En 15 días denunciaron a cinco menores por agresión sexual

En los últimos 15 días el sistema de justicia reportó en Tarija denuncias contra cuatro menores de edad por agresiones sexuales, y los implicados también tienen menos de 18 años. Se comprobó que uno de esos casos fue una violación grupal que ocurrió dentro de una institución educativa. Hasta el momento hay tres imputados guardando detención preventiva.

Paralelamente, las instituciones plantean investigar cuál fue el rol de las autoridades educativas como garantes de derechos de las víctimas y llaman a las familias a prestar más atención a señales que permitan detectar que sus hijos e hijas puedan ser víctimas o agresores.

Los datos corresponden a una recopilación de casos atendidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de San Lorenzo y Cercado, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) durante la segunda quincena de octubre.

Ataques grupales

Dos de los hechos corresponden a agresiones grupales.

El 27 de noviembre se instaló una audiencia cautelar donde se determinó que dos adolescentes de 15 y 17 años fueran enviados al Centro Oasis con detención preventiva, como presuntos autores de una violación grupal a un menor que actualmente tiene 13, a quien habrían agredido desde febrero del 2023. Estas vejaciones ocurrieron en un internado del municipio de San Lorenzo.

La imputación apunta a que los sospechosos inicialmente obligaron a su víctima a ver videos pornográficos para luego cometer la violación. Posteriormente lo amenazaron para que él agreda a otro menor mientras lo filmaban. Es decir que hay una segunda víctima.

Esa grabación les sirvió para chantajearlo con mostrar el video si es que los denunciaba.

A mediados de octubre el adolescente no pudo contenerse más y le contó todo a su madre, quien sentó la denuncia.

El otro caso se registró en Cercado. La DNA reportó que dos estudiantes de secundaria fueron denunciados por una tentativa de violación a otro adolescente del mismo grado.

La identidad de los implicados y el nombre de la unidad educativa se guardan bajo reserva en resguardo de la víctima. Pero la DNA confirmó que ya se derivó el caso al Ministerio Público y se prevé que la siguiente semana pueda haber una imputación formal.

Además, la familia habría manifestado que las autoridades de la institución conocían de la agresión, pero no aplicaron el protocolo que manda reportar el hecho y aplicar medidas de protección. Esto aún está en investigación.

Acecho

El 22 de octubre la madre de una niña de 12 años denunció que la menor había sido captada a la salida de clases por un sujeto, quien después la violó. Cuando al día siguiente se reportó el caso todavía se desconocía la identidad del agresor, incluso la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, lo conminó a presentarse voluntariamente para no agravar su situación.

Días después se descubrió que el presunto implicado es un adolescente de 17 años, quien fue imputado formalmente y su audiencia cautelar instalada el pasado fin de semana también concluyó con una detención preventiva en Oasis.

Al respecto, todas las instituciones, Policía, Fiscalía, DNA y Dirección Departamental de Educación (DDE) apuntaron la necesidad de dar celeridad a los procesos, pero también coincidieron llamando a las familias a tener mejores relaciones con los menores, para evitar que se conviertan en víctimas o agresores.

Procesos a menores deben ser cortos

El Código de Niño, Niña y Adolescente establece que los menores que tienen entre 14 a 18 años que cometen un ilícito ya enfrentan un proceso penal, pero diferenciado.

La normativa vigente manda primero un principio de celeridad, los plazos son más cortos que en los que enfrentan adultos. Tras una imputación y audiencia cautelar los investigadores tienen 45 días para la investigación de la etapa preparatoria, presentar o descartar una acusación que lleve a un juicio, el cual también debe programarse con prioridad.