A un mes de la marcha feminista en Tarija

A un mes de la marcha, Daniela Rodríguez, activista de la colectiva “Ivaginarias” de la ciudad de Tarija, observa que las autoridades son apáticas y parecen estar en permanente campaña política pues solo se acercan al movimiento para sumarse a actividades de gran visibilidad, pero desaparecen cuando se les hacen requerimientos como la reglamentación a las leyes contra la violencia de género y contra la mujer, la rendición de cuentas de los procedimientos que se llevan desde el SLIM, la solicitud de un certificado de no violencia de género para funcionarios, o los motivos por los cuales Jairo Delgado seguía trabajando en la alcaldía a pesar de ser un feminicida. Rodríguez apunta que la nueva dirección de la FELCV se niega a dar información sobre feminicidas y casos específicos en Tarija, y que durante la cuarentena muchos violadores y feminicidas se vieron beneficiados por la justicia, que sigue en pacto con el estado para dar un mensaje de impunidad a la violencia.

Geraldine Flores, de la colectiva feminista orureña “Warmi Yuyainin”, señala que se han vulnerado los derechos judiciales y a la información en la reciente solicitud negada que María Galindo de “Mujeres Creando” hizo por medio de un amparo constitucional para publicar la lista de feminicidas a nivel nacional y lograr el seguimiento y contabilidad correcta de los casos. Para Flores, “tiene que llamarnos la atención ver quiénes son los jueces, fiscales y vocales que manejan el país y el órgano judicial, y por qué no han seguido el protocolo. Es la respuesta alarmante de un estado feminicida que violenta a sus ciudadanos, sobre todo a las mujeres”.