Exprocurador ve necesario indagar adenda de contrato con Petrobras

José María Cabrera, exprocurador del Estado, recomendó a su sucesor, Alberto Javier Morales Vargas, indagar los alcances de la octava adenda al contrato de exportación de gas con Brasil que fue firmada entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petróleo Brasileiro (Petrobras) en marzo de este año. Un documento que del que no se conocen detalles debido a que existe una cláusula de confidencialidad.

Cabrera, quien fue cesado en su cargo, según dijo por orden expresa del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que en los nueves meses de funciones en la Procuraduría General del Estado (PGE) desarrolló múltiples actividades de fiscalización e investigación.

“En el caso específico de YPFB, realizamos investigaciones propias e independientes con relación a múltiples contrataciones irregulares, así como a patrocinios a juicios arbitrales con la empresa Shell Bolivia Corporation que fueron desatendidos de manera negligente”, explicó.

Lea también: Arturo Murillo, el Procurador y los intereses del Estado

Cabrera, en entrevista con El País, recordó que el Procurador General del Estado, aunque no haya un requerimiento formal de investigación, puede solicitar información sobre contratos referentes al Estado boliviano.

“Sería pertinente una intervención de la PGE en esta adenda que firmó YPFB con Petrobras”, alertó Cabrera, a tiempo de recalcar que la Procuraduría debe cumplir su función constitucional, de defender los intereses de los bolivianos, sin estar supeditado “al humor o capricho del ministro Arturo Murillo”.

Cabe recordar, que el 6 de marzo de este año se anunció que YPFB y Petrobras llegaron a un acuerdo que añadía una adenda al contrato de venta de gas a Brasil por otros cuatro años. En ese momento, la información que se puso a disposición del público fue muy limitada, se sabía que disminuirían los volúmenes de gas que YPFB entrega a Petrobras y que se llegaron a acuerdos respecto a las multas que YPFB adeudaba.

Semanas después se conoció una nueva dimensión de dicha adenda, la cual señala que Bolivia deberá entregar el gas a Petrobras ya no en Río Grande sino en el Mutún. Esto implica que el país deberá hacerse cargo de este costo de transporte, lo que representará aproximadamente 80 millones de dólares al año.

El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, admitió ese acuerdo, el cual fue calificado como un pésimo negocio para Bolivia, y dijo que la estatal petrolera dejará de percibir en tres años unos 223 millones de dólares tras la firma de la octava adenda con Petrobras.

Otro cambio relevante es el que tiene que ver con la disminución de los volúmenes de exportación. Si antes el rango de exportación de GNL estaba entre los 24 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y los 30 MMmcd, en la actualidad este rango fluctúa entre los 14 MMmcd y los 20 MMmcd, lo que respondería a la menor demanda de gas del mercado brasilero y a las dificultades de producción en Bolivia. Además, se contempla que en este periodo se conciliarán las cuentas con Petrobras.

Estos son algunos de los aspectos que se conocen de la octava adenda del contrato con Petrobras, no se conocen detalles, pues el documento está blindado con una cláusula de confidencialidad.

La PGE alertó dejadez de YPFB en un litigio

En víspera de la cuarentena rígida, YPFB fue notificada legalmente con el inicio de un proceso arbitral por parte de Shell Bolivia, empresa que reclamaba los adeudos tributarios por varios millones de dólares, de gestiones anteriores.

Sin embargo, los abogados de la estatal petrolera omitieron el proceso. Esta irregularidad fue detectada por la PGE, que conminó a la empresa a asumir una defensa oportuna en el arbitraje planteado.