Los niños, las víctimas olvidadas en los casos de feminicidio en Tarija

Si bien se tiene información oficial sobre la cantidad de feminicidios registrados en todo el país, poco se sabe sobre los niños que quedan huérfanos a raíz de esos casos de violencia extrema, menores que seguramente también sufrieron agresiones antes y que luego son revictimizados durante el proceso de investigación.

Evidentemente los datos no son tan certeros, pero las historias pueden ser desgarradoras. Una de ellas es la de Andrés (nombre ficticio) que perdió a su mamá, Susana, cuando tenía menos de tres años, ahora ya tiene siete y hasta la fecha no concluyó el proceso de investigación, en el que el acusado y principal implicado es su propio padre (José).

Semanas antes de quedar huérfano, Andrés estaba aprendiendo a bailar diablada para participar de una presentación en su guardería, le ponía todo el empeño posible a su corta edad y le pedía a su mamá que lo llevara puntual todos los días al ensayo.

Un día llegó a su casa su primo Fernando de 8 años para pasar unos días de vacación. Aunque era un poco mayor, disfrutaban mucho de jugar juntos, aunque jugar es lo último que hicieron.

José ante la familia de Susana siempre se presentó como un buen padre, con algunos problemas de carácter, pero no como una mala persona. Más aún, ella junto a los dos niños vieron su otro rostro durante esa última semana, pues él ya había planificado quitarle la vida a quien fue su pareja durante varios años.

Los dos niños, en especial Fernando, vieron cómo la maltrataba y sufrieron agresiones en carne propia. Durante días su tío lo obligó a comer alimentos en mal estado, le prohibía hablar por teléfono con su mamá que estaba en otra ciudad, les impidió a ambos acercarse a Susana y los amenazó de muerte para que no contaran nada a sus tíos ni abuelos.

Habiendo pasado varios años, Fernando aún no puede dormir por las pesadillas que tiene cada vez que recuerda los gritos de su tía Susana por las noches. 

Recuerda que su tormento duró hasta que una mañana despertó y se enteró que su tía había muerto, ni él ni Andrés entendían bien lo que ocurría, solo vio llegar a sus parientes y notó en su mamá y sus abuelos una tristeza que no conocía hasta entonces.

Inmediatamente todo cambió, ahora su primo Andrés vivía con él y su madre. De pronto sería su hermano.

Lo que vino después fue aún peor porque inició la investigación en contra de José y para eso Fernando tuvo que contar a las autoridades paso a paso todo lo que vivió en la semana de su supuesta vacación.

Primero vino una Cámara Gesell, luego de varios meses lo llevaron a una sala del Ministerio Público a hablar con personas desconocidas, tiempo después también tuvo que hablar con un psicólogo que otra vez le hizo recordar lo ocurrido.

Para que pudiera superarlo, la mamá de Fernando contrató a un terapeuta profesional que lo atendía cada semana. El proceso fue lento porque incluso en el colegio las maestras y psicólogas reportaron que el niño había sufrido muchos cambios luego de la muerte de su tía, el diagnóstico era de "estrés postraumático", lo que no le permitía jugar ni disfrutar su niñez como hacían sus compañeros.

Tres años después, Fernando ya mostraba bastantes mejoras, su madre y sus abuelos pensaban que ya podía dejar lo ocurrido en el pasado. Pero las autoridades e incluso la familia de su padre pidieron nuevamente una pericia psicológica y él tuvo que volver a que contar a desconocidos su trauma. Sumado a ello la defensa solicitó que el niño pueda declarar en un juicio, delante de los abogados, los fiscales y probablemente delante de su tío José. Esto significó volver al punto de partida.

El trauma no solamente fue para él, sino también para su primo Andrés que ya está creciendo y debe asimilar que perdió a su madre por culpa de su papá. Ahora su madre es su tía, todo el tiempo ve cómo sufre ella y sus abuelos cada vez que tienen que ir a una audiencia a pelear por justicia.

La peregrinación por justicia

Cada vez que se registra un caso de feminicidio muchas familias terminan por abandonar los procesos en contra de los agresores porque seguir adelante requiere tiempo, dinero y paciencia. Quienes continúan sufren casi siempre una revictimización por parte del sistema judicial que retarda los casos durante varios meses o años.

El Estado en teoría debe proveer servicios legales gratuitos como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), pero constantemente se cambia o despide al personal como ocurre en el Ministerio Público.

Uno de los ejemplos es el caso de la tarijeña Daniela Tapia que murió en diciembre de 2016, su hermana Daiana cuenta cómo las familias tienen que seguir por una peregrinación por justicia, en el camino las familias incluso son “utilizadas” en promesas políticas que no se concretan.

“Con familias en La Paz hemos logrado en el anterior gobierno que se nos dé una comisión de abogados especializados en feminicidio, nos acompañaban a ver porqué se suspendían las audiencias. Entró Áñez, nos recibió en Palacio, pero nos utilizan, nos buscan para hacer campaña. Nos ha prometido todo y no hemos visto ningún tipo de ayuda”.

A esto se suman las fuertes sumas de dinero que implica buscar abogados particulares, viajar a otros puntos lejos de su lugar de residencia, algunos incluso abandonando sus fuentes de empleo para poder hacer seguimiento a los casos.

Estado ausente en las vidas de los huérfanos por feminicidio

Ley 348

Establece que en los casos en que existan menores hijos de una víctima de feminicidio, éstos deben quedar al cuidado de la familia materna. Esta situación la debe precautelar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de cada municipio. En caso de que no haya familia ampliada se realiza el trámite para el acogimiento en hogares.

Ley de asistencia a los menores

Hace algunos días fue en Uriondo donde se promulgó la primera Ley de Asistencia a los Menores Hijos de Víctimas de Feminicidio. La normativa contempla apoyo económico, acompañamiento psicosocial durante la niñez y adolescencia, además de otros como descuentos en el pago de servicios.

Cámara Gesell

De acuerdo a la normativa vigente, se aplica la prueba de la Cámara Gesell a los menores que han sufrido o presenciado algún hecho de violencia, con el fin de que los resultados sean válidos durante una investigación o juicio. Esto tiene el objetivo de que los menores no tengan que volver a pasar por un interrogatorio. Los familiares denuncian que esto no se cumple.