Crisis en el INRA: falta de fondos detiene el saneamiento de tierras

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) reportó que las actividades de saneamiento de tierras en el departamento de Tarija y a nivel nacional están paralizadas desde la pasada gestión, debido a que la institución no cuenta con presupuesto para la ejecución de programas y proyectos de intervención de campo y gastos de funcionamiento para la contratación del personal técnico y operativo, aguardan la aprobación de un crédito. Sin embargo, parlamentarios nacionales se oponen.

La directora del INRA en Tarija, Fabiola Elías Arroyo, aseguró que desde mayo del año 2024 la institución solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de un presupuesto de 40 millones de dólares para continuar con los procesos de saneamiento de tierras en el país, sin embargo, hasta la fecha ese crédito no se aprueba, por lo que las actividades de saneamiento e intervención de campo están paralizadas.

En el caso de Tarija, el saneamiento de tierras alcanzó un 93%, falta intervenir en algunos municipios donde deben resolver conflictos de límites y conciliaciones de tierras entre familias campesinas. Mientras que a nivel nacional el proceso de saneamiento en el área rural alcanzó hasta finales del año 2024 un 94%, quedando un 6% pendiente para concluir.

Ante la crisis económica que atraviesa el INRA, en el departamento de Tarija más del 70% del personal técnico, operativo y de gabinete fue desvinculado la pasada gestión, mientras que en estos primeros meses del presente año otro 20% fue despedido por falta de presupuesto y solo trabaja un 10% de personal en temas administrativos.

Rechazo en la ALP

Los parlamentarios de oposición rechazan la aprobación legislativa del crédito de $us 40 millones, tramitado por el INRA, porque consideran que tiene como único objetivo incentivar el tráfico de tierras en el oriente boliviano y la destrucción de las áreas de producción de alimentos, bajo el argumento del saneamiento de tierras, promovido por el Gobierno.

A través de un pronunciamiento público denominado “No al endeudamiento para el tráfico de tierras y la destrucción de la propiedad privada y la producción”, los senadores Centa Rek, Erik Morón y Walter Justiniano, además de los diputados María René Álvarez, Mayra Zalles, Haydi Muñoz, Priscila Dantes, Elena Pachacute, Erika Chávez, Luciana Campero, Verónica Aguilera, Daniel Prieto, José Ormachea y Alberto Astorga, expresaron su rechazo y cuestionamientos a un proyecto de normativa que, en septiembre de 2024, fue rechazado por el pleno de Diputados y repuesto en la presente gestión.

La senadora Centa Rek expresó que sería un error histórico y una traición por parte de los parlamentarios de oposición, en especial de los representantes del oriente boliviano, aprobar dicho crédito por $us 40 millones, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), porque serían “utilizados para profundizar la crisis, fomentar el despojo de tierras y debilitar el sector productivo”.