Entidades median en conflicto por tierras en comunidad de Lagunitas

La comunidad de Lagunitas ubicada en la provincia O´Connor, es escenario de un conflicto por tierras en el que median entidades como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que ante denuncias de supuestos atropellos y desalojos visitaron el lugar para hablar con las partes ya que se ven involucrados indígenas y personas particulares.

El director departamental del INRA en Tarija, Hugo León, informó que en primera instancia la Defensoría habló de desalojos arbitrarios por lo que se trasladaron al lugar, realizando una inspección junto con las autoridades originarias de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Itika Guazu.

Sobre el contexto el funcionario explicó que en el año 2000 el INRA intervino en la zona ubicada a 40 minutos del municipio de Entre Ríos en dirección a Palos Blancos, ya que existía una disputa entre indígenas y una familia por el territorio. El 2002, se habría procedido a una reunión de conciliación llegando al acuerdo de reconocer a la familia una superficie de 1.200 hectáreas.

Sin embargo el 2017 nuevamente salieron a la luz disputas, ya que varias personas presuntamente realizaron cerramientos y construcciones, llegando a ocupar territorio indígena y también privado que fue cedido a la familia en la década del 2000.

León explicó que al momento la familia cuenta con un título antiguo de la reforma agraria, mientras que los indígenas tienen sus respectivos predios registrados como Tierra Comunitaria de Orígen (TCO), y si bien las personas que realizaron trabajos de cerramiento, aducen derecho, estos han sido desconocidos por los indígenas.

En ese marco León indicó que el conflicto está vigente pero los indígenas anunciaron que harán respetar su territorio en base a usos y costumbres, no correspondiendo el litigio respectivo al INRA, por lo que deberá ventilarse en el Juzgado Agrario de Entre Ríos.

Por su parte la Delegación Defensorial que se constituyó hasta el lugar, instó a las familias en conflicto y a las autoridades indígenas que en el marco de los usos y costumbres y la capacidad para la resolución de conflictos por la vía del diálogo, se encuentren aspectos comunes para mejorar la convivencia en tanto los procesos judiciales y administrativos continúen su procedimiento con transparencia y equidad.