Feminicidios, en Tarija analizan ley para asistir a familia de las víctimas

A través de la Secretaría de la Mujer y Familia, el Gobierno Municipal de Cercado y la organización de las víctimas de feminicidio en Tarija trabajarán un proyecto de ley para asistir a las familias con el seguimiento de los casos y apoyo para los hijos e hijas de las víctimas. Se tiene prevista una reunión el miércoles 2 de diciembre.

Cinthia Olguín, secretaria de la Mujer de la Alcaldía de Cercado, informó que el proyecto de ley busca apoyar a las familias de las mujeres víctimas de feminicidio en diferentes aspectos, ya que es la familia ampliada la que se hace cargo de los menores de edad. Es así que primero se recogerán los insumos de los familiares, de acuerdo a su realidad, a objeto de concretar los puntos que serán parte del proyecto de ley.

“Será desde las necesidades y realidad de las familias. Estamos en análisis, se ha recabado una propuesta del Defensor del Pueblo y como Secretaría estamos planteando otra propuesta”, afirmó.

El miércoles, en ocasión de recordar Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Olguín señaló que muchas familias que afrontaron un feminicidio, tienen un sentimiento no grato por el poco avance de la justicia, por lo cual piden celeridad en la atención de los casos y la especialización de los jueces e imparcialidad.

Guido Vidaurre, padre de Omaira Vidaurre Sotar, que fue víctima de feminicidio en 2012, calificó de “importante” la propuesta de trabajar una ley para asistir a las familias, no solo en el tema psicológico y seguimiento de los casos, también urge un apoyo económico, en educación y en salud, ya que son aspectos que contempla la manutención de un menor.

“De donde venga es importante un apoyo psicológico y económico, porque los niños quedan huérfanos, están a la merced de algún pariente. En mi caso, mi nieto está viviendo conmigo desde sus cuatro años (2012) y no tengo ningún apoyo”, señaló. A tiempo de hacer nota que, si bien la Gobernación durante la pandemia dio el bono Jefa de Hogar a las madres solteras, no tomó en cuenta a las víctimas de feminicidio.

Vidaurre hizo un llamado a todas las instituciones del departamento a sumar esfuerzos y trabajar no solo una ley para asistir a las familias de las víctimas, sino también a prevenir los hechos de violencia. Agregó que participará de la reunión prevista para la próxima semana y espera que se apruebe pronto la ley para que esa norma también se replique a nivel nacional.

Para la activista de los derechos de la mujer, Mariel Paz, si la Ley 348 se cumpliera a cabalidad no sería necesaria otras leyes adicionales, sin embargo, si el proyecto de ley que se trabajará desde la Secretaria Municipal de la Mujer contempla, por ejemplo, subvenciones económicas  para los huérfanos y huérfanas de las víctimas de feminicidios, deberá ser respaldada; ya que al morir la madre y el padre en la cárcel, quedan desamparados o están con familias ampliadas que no tienen las condiciones materiales para darles todo lo que necesitan.

“Si este proyecto de ley contempla eso, sería importante, los niños y niñas huérfanos del feminicidio necesitan continuar con sus vidas y todos sabemos que las condiciones materiales y económicas son fundamentales”, afirmó. Tras indicar que las familias de las mujeres víctimas de feminicidio lo que necesitan es justicia, y no “peregrinar, ni mendigar por justicia” como se ve en varios casos, uno de ellos, el de Zulma Vargas.

“Necesitan ese suplicio de transitar por una burocracia lenta, pesada y tolente, que eso desaparezca (…)”, comentó Paz.

Por su parte, Rosario Ricaldi, directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT), indicó que es substancial y se necesita trabajar una política integral para prevenir y frenar los hechos de violencia.

La Defensoría del Pueblo planteó en 2019 un bono

Ante la situación de desprotección y las repercusiones negativas que deja en la vida de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus madres víctimas de feminicidio, la Defensoría del Pueblo, en julio de 2019, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley en el que propone que el Estado otorgue asistencia económica e integral para las hijas e hijos víctimas de este delito. Sin embargo, la propuesta aún no fue tratada en el legislativo nacional.

La propuesta normativa de la Defensoría del Pueblo contenía medidas de asistencia integral como la creación del Bono de Asistencia Económica Estatal Mensual para cada hija o hijo víctima de feminicidio equivalente al 20 por ciento del salario mínimo nacional; un régimen de descuentos en los servicios de luz, agua y gas domiciliario y en las tarifas de transporte público interdepartamental (terrestre, férreo, aéreo o fluvial); Subsidio de Asistencia Nutricional consistente en un paquete de alimentos distribuido mensualmente.

También plantea el acceso y la permanencia en el sistema educativo y la implementación de una política pública que posibilite la otorgación de becas de apoyo económico y el seguimiento psicopedagógico del desenvolvimiento académico. Igualmente, se propone que las escuelas de formación superior, las universidades públicas y privadas, institutos técnicos garanticen becas anuales para el apoyo académico.

El proyecto de ley también contempla la inamovilidad laboral en el ámbito público y privado de las personas que tengan la responsabilidad legal del cuidado de la población beneficiaria, hasta que ésta asuma la mayoría de edad.