Ley del 45% llega a la ALDT en medio de la división chaqueña

La nueva versión de la Ley de asignación de regalías entre Municipios Productores, popularmente conocida como Ley del 45%, ha llegado a la Asamblea Departamental justo en un momento en el que la institucionalidad chaqueña anda más peleada que nunca y sin un horizonte claro que seguir. La Ley básicamente pretende modificar el punto en el que se asigna el 45 por ciento del 11 por ciento de las regalías del total de la producción departamental a la provincia del Gran Chaco, algo que a priori en el Chaco se rechaza, pero ya no tan tajantemente.

Los cívicos y políticos de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos han vuelto a la carga con la intención de modificar el régimen fiscal, esta vez a través de una Ley Departamental que, como advierten los expertos, difícilmente podrá modificar la Ley 3038 de ámbito nacional. La intención última es que la regalía se asigne al municipio productor. La Ley llega después de que sus promotores hayan logrado un consenso interinstitucional amplio, sobre todo entre campesinos y munícipes no productores, incluyendo porcentajes de reparto de regalías en modo “compensación” para los municipios no productores, una fórmula similar a lo que se hace con Pando y Beni a nivel nacional.

En la plaza Luis de Fuentes y en el posterior acto en el legislativo estaban, básicamente, todos. Todos los líderes, autoridades y dirigentes de Bermejo, Entre Ríos y Padcaya. Desde el alcalde de Entre Ríos Nicolás Herrera – alfil de Walter Ferrufino – hasta el concejal de Bermejo Tito Gareca, pasando por los asambleístas Marijet Jaramillo, William Guerrero, Pablo Colque o los dirigentes campesinos como Eduardo Fernández y Miguel Gallardo. Pleno completo salvo por el alcalde y el subgobernador de Bermejo.

El argumento repetido hasta la saciedad es la legitimidad del pedido apuntando a la propia definición de regalía, es decir, la compensación para el territorio del que se extrae el recurso no renovable y que, por tanto, dejará vacíos estructurales cuando se acabe; pero también el de que no se quita nada a nadie – en referencia al Chaco – puesto que solo se reclama en función de lo producido por el municipio en cuestión.

En la tramitación actual, los promotores han buscado el consenso con organizaciones sociales, básicamente la Federación Campesina, que en alianza con los munícipes controla el MAS y la Directiva de la Asamblea Legislativa. La Ley incluye un apartado de compensación para las provincias no productoras, aunque todavía se debe dialogar en el pleno el alcance.

Debilidad chaqueña
La Ley cuenta con detractores, puesto que desconoce la realidad previa y el consenso alcanzado en su momento con el Gran Chaco, principal productor y provincia olvidada por siglos. El asambleísta Wilman Cardozo explicó en su momento que la asignación del 45 por ciento no se refiere a la producción sino que tiene que ver con el porcentaje de territorio y de población que esa provincia tiene respecto al total tarijeño, y de ahí el reclamo, paralelo al anhelo de la autodeterminación planteado desde los 90.

La unidad del Chaco frente a las amenazas de gestionar la modificación de la Ley siempre fue firme, pero en los últimos meses se ha deteriorado la relación entre los municipios chaqueños y el Gobierno Regional a costa de la agenda de reivindicación regional que debía elaborar la Asamblea de la Chaqueñidad y sin embargo, no ha prosperado. Mientras los cívicos y autoridades apuntan al Ejecutivo Transitorio José Quecaña como autor de este bloqueo, el MAS recomienda prudencia y no incluir reclamos hacia el nivel central del Estado, lo que evidentemente limita el pliego petitorio.

En medio del revuelo, tanto Caraparí como Villa Montes han empezado a hacer sus propias cuentas sobre cómo afectaría a sus propios ingresos la asignación directa del 45 por ciento del 11 por ciento que actualmente generan Sábalo e Itaú para unos y San Alberto para otros y que actualmente comparten con Yacuiba en un criterio rígido de 15 por ciento para cada administración.

El reclamo inicial con el que surgió la convocatoria de la Asamblea de la Chaqueñidad fue el de la asignación directa de los recursos del IDH que el Ministerio de Finanzas entrega a la Gobernación de Tarija para su gestión, sin embargo se sumaron otras demandas como la conciliación de cuentas carreteras en los tramos desde Palos Blancos o la materialización de proyectos prometidos como el desdoblamiento de la Ruta 9 o la construcción del aeropuerto, que no avanzan.

Un conflicto de largo aliento para el MAS

Inicialmente, Entre Ríos, Bermejo y Padcaya plantearon la conformación de la Región Autónoma del Sur, que tuviera las mismas condiciones que el Gran Chaco, sin embargo el pedido se concentró en la reasignación del 45 por ciento de las regalías generadas en su territorio.

El propio Evo Morales, consciente de lo sensible del tema, pidió dejar los reclamos para después de que se concretaran las exploraciones nuevas (Boyuy, San Telmo, Astillero, etc), pero su recomendación no fue seguida.

Entre Ríos, Bermejo y Padcaya son gobernadas por el MAS, que también es mayoritario entre las autoridades de la Región Autónoma del Chaco; la Asamblea Plurinacional que debería derogar la 3038 es controlada en dos tercios por el MAS, que también tiene mayoría cualificada en la Asamblea Departamental.