Abogados temen que ley dé injerencia sobre la Justicia

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Óscar Vargas, se pronunció el martes en contra del proyecto de ley 21/2021, que habría sido presentado por parte del Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Asegura que la propuesta de normativa busca generar una injerencia en el manejo de los recursos y comunicaciones del Órgano Judicial.

“Nos preocupa como abogados colegiados y hemos tenido una reunión a nivel nacional (…) Hemos hecho un análisis y nos preocupa que se está tratando de generar una injerencia directa para que el Órgano Ejecutivo tenga directa injerencia en el manejo de recursos, designación de jueces, manejo de plataformas informativas y audiencias”, declaró.

Además, dijo que también se pretende quitar la competencia a los colegios departamentales de abogados de procesar a profesionales del derecho que hayan incurrido en faltas de ética, que es una atribución que se les da mediante la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía, que fue promulgada por Evo Morales y se encuentra en vigencia.

Este proyecto señala que, si los tribunales de ética no emiten un fallo en un plazo de 60 días, el caso será remitido al Ministerio de Justicia y allí se definirá si se sanciona o no al procesado.

El presidente del ente colegiado señaló que ya se remitieron cartas a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asociación de Magistrados para que emitan los correspondientes pronunciamientos, debido a que en el proyecto se plantea la posibilidad de que el Presidente del Estado pueda designar personal de confianza, para el funcionamiento de los tribunales departamentales que no esté a cargo de juzgar, pero sí de tomar decisiones en temas administrativos y designación de autoridades jurisdiccionales.

“Pedimos a la Cámara Baja que no se trate y a las brigadas parlamentarias les solicitamos una reunión para que los colegios de abogados sirvan de control social, para el análisis de las normativas y que estas situaciones no se repitan. La propia Ley de Abogacía manda al Ministerio de Justicia coordinar con los colegios, pero vemos que no se cumple”, agregó a tiempo de señalar que esto genera el riesgo de que el Ejecutivo tenga acceso a toda la información de los procesos.