Destituyen a fiscal departamental, indagaba a Evo por caso de trata y tráfico

Poco después de las 20:00 horas de este miércoles, en puertas del Ministerio Público, Sandra Gutiérrez Salazar informó que fue destituida como fiscal departamental de Tarija. Ella denunció que el fiscal general, Juan Lanchipa, la apartó para supuestamente encubrir y evitar la aprehensión de Evo Morales Ayma, en marco de una denuncia por trata y tráfico.

Una comisión de tres fiscales investigaba al exmandatario por una presunta relación que mantuvo con una adolescente de 15 años. Aunque Morales Ayma, como principal aludido, no se pronunció, su equipo jurídico habló con los medios y aseguró de que se trata de “un caso armado”, como parte de una persecución política liderada por el Gobierno nacional.

Apertura del caso

La ahora exfiscal Gutiérrez detalló que el proceso arrancó el 26 de septiembre, con una denuncia por el presunto delito de trata y tráfico. Aunque evitó dar las fechas y cualquier dato que revele la identidad de la víctima, dijo que ocurrió en provincia cuando la menor tenía 15 años.

La Fiscalía de Tarija emitió orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales

En medios y redes sociales se especuló sobre el contexto, debido a que ya hubo más de una denuncia por este tipo de delito contra Morales. Aunque la mayoría de las versiones coinciden en fijar el caso entre el 2016 y 2018, cuando aún era presidente.

Por el nivel de complejidad, se conformó un equipo de fiscales, con Phamela Obando, Antonio Guerrero y Andrés Soruco, que estaría a cargo de las investigaciones. Los tres firmaron la orden de aprehensión, en virtud a los elementos recolectados en la etapa preliminar. No solo contra el expresidente, sino también contra familiares de la víctima.

¿Qué dice la orden de aprehensión de la Fiscalía contra Evo Morales por estupro y trata de personas?

Según la exfiscal, antes de que se notificara a la Policía para proceder con la búsqueda, la información se filtró al entorno del expresidente. “Una mujer, sin un poder legal, y un abogado presentaron un recurso de acción de libertad ante la Justicia en Santa Cruz. Tras la audiencia, la orden de captura quedó sin efecto.

“Ese caso no se toca”

Gutiérrez denunció que esta semana se puso en marcha una persecución contra ella y parte del equipo asignado al caso, liderada por el Fiscal General, quien está a 19 días de dejar el cargo.

“En su momento voy a demostrar con pruebas lo que Juan Lanchipa Ponce me habló, de una forma tan grosera, indicándome ‘te he dicho que dejes ese caso, ese caso no se toca’ (…) Ahora me acaban de notificar que dejo de ser fiscal departamental”, aseveró.

En su relato, dijo que cuando el Fiscal General se enteró del caso le envió un instructivo ordenándole disolver la comisión de investigadores y entregar todos los documentos a la directora nacional de la Unidad de Delitos en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, y a su asistente, Ricardo Caballero.

Posteriormente, los fiscales de la comisión recibieron un memorándum de despido, menos Phamela Obando. Además, no se les habría permitido ni siquiera sacar sus pertenencias o acceder a sus computadoras.

Gutiérrez agregó que Lanchipa le ordenó presentar su carta de renuncia. Momentos después de negarse fue destituida y se le impidió ingresar a su despacho. Consideró que los trataron “como a delincuentes”.

Ante la pregunta de si considera que Lanchipa trata de encubrir a Morales, dijo “con seguridad que sí, aunque no tenemos pruebas, esto es porque sabían que el caso iba a avanzar”.

Finalmente, no descartó llevar este hecho ante organismos internacionales, para demostrar que incluso los actuales responsables del caso admitieron haber recibido una orden de no investigar.

“Caso armado”

Para la abogada del exmandatario, Cecilia Urquieta, no hay evidencia que acredite el delito. A través de la Red Uno, aseguró que es “un caso armado, como tantos otros”.

La jurista atribuyó la denuncia a Melania Torrico, quien fuera funcionaria del Ministerio de Gobierno durante uno de los mandatos de Evo Morales, pero que ahora es crítica del líder del MAS.

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, fue más allá y llamó a una conferencia para denunciar un supuesto plan de captura contra Morales Ayma, consistente en el desplazamiento de Policía, Fuerzas Armadas e incluso aeronaves en el Trópico de Cochabamba.

Ambos indicaron que no se cumplieron los procedimientos y que el proceso avanzó “extrañamente” rápido, al igual que otros que iniciaron tras la marcha evista.

Al respecto, Gutiérrez en contacto con El País negó que Torrico sea la denunciante y apuntó que el caso en realidad se desprende de un informe de Inteligencia. También descartó el supuesto operativo, porque la orden de captura era aún confidencial, solo lo conocía ella y su equipo.

La situación jurídica de Evo Morales

La información sobre el inicio de este proceso salió a la luz este miércoles, el mismo día que el gobierno de Javier Milei, comunicara públicamente que Evo Morales Ayma dejaba de gozar de la condición de refugiado en la República de Argentina. El exmandatario Alberto Fernández lo acogió desde diciembre del 2019.

A esto se suma la investigación por presuntas irregularidades que envuelven a la vagoneta en la que se vio a Morales durante la última marcha, pero también en ocasiones anteriores. Para el exmandatario, todo esto devela una persecución de parte de Luis Arce.

La batalla legal también alcanza a los entornos y colaboradores tanto del expresidente como del actual jefe de Estado.