues de las autoridades nunca recibieron apoyo.

Su sobrino no tuvo mejor suerte, tras la muerte de su madre su custodia fue entregada al presunto autor del feminicidio durante cuatro meses, posterior a ello tuvo que permanecer durante 10 días en un albergue, pese a tener familia materna que podía hacerse cargo.

Daianna peleó por lo único que le quedaba de su hermana, su sobrino. A las diez de la noche de un viernes lo recogió del albergue, desde allí él se convirtió en su hijo y junto a los dos niños dormía por las noches abrazada, por miedo, por pena.

Después de tres años y cuando sentía que su lucha contra el “monstruo de la Fiscalía” podía acabar, una nueva notificación en marzo de 2020 llamaba a su hijo a declarar nuevamente.

“Todo el tratamiento psicológico, la mejoría de mi hijo me lo tiraron al tacho, tuve que sacarlo del colegio, volvieron las amenazas del prófugo, más nunca hubo respuesta de la Fiscalía”, explica.

El caso del feminicidio de Daniela fue auditado por el Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en 2019, determinando las graves irregularidades mencionadas.

Abandono

En Oruro, Elina Guerrero Velásquez de 18 años vivía ajena a su hogar. Su familia, amigos, tradiciones y recuerdos se quedaron en Paicho, una comunidad tarijeña.

La joven junto a su pequeña hija se fue a vivir con su asesino, David Atahuachi.

Fue aislada y obligada a cortar todo tipo de comunicación con sus familiares y amigos, hasta que un 16 de mayo del 2019 fue apuñalada hasta la muerte por su pareja. 

Andalicia Guerrero, su hermana, cuenta cómo la misma familia y la sociedad pueden ser indiferentes a los hechos. En medio de la pobreza en la que vivían cuando eran pequeños, no teniendo incluso para comer, relata que sus vecinos les cerraban las puertas, los despreciaban, más el día del velorio de Elina todos estuvieron allí.

Ella ahora vive en Argentina y aún siente impotencia por haber estado lejos de su hermana, “Si no te hablan mucho tiempo, y no sabes nada, es porque algo está pasando”, asegura, pues ese fue el escenario previo antes de la muerte de Elina.

En Tarija, solo 16 de 47 feminicidas fueron sentenciados, estos hechos violentos dieron inicio al peregrinaje de familias que fueron olvidadas en el proceso de pedir justicia.

Alba Van der Valk, miembro de Ni Una Menos Tarija, le pide a las autoridades y sociedad demostrar compromiso con las familias afectadas, "no es un mal individual, sino de la sociedad, es un vacío que nos debe doler a todos”, afirma.

GESTIÓN

Ley para asistir a familias

A través de la Secretaría de la Mujer y Familia, el Gobierno Municipal de Cercado y la organización de las víctimas de feminicidio en Tarija trabajarán un proyecto de ley para asistir a las familias con el seguimiento de los casos y apoyo para los hijos e hijas de las víctimas. Se tiene prevista una reunión el miércoles 2 de diciembre.