Menores víctimas de violencia deben esperar años por justicia

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Cercado contabilizó, en lo que va de la gestión, un total de 23 sentencias condenatorias de procesos penales por delitos cometidos en contra de menores de edad. Sin embargo, algunos de esos casos son por hechos cometidos incluso hace ocho años atrás. Lo que devela que las víctimas deben esperar años justicia. La carga procesal es una de las justificaciones.

El director municipal de la Familia, Waldo Tarifa, dio el reporte y dijo que desde enero hasta la primera quincena de junio se obtuvieron 23 sentencias que corresponden a diferentes tipos de agresiones físicas y sexuales. De ese total, ocho condenas fueron obtenidas durante mayo.

El Código de Procedimiento Penal en su artículo 133 indica que el plazo máximo de duración de un proceso es de tres años, a riesgo de pueda extinguirse la causa. En caso de cumplirse los tiempos establecidos en la norma para cada etapa, los dictámenes podrían llegar antes de un año. Sin embargo, la saturación del sistema judicial lo impide.

Plazo: El Código de Procedimiento Penal en su artículo 133 indica que el plazo máximo de duración de un proceso es de tres años

“Incluso teníamos casos que venían desde el 2016. Evidentemente la recarga procesal ha hecho que los procesos se retrasen. Nosotros desde el área penal, si bien no podemos evitar que se retrase, tratamos que los procesos no se queden ahí, que haya el movimiento en las causas y eso se logra a través de la proposición de diligencias investigativas”, declaró.

El funcionario se refirió a la problemática, indicando que hay casos en los que los agresores gozan de libertad durante todo el proceso, ya sea con medidas sustitutivas a la detención preventiva o porque se dieron a la fuga y se los declaró en rebeldía. Esa recarga procesal que retrasa las causas por varios años provoca que los sindicados piensen que ya no se los persigue.

En ocasiones, son los familiares de las víctimas quienes realizan seguimiento por su cuenta y proveen de información a las autoridades para conseguir las capturas de los implicados.

“Hemos tenido diferentes casos, en algunos los denunciados estaban con detención preventiva, otros declarados rebeldes. Hay veces que los agresores están en rebeldía durante mucho tiempo hasta que llegan a pensar que ya ni los buscan y se confían. En esos casos hemos coordinado con la Policía, a veces con la familia también y se los ha aprehendido. Como ya había una acusación formal, se los llevó directo a juicio”, detalló.

Apoyo del entorno familiar

Tarifa indicó que el área jurídica de la DNA trata de sumar a la investigación proponiendo diligencias que permitan obtener elementos de prueba. Sin embargo, también atribuyó responsabilidad al entorno de los menores, que son víctimas de agresiones, para que presenten la denuncia.

“Que los familiares que conozcan el hecho no resguarden la agresión, que se atrevan a denunciar y pidan que se investigue. El momento que ocultan y callan para proteger al agresor están generando una situación de vulnerabilidad para los menores. Tenemos que propender a que en la familia encuentre ese menor un referente de apego, de confianza, alguien que lo escuche”, exhortó.

Al concluir, la autoridad señaló que no existe un solo rango de edad que sea más vulnerable a las agresiones, existen víctimas infantiles y adolescentes. Los que se mantiene como una constante es que la violencia es ejercida por personas del entorno familiar y cercano de los menores.

Hay más denuncias que las sanciones

Desde enero hasta el 22 de diciembre del 2022 la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) obtuvo un total de 48 sentencias. Las autoridades de esta unidad reportan un incremento de condenas en comparación al 2021, pero también se incrementaron las denuncias.

Hasta el cierre de la gestión pasada hubo más de 3.000 denuncias por diferentes tipos de agresión. Aproximadamente la mitad corresponden a procesos para el pago de asistencia familiar que no se procesan penalmente. Entre los restantes, la mayor parte es por agresiones sexuales y físicas que sí están tipificados como delitos penales con el agravante de que las víctimas son infantes y adolescentes.