La Federación de Campesinos presentó la denuncia el 2021
Hasta el 2024 suspenden un juicio oral contra el Alcalde de Tarija
El Alcalde de Tarija fue denunciado por el delito de sedición, por las movilizaciones dadas a finales del 2021 en contra de la ley de ganancias ilícitas
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que se suspendió hasta enero la audiencia por un proceso que se le sigue por un supuesto hecho de sedición, denunciado por la Federación de Campesinos a finales del 2021, cuando la población tarijeña se movilizó en rechazo de la Ley 1386 de “Legitimación de ganancias ilícitas”.
“Se suspendió la audiencia hasta el 15 de enero. Por supuesto que es una persecución política, un proceso que no tiene nada que ver con la realidad, de manera permanente hemos convocado a la paz, a la tranquilidad, a que los problemas se deben solucionar hablando, pero bueno así están las cosas, nadie dijo que este trabajo iba a ser fácil y nos vamos a defender”, informó a la prensa.
A finales del 2021 la población de todo el país se movilizó contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.
“Ya entró a la etapa de juicio oral el proceso por sedición (…), es por las marchas del pueblo tarijeño contra la Ley 1386, cuando el pueblo de Tarija decidió levantarse y protestar en contra de una ley que era injusta, a partir de ahí el ejecutivo de la Federación de Campesino nos inició un proceso por sedición y otros delitos más, que son totalmente injustos”, explicó Torres.
Tras varios días de masivas movilizaciones en los nueve departamentos, el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, 16 de noviembre del 2021, abrogó la normativa.
Un segundo proceso
El Alcalde de Tarija precisó que afronta un segundo proceso por el tema de la Estación Policial Integral (EPI) Central, que igual, asegura, no tiene ningún sustento legal, porque solo hizo cumplir las normas vigentes al frenar una construcción ilegal.
“Imagínense ustedes que la Policía hace una pared clandestina y el propio Municipio tiene como competencia demoler toda construcción clandestina, y todavía señala como una agravante cuando se daña el patrimonio de la ciudad, nosotros detenemos esa construcción y nos inician un proceso por destrucción de bienes del Estado, ¿qué bienes del Estado se han destruido? si eso era una construcción clandestina, más bien la ley dice que se destruya, que se demuele (…)”, explicó.