Por inseguridad, piden garantizar las cámaras en los colegios

La denuncia por un caso de abuso sexual al interior de una unidad educativa en Santa Cruz ha generado repercusión a nivel nacional sobre las condiciones de seguridad que existe en las escuelas, en el caso de Tarija durante el 2023 se han registrado denuncias por delitos sexuales cometidos por maestros, bullying e intentos de secuestro, sin que hasta la fecha funcionen los sistemas de videovigilancia en cada establecimiento.

En cuanto a agresiones sexuales entre estudiantes, en la gestión no se registraron casos, pero sí en noviembre de 2022 cuando un adolescente de 12 fue denunciado por tocar las partes íntimas de niñas menores.

Incremento Sumando los casos por delitos sexuales y de violencia ejercida por maestros, la Dirección Departamental de Educación cuenta más de una decena de reportes

El director distrital de Educación, Guillermo Cincko, informó que se realizan desde inicios de junio inspecciones. La autoridad explicó que las alcaldías tienen la obligación de instalar estos dispositivos en resguardo de la integridad de los alumnos.

“Es responsabilidad de cada gobierno municipal instalar cámaras en todas las unidades educativas, las mismas deben estar funcionando con la finalidad de precautelar por la seguridad de nuestros estudiantes”, señaló.

La autoridad añadió que existen escuelas donde existen los dispositivos, pero que no todos funcionan o que los padres de familia compraron por su cuenta.

El País intentó obtener el reporte de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, sin obtener una respuesta.

Inseguridad en las escuelas

Contrario a la idea de que la inseguridad se encuentra en la calle y los agresores son personas extrañas, los datos oficiales del Ministerio Público y la Policía indican que la mayoría de los delitos atendidos corresponden a casos de violencia dentro del hogar, pero ahora también se incrementaron los hechos dentro de los colegios.

En cuanto a las agresiones cometidas por los mismos estudiantes, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) contabilizó el reporte de cinco unidades educativas que pidieron la intervención de las autoridades para resolver denuncias de bullying con víctimas que ya no querían asistir a clases.

A fines de la gestión pasada las autoridades educativas reportaron que en una escuela un adolescente de 12 años fue denunciado por abusar tocando las partes íntimas de niñas de 7 a 9 años. Por la edad del agresor, únicamente ameritó el inicio de una investigación interna, la solicitud de que se lo ingrese a terapia y de que se lo transfiera a otro colegio.

La Policía y la DNA también investigan a un menor que la pasada semana ingresó con un arma calibre 22 que estaba cargada. Los avances del caso muestran que obtuvo la pistola de un familiar.

Entre las denuncias más recientes se encuentra la que enfrenta un maestro de música de la unidad educativa Aniceto Arce por el presunto abuso de tres estudiantes.

Sumando los casos por delitos sexuales y de violencia ejercida por maestros, la Dirección Departamental de Educación cuenta más de una decena de reportes. Al menos dos ya concluidos con orden de suspensión.

A fines de mayo, una menor de edad se salvó de ser raptada gracias a la intervención de sus familiares, luego de que una desconocida tratara de llevársela mientras su madre recogía a su hermana.

Guillermo Cincko mencionó que recopilación de los datos ya obtenidos fueron enviados a la Defensoría del Pueblo a fin de que realice seguimiento a que la alcaldía dé la orden de reparación y que asigne recursos en el Plan Operativo Anual (POA) del siguiente año para el funcionamiento de las cámaras en todas las escuelas.

La prevención es clave en todo sentido

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) casos de diferentes tipos de agresión entre estudiantes al interior de unidades educativas del municipio. Esos reportes corresponden a hechos de gravedad. Sin embargo, todas las semanas el equipo de la Unidad de Prevención atiende requerimientos de escuelas donde el plantel nota comportamientos que pueden agravarse.

El protocolo indica que al llamado de un colegio acude el equipo multidisciplinario para realizar un diagnóstico compuesto de un informe social y psicológico, en principio con los estudiantes, luego con los docentes y padres de familia.