En 2018 se apartaron 4 maestros investigados por abusos sexuales

En lo que va del 2018 hay cuatro casos de profesores acusados de abuso sexual, así lo muestran los datos del Servicio Departamental de Educación de Tarija (DDE). La dirigencia del Magisterio Urbano sostiene que no meterá las manos al fuego por quienes cometieron delitos, pero también exigen que no condenen a sus colegas mientras no haya una investigación.

Con los acusados en esta gestión, sube a 28 los casos de abuso sexual en el que fueron denunciados profesores. De ese total, algunos tienen sentencia, otros fueron absueltos, también hay en etapa de juicio y en investigación.

El director departamental de Educación, Eudal Tejerina, explicó que los casos presentados en esta gestión fueron denunciados ante la Fiscalía, por lo tanto están en proceso de investigación, conforme corresponde a los procedimientos del marco penal. Al margen de ello, a los involucrados se les sigue un procedimiento disciplinario en el Magisterio.

“Lamentamos que se den este tipo de situaciones donde hay profesores involucrados, pero uno de los elementos importantes que prevé la normativa es garantizar la seguridad de los estudiantes -comentó la autoridad- cuando se de este tipo de hechos se hace la denuncia respectiva para que se investigue y se sancione a los culpables, en caso que se compruebe la denuncia”.

La ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana Tarija (Fedeteut), Roxana Quesada, sostuvo que si bien como gremio no meterán las manos al fuego por los que cometen delitos, sí lucharán para que se haga una debida investigación y se respeten los derechos.

En ese sentido, la dirigente indicó que sin previa investigación sus colegas son conducidos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) o directamente al penal de Morros Blancos, solo por una simple denuncia. Puso como ejemplo que a un maestro lo sacaron enmanillado de un colegio.

“Debe existir una previa investigación, mientras tanto el profesor puede tener una detención domiciliaria hasta que se compruebe el caso -comentó Quesada- la Justicia hace con todos una investigación y da medidas sustitutivas mientras no se compruebe el caso, pero con los maestros tienen otro trato, hasta lo sacan de su cargo y ponen ese ítem a disposición, con eso más los profesores no tienen ni recursos para poder defenderse”.

Ante esa situación, la dirigente sostuvo que están en proceso de conformación de un equipo jurídico que se encargue de que no se vulneren los derechos de sus colegas, y si se comprueba la denuncia, los acusados deben cumplir con la sentencia que se les otorgue.
Conforme a los Decretos Supremos 1302 y 1320, como medida de protección y seguridad hacia la víctima, a raíz de una imputación formal, el sistema educativo suspende al profesor acusado hasta que dure su proceso penal.

En caso de haber sentencia condenatoria, ya no pueden volver a ser maestros. En caso de resolución de rechazo o de sobreseimiento, el Ministerio de Educación los restituye a su trabajo y les devuelve todos sus haberes devengados.

Dos decretos obligan a las autoridades a denunciar

Para consolidar el proceso jurídico, el Decreto Supremo 1302 fue corregido y complementado por el Decreto Supremo 1320, el cual modifica y determina que “los delitos de violencia sexual se constituyen dentro del contexto educativo en una obligatoria reacción de parte del Ministerio de Educación, Director Departamental, Director Distrital y Director de la unidad educativa, pasan de observadores a asumir acciones ni bien tomen conocimiento de los casos”.

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