Suspenden audiencia en caso estafa de $us 80 mil a víctimas

Víctimas de estafa lamentan que por cuarta vez se haya suspendido la audiencia cautelar en contra de los representantes de una empresa quienes están imputados por sonsacarles dinero por un monto cercano a los $us 80 mil con el pretexto de que les financiarían la construcción de viviendas sociales; como pretexto estos sujetos y sus abogados argumentan tener sospecha de Covid-19.

En este caso existen tres personas imputadas por el delito de estafa agravada con víctimas múltiples. Se trataría de dos socios de la empresa IMER y un tercero de una empresa constructora.

La denuncia e imputación señalan que los sujetos habrían obtenido dinero de los socios de diferentes sindicatos ofreciéndoles créditos con facilidades de pago, sin que desde hace varios años se les haya devuelto ni dado los beneficios ofrecidos.

Ahora, con el fin de alargar el proceso, estarían presentando diferentes recursos para evitar que se instale la audiencia de medidas cautelares, donde se debería definir su situación legal y la autoridad jurisdiccional podría enviarlos con detención preventiva al penal de Morros Blancos.

Es así, que desde la primera programación de dicha audiencia se notó la ausencia de los imputados o sus abogados defensores. Para argumentar su inasistencia estarían señalando que tendrían una sospecha de contagio de Covid-19, por lo que la autoridad dispone una reprogramación.

Las víctimas denunciaron que la intención sería evitar que los imputados sean detenidos y que el proceso avance regularmente, por lo que repudiaron que se esté empleando este tipo de recursos legales, pues además de las ausencias también presentaron incidentes para detener el caso. Sin embargo, los mismos fueron rechazados.

Antecedentes

El informe da cuenta que estos hechos se habrían producido en las gestiones 2015, 2016 y 2017, cuando los imputados en primera instancia ofrecieron a las víctimas créditos a bajo costo, con bajo interés y con años de gracia para la construcción de viviendas sociales.

Pero hasta la fecha no han recibido ningún terreno y prácticamente todos los contratos que se habrían firmado con los dueños de los terrenos se habrían anulado porque los tramitadores, ahora imputados, no habrían logrado ingresar al país dinero del exterior, que supuestamente era como trabajaban.