Bermejo alista más débitos y Uriondo pide nuevas obras

Los números no acaban de cuadrar en este 2019; las ventas de gas se han contraído por la renegociación del contrato con Argentina y la baja demanda de Brasil, lo que afecta a la liquidación mensual de regalías, y  especialmente en el departamento de Tarija.

La situación no preocupa al Ministerio de Hidrocarburos, que asegura que las negociaciones se llevan de forma correcta, sin embargo si preocupa a los alcaldes del departamento, que no han dudado en acudir al Ministerio de Economía para exigir el débito automático contemplado en la Ley Departamental 206, más conocida como la Ley del 8%, y asegurarse cuanto antes la llegada de los recursos.

El último en solicitar la participación del Ministerio ha sido el municipio de Bermejo según informan desde la Gobernación de Tarija. El alcalde Delfor Burgos ha solicitado dos débitos automáticos al Ministerio de Economía por 3.390.715,20 bolivianos cada uno.

Desde la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) se señala que el mecanismo está contemplado en la Ley y que corresponde a obligaciones impagadas por la Gobernación desde el año 2018, por lo que lo consideran legítimo y no consideran mayor debate al respecto.

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="486403,486405,486402,486404"]

El secretario de Economía de la Gobernación, Manuel Figueroa, lamentó que además de que los débitos afectan a toda la planificación financiera del departamento, y por ende a muchas empresas, se tienen además reportes de que los municipios no estarían utilizando los recursos debitados para el fin específico. Figueroa señaló también que el Gobierno nacional apenas ha desembolsado el 60% de los recursos de ingresos contemplados en el presupuesto hasta la fecha.

La caída de ingresos se debe a la reducción del mercado en Argentina, luego de que en febrero el Ministerio de Hidrocarburos aceptara una reducción de volúmenes obligatorios, que según el contrato original debían llegar a los 20-23 millones de metros cúbicos en este 2019. A pesar de la nueva fórmula de cálculo, la Argentina prevé ahorrar 450 millones de dólares en los dos años que la adenda estará vigente.

Diferentes sectores sociales y particularmente miembros de la Cámara de la Construcción han pedido pensar en el “bien común” del departamento y el global de los proyectos antes de proceder a los débitos para no afectar la inversión y sobre todo, el empleo.

¿Más proyectos concurrentes?

A pesar de la reducción del presupuesto, los problemas de estabilidad que se generan en la gestión del mismo y los retrasos en los pagos, el alcalde del municipio de Uriondo, Álvaro Ruíz, se reunió ayer con la Asamblea Legislativa Departamental para solicitar viabilizar un nuevo convenio que permita iniciar nuevos proyectos concurrentes en el municipio a siete meses de elecciones subnacionales.

La estrategia fue cuestionada desde diferentes bancadas, incluidos asambleístas del MAS, que consideran imprudente iniciar nuevas obras cuando todavía nos e ha logrado culminar los proyectos iniciados en la gestión de Lino Condori, tal como exige el mismo ministro de Economía Luis Arce Catacora.

También recuerdan que los municipios tienen su propia autonomía, que se solventa con recursos del nivel central del Estado; fundamentalmente los destinados por IDH y coparticipación. En ese sentido, durante la última legislatura se ha tenido abierta la mesa de diálogo de Pacto Fiscal, donde los alcaldes también podían solicitar más ingresos del nivel central para cubrir sus necesidades de inversión. Sin embargo, los acuerdos no llegaron a buen puerto.

En Tarija, por las condiciones de la Autonomía y el momento de bonanza en el que se alcanzó, se contempla en el Estatuto la posibilidad de desarrollar una Ley orgánica que favorezca la inversión de la autonomía departamental en los municipios, sin ser esta su obligación. La Ley, sin embargo, no se desarrolló de acuerdo a lo establecido y se adoptó la Ley 206 que establece el reparto del 8% de los recursos de regalías entre los ocho municipios.
O´Connor exige la mitad del presupuesto total
Mientras en la secretaría de Finanzas hacen cuentas para tratar de cuadrar el presupuesto necesario en Tarija sin afectar a programas esenciales y dando continuidad a las obras iniciadas dentro de los poco más de 700 millones de bolivianos que se prevén de presupuesto, en la subgobernación de O´Connor han rechazado someterse a cualquier ajuste e instan a la Gobernación a hacer las gestiones necesarias para lograr el presupuesto que solicitan, que en este caso asciende a 320 millones de bolivianos.

En el proyecto de presupuesto, el subgobernador de O´Connor Walter Ferrufino incluyó el 100% de la inversión pendiente en las obras a su cargo. Entre ellas, pidió 100 millones para el asfaltado Saladito – Timboy – Tabasal; 32 para el puente en Pajonal, 26 para Quebrada las Vacas, 11 para la Casa de la Mujer, 8 para el Campus Agropecuario y Cultural, que algunos denominan “hipódromo”, 7 para el Choere – Acheral que ya fue inaugurado y 13 para el Estadio Guadalupano.

[gallery td_select_gallery_slide="slide" ids="486422,486420,486423,486421"]

La Gobernación emitió un instructivo en el que le pidió ajustar el presupuesto a las restricciones instruidas por el Ministerio de Economía respecto a los techos presupuestarios, con reducciones superiores al 20%.

En su respuesta, el ejecutivo Walter Ferrufino señala que desde 2015 es víctima de un “estrangulamiento económico”, y acusa particularmente a la secretaría de Economía y a la de Planificación e Inversión Pública de haber  “omitido sistemáticamente la normativa vigente (…) asignando recursos a proyectos nuevos”, lo que en su entender hubiera provocado la postergación de los proyectos en O´Connor.

Ferrufino indica además que “el irresponsable actuar del Gobernador del departamento en la adquisición de nuevos compromisos ha atentado contra el desarrollo de nuestra provincia”, por lo que declina hacer una reducción e insta a las autoridades departamentales a hacerlas.

Desde la secretaría de Economía se indica que apenas se han incluido nuevos proyectos concurrentes con municipios y con autorización del Ministerio de Planificación.