Caso de trata: El TCP definirá futuro del proceso contra Evo

Evo Morales Ayma obtuvo una victoria judicial este miércoles con la notificación de que la juez Lilian Moreno, de Santa Cruz, ordenó a la Fiscalía de Tarija paralizar la investigación por trata de personas, anular todos los actuados realizados a partir del 2 de octubre, incluyendo su orden de aprehensión, y cambiar la jurisdicción a Cochabamba. Sin embargo, otro juzgado de La Paz manda que la causa prosiga en este departamento.

Al haber dos resoluciones judiciales del mismo rango, corresponde la revisión de ambas en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se defina cuál es la que prevalece. En lo que ya se pronunció, fue para ratificar su inhabilitación a las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura surgieron cuestionamientos al fallo que favorece al expresidente. No se descartan procesos.

Morales dice “que llegó la justicia”, su entorno anuncia que este podrá libremente recorrer el país para su campaña presidencial, pero por el momento se mantiene la vigilia que lo resguarda en Lauca Eñe.

Investigación

El 26 de septiembre el Ministerio Público de Tarija abrió el proceso que pretende establecer si el exmandatario embarazó a una adolescente de 15 años de nombre Cindy S. Vargas P., quien habría dado a luz a una niña en febrero de 2016 en Yacuiba. Al momento, la víctima, su hija y su madre están en la clandestinidad.

Proceso

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión. Sin embargo, antes de que se ejecute, los abogados de Morales interpusieron una acción de libertad ante el Juzgado de Sentencia Penal 14 de Santa Cruz al mando de Lilian Moreno, quien anuló dicha orden el 2 de octubre. Además, su sentencia 22/2024 mandó que la investigación se remita a Villa Tunari, donde reside el sindicado.

La jueza argumentó fallos procedimentales, pero el Ministerio Público presentó sus descargos y justificó que la causa debe radicar en Tarija porque en esta jurisdicción se habría cometido el delito y es donde se deben recolectar las pruebas. Una acción de libertad en La Paz avaló a la Fiscalía.

Como la comisión tarijeña de fiscales avanzó en el proceso, el expresidente presentó un recurso de queja por incumplimiento ante el juzgado de Moreno. La autoridad emitió un auto a su favor.

“Se dispone dejar sin efecto todos los actos procesales e investigativos que haya realizado y esté realizando el Ministerio Público. (…) Lo que significa inclusive dejar sin efecto la imputación formal”, dice la resolución con fecha 24 de abril pero que las partes recibieron este 30.

El documento también anula la orden de aprehensión fiscal y la imputación. Con ello también queda sin efecto la declaratoria de rebeldía, la anotación de bienes y el mandamiento de captura que determinó el juez Nelson Rocabado en la audiencia cautelar a la que Evo Morales no acudió el 17 de enero en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Quinto de Tarija.

Cerca del mediodía del miércoles se pronunciaron los abogados de Morales. Carlos Romero y Jorge Pérez desde Santa Cruz saludaron el fallo de la jueza Moreno.

“El expresidente puede salir y circular por todo el territorio nacional y trasladarse a cualquier lugar del planeta que él desee”, dijo Pérez.

Desde Cochabamba, Nelson Cox fue más allá y advirtió que con la nueva resolución el líder cocalero incluso puede procesar a la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, quien encabeza la investigación en su contra.

Respuestas

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, rechazó el dictamen y también aclaró la situación del proceso: hay dos resoluciones de acciones constitucionales, una en Santa Cruz y otra en La Paz. Una deja sin efecto la aprehensión, la otra le dice al Ministerio Público que prosiga.

“Ambas tienen el mismo peso, ambas son de cumplimiento inmediato hasta que vayan en revisión al TCP. Sin embargo, nuestra postura es clara y no podemos dejar en indefensión a las víctimas con resoluciones de jueces que no están comprometidos con la niñez y adolescencia”, aseveró, al anunciar que habrá un pronunciamiento como Órgano Judicial.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, comprometió una revisión del auto y advirtió que esta instancia “será tajante” si debe sancionar a la jueza Moreno, en caso de que haya fallas en su resolución.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, calificó el fallo como una “payasada”, dijo que es nula de pleno derecho porque debe prevalecer la acción de libertad emitida en La Paz.

“Esto está tipificado como desobediencia a resoluciones de acciones de libertad, que tiene una pena de dos a seis años. No puede ser que de un plumazo se deje sin efecto todo un proceso sin dar justicia a las víctimas. Esta juez está pretendiendo que las víctimas vayan al Trópico para poder defenderse”.

La respuesta de Morales Ayma se hizo esperar hasta cerca de las 20.00.  En sus redes sociales escribió que siente “que llegó la justicia”, agradeció a quienes lo respaldan y criticó a las autoridades judiciales que “prevarican” al cuestionar la resolución.

Desde el inicio del proceso tanto el exjefe de Estado como sus abogados y allegados lo calificaron como una persecución política, también cuestionaron el procedimiento, pero evitaron responder si es cierto o no que haya tenido una hija con una menor de edad.

En la mira afinidad de Moreno con Evo

Desde que se publicó el auto emitido por la jueza Lilian Moreno, todos los medios fueron a buscar a la autoridad, pero ninguno pudo encontrarla. Desde el martes pidió licencia y no se presentó al juzgado. Algunos incluso la buscaron en su domicilio, pero sin suerte.

Sus críticos la acusaron de “devolver favores” a Evo Morales, pues habría sido parte de su Gobierno. Sus declaraciones juradas en la Contraloría muestran que fue asesora general del Gobierno Regional del Gran Chaco en 2010, jefa distrital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Tarija el 2012, jefa del departamento jurídico y profesional del SIN en Santa Cruz entre 2013 y 2014, además de jefa de la unidad jurídica de ENFE en 2018. Asumió como jueza alrededor de octubre de 2019.