Desvío de recursos del Fondo para Exploración agobia a Gobernación
La Gobernación solicitará al Gobierno nacional una explicación sobre los vacíos legales que encontraron en la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 3722 del 21 de noviembre de 2018, que establece que los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y...



La Gobernación solicitará al Gobierno nacional una explicación sobre los vacíos legales que encontraron en la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 3722 del 21 de noviembre de 2018, que establece que los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) “deberán ser transferidos de forma automática a una cuenta específica de titularidad del Banco Central de Bolivia (BCB), para su custodia”.
La normativa señala que el BCB informará cada mes a los ministerios de Hidrocarburos y de Economía y Finanzas sobre el detalle de los movimientos de la cuenta. Sin embargo, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, explicó que el decreto no especifica el fin que tendrán los recursos. Esa falta de claridad, sobre el destino de recursos confiscados, genera dudas.
A partir de la Ley 767 de Promoción de Inversiones en Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en el departamento de Tarija se confiscaron más de 200 millones de bolivianos. El Gobierno departamental pidió una explicación al Gobierno sobre el destino de esos recursos, pero hasta la fecha no recibió un informe. Otra observación es la ambigüedad de la normativa. En ninguna parte contempla o especifica que se trata de recursos que deben dirigirse al avance de proyectos en el sector hidrocarburífero.
El Decreto también señala que la transferencia de los recursos está orientada a autorizar el uso de las planillas de avance de obras como garantía no convencional para la obtención de créditos del sistema bancario por parte de empresas constructoras.
“Estos recursos ya deberían ser devueltos a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades desde el principio del 2017. Así se comprometieron las autoridades nacionales. La forma en la cual disponen de estos recursos es porque hay un déficit fiscal y estos recursos cubrirán ese déficit, pagarán doble aguinaldo y otras deudas del Estado”, advirtió Castrillo.
Por el contrario, el presidente del BCB, Pablo Ramos, aseguró que los recursos no fueron transferidos ni utilizados para cubrir otras obligaciones, sino que se encuentran en la custodia de la entidad bancaria. Los recursos de ese fondo ascienden a 347,8 millones de dólares, producto de importes acumulados desde agosto de 2016, según indica la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Es necesario dejar en claro que este dinero en ningún momento fue utilizado para cubrir otro tipo de obligaciones, tal como pretende hacer ver esa publicación de prensa sobre la base de las declaraciones de una autoridad departamental de Santa Cruz”, explicó y garantizó que cumplirán con promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Por su parte, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, indicó que el sector de hidrocarburos es una competencia privativa de nivel central, pero “de manera abusiva” el Gobierno nacional confiscó los recursos de las regiones para destinarlos al FPIEEH que “fue un fracaso”. En los últimos años no hubo una reposición de reservas a nivel nacional, en áreas tradicionales y no tradicionales.
“Es un doble problema porque es una confiscación y el destino que era tener éxito en la perforación para encontrar nuevas reservas no se va a cumplir y ahora están a libre disposición. Esto nos señala que se está acabando la plata en Bolivia”, dijo y señaló que la deuda externa se está cuadriplicando y se está “echando mano” a las reservas.
Mercados, precio y la producción de hidrocarburos
Según el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar peralta, existen tres puntos fundamentales, además de este último decreto, que sostienen un futuro incierto para la economía nacional. Primero, el precio del petróleo volvió a bajar. Segundo, no hay mercados asegurados, Argentina quiere dejar sin efecto el contrato y el de Brasil vence en diciembre del 2019. Y el tercer y final punto es el decrecimiento de la producción de hidrocarburos en Bolivia.
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La normativa señala que el BCB informará cada mes a los ministerios de Hidrocarburos y de Economía y Finanzas sobre el detalle de los movimientos de la cuenta. Sin embargo, el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, explicó que el decreto no especifica el fin que tendrán los recursos. Esa falta de claridad, sobre el destino de recursos confiscados, genera dudas.
A partir de la Ley 767 de Promoción de Inversiones en Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, en el departamento de Tarija se confiscaron más de 200 millones de bolivianos. El Gobierno departamental pidió una explicación al Gobierno sobre el destino de esos recursos, pero hasta la fecha no recibió un informe. Otra observación es la ambigüedad de la normativa. En ninguna parte contempla o especifica que se trata de recursos que deben dirigirse al avance de proyectos en el sector hidrocarburífero.
El Decreto también señala que la transferencia de los recursos está orientada a autorizar el uso de las planillas de avance de obras como garantía no convencional para la obtención de créditos del sistema bancario por parte de empresas constructoras.
“Estos recursos ya deberían ser devueltos a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades desde el principio del 2017. Así se comprometieron las autoridades nacionales. La forma en la cual disponen de estos recursos es porque hay un déficit fiscal y estos recursos cubrirán ese déficit, pagarán doble aguinaldo y otras deudas del Estado”, advirtió Castrillo.
Por el contrario, el presidente del BCB, Pablo Ramos, aseguró que los recursos no fueron transferidos ni utilizados para cubrir otras obligaciones, sino que se encuentran en la custodia de la entidad bancaria. Los recursos de ese fondo ascienden a 347,8 millones de dólares, producto de importes acumulados desde agosto de 2016, según indica la Agencia Boliviana de Información (ABI).
“Es necesario dejar en claro que este dinero en ningún momento fue utilizado para cubrir otro tipo de obligaciones, tal como pretende hacer ver esa publicación de prensa sobre la base de las declaraciones de una autoridad departamental de Santa Cruz”, explicó y garantizó que cumplirán con promover las inversiones en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Por su parte, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar Peralta, indicó que el sector de hidrocarburos es una competencia privativa de nivel central, pero “de manera abusiva” el Gobierno nacional confiscó los recursos de las regiones para destinarlos al FPIEEH que “fue un fracaso”. En los últimos años no hubo una reposición de reservas a nivel nacional, en áreas tradicionales y no tradicionales.
“Es un doble problema porque es una confiscación y el destino que era tener éxito en la perforación para encontrar nuevas reservas no se va a cumplir y ahora están a libre disposición. Esto nos señala que se está acabando la plata en Bolivia”, dijo y señaló que la deuda externa se está cuadriplicando y se está “echando mano” a las reservas.
Mercados, precio y la producción de hidrocarburos
Según el secretario de Coordinación de la Gobernación, Waldemar peralta, existen tres puntos fundamentales, además de este último decreto, que sostienen un futuro incierto para la economía nacional. Primero, el precio del petróleo volvió a bajar. Segundo, no hay mercados asegurados, Argentina quiere dejar sin efecto el contrato y el de Brasil vence en diciembre del 2019. Y el tercer y final punto es el decrecimiento de la producción de hidrocarburos en Bolivia.
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