Empresarios y Aduana buscan proteger la industria nacional

A causa de la baja del peso argentino respecto a la moneda boliviana, la “invasión” de productos procedentes de ese país, especialmente comestibles, agravan la situación de los industriales tarijeños, por ello representantes de la Federación de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) tuvieron un encuentro con autoridades nacionales de la Aduana para buscar soluciones al problema.

Protesta
En la reunión, el presidente de la FEPT, Víctor Fernández, protestó porque el ingreso ilegal de productos argentinos agrava más la situación del empresariado tarijeño en todos sus rubros, por lo que pidió a las autoridades aduaneras poner todos sus oficios para combatir el contrabando y proteger las fuentes de empleo.

“Porque la empresa privada, el momento en que empiece a colapsar empezará a despedir gente y eso no lo queremos hacer –advirtió-, más allá de las fiscalizaciones y las presiones impositivas, laborales, creemos que hay una buena voluntad de la Aduana Nacional para protegernos”.

Al respecto, el gerente general de la Aduana Nacional, Alberto Pozo, subrayó que el objeto de estas reuniones es coordinar acciones contra el contrabando y lo que se busca con el sector productivo es que se puedan identificar aquellas mercancías sensibles para los industriales y en función a eso establecer controles específicos en diferentes lugares del territorio nacional.
“Además de otras políticas que permitan una mejor vigilancia, nuestra política como institución siempre ha sido coordinar con el sector privado porque son ellos los que conocen y los que sufren estos efectos adversos”, agregó.

Recordó que las fronteras con Argentina y Chile son complejas además que se trata de productos diferentes, por ejemplo del segundo país provienen más los de “línea negra o blanca”, electrónicos, mientras que del primero ingresan más los alimentos.

Apuntó que el tema de alguna forma fue controlado porque realizan decomisos permanentes; sin embargo, uno de los problemas que es más frecuente en Tarija es el contrabando “hormiga”. “No es como Chile, de donde agarramos grandes camiones con mercancías, aquí vemos que cada persona trae una cajita de un determinado producto y así van pasando”, subrayó.

Puntualizó que en estas reuniones de coordinación se definen los lugares que se consideran zonas rojas para luego definir dónde se pueden mover los puestos de control móviles, además que se cuenta con los patrullajes a cargo del personal del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando.

Otra razón que obstaculiza la vigilancia con la Argentina es la existencia de la tarjeta de Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF) que permite a los ciudadanos de las poblaciones fronterizas importar libremente para su consumo por un valor de 300 dólares por familia y eso de alguna forma evita en los puntos de paso legales decomisar los productos.

Qué dice la Ley de lucha contra el contrabando

La Ley 1053 de Fortalecimiento de la Lucha contra el Contrabando fue creada para reforzar los mecanismos de coordinación interinstitucional y acción para la lucha contra el contrabando.

Se aplica a personas naturales y jurídicas que transportan, comercializan o almacenan mercancías incumpliendo el control aduanero en la zona de seguridad fronteriza del Estado, municipios y territorios colindantes; y a las instituciones públicas que trabajan en el control aduanero y la lucha contra el contrabando.

Las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y la Aduana Nacional, tienen la obligación de coordinar tareas y acciones en operativos de lucha contra el contrabando.
El Ministerio Público deberá coordinar obligatoriamente, acciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en operativos de investigación y de acción directa en ilícitos vinculados a contrabando.

Las y los servidores públicos de las fuerzas Armadas y la Policía Boliviana tendrán la facultad para practicar arrestos y aprehensiones, debiendo entregar a la persona arrestada o aprehendida ante la autoridad competente, dentro de los plazos legalmente establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

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