Patricia Romero fue enviada a la cárcel de Morros Blancos

Tras una audiencia virtual de casi tres horas, Patricia Romero Pacello (31) fue enviada con detención preventiva al penal de Morros Blancos, además de que se ordenó la anotación de todos los bienes a su nombre y el congelamiento de sus cuentas. Esto mientras se desarrolla la investigación en su contra por el delito de estafa agravada a más de 250 personas.

El dictamen fue emitido por el juez Gustavo Taboada, a la cabeza del Juzgado Cautelar Segundo de la Capital.

“Se ha demostrado que la señora era con probabilidad la autora de este delito. Vamos a hacer el acompañamiento al Ministerio Público para que se pueda averiguar el destino de este dinero que mucha gente en Tarija, La Paz, Sucre, Santa Cruz y hasta fuera del país han entregado”, dijo el abogado Ricardo Juárez, como defensa de un grupo de víctimas.

Debido a las altas sumas de dinero que se habría estafado a las víctimas, el mencionado pide que se investigue a todo su entorno familiar donde se encuentra la delegada departamental de la Defensoría del Pueblo, Carola Romero, y su cuñado, el director departamental de Gestión de Riesgos, Ember Montellanos, a quienes la imputada habría mencionado en varias oportunidades. 

Supuestamente estas personas garantizaban compras a la empresa Aidisa donde ella trabajaba y ofrecía inversiones.

“Consideramos que tienen que ser considerados en las investigaciones, todos en su círculo más cercano. Uno al ser funcionario público tiene que responder”, agregó.

Hasta la hora de ingreso a la audiencia, la defensa de la imputada intentó plantear un recurso de nulidad. También habrían argumentado que Romero tendría algún desequilibrio psicológico para acceder a una detención domiciliaria, pero no se habría demostrado esta situación y al momento se encontraría estable.

“Ya han declarado personas cercanas a la imputada, como la niñera, que también es víctima, y ha dado a conocer datos muy importantes sobre el comportamiento de la imputada. Está estable actualmente, se ha alegado en algún momento un tipo de discapacidad en el tema de la personalidad. Pero no se ha podido demostrar”, dijo el abogado Limbert Martínez, en representación de otro grupo.

En cuanto a la suma total, hasta el momento no existe un dato exacto debido a que constantemente se incrementa el número de víctimas, pero se habla de cerca de $us 3,5 millones.

Además, se espera comprobar cuántas personas más estarían involucradas, algunas de las sospechas apuntan a su esposo J.S.C. quien abandonó la ciudad en pasados días con sus dos hijas.

Mientras tanto, la empresa Aidisa solo ratificó no tener actualmente vínculos con la imputada, pero no presentó ningún recurso legal.