Por abrogación de Ley de Áridos
Batalla judicial en San Lorenzo, Alcalde denuncia a concejales
En septiembre los legisladores dejaron sin efecto la normativa indicando que incumple disposiciones nacionales, según el Alcalde esta medida causa un daño económico al municipio.



Continúa la batalla judicial entre el alcalde de San Lorenzo, Miguel Ávila Navajas, y la directiva del Concejo Municipal, esta vez con la formalización de una denuncia por parte del ejecutivo en contra de los legisladores por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de conducta antieconómica.
A mediados de septiembre el Concejo aprobó la abrogación de la Ley de Extracción de Áridos. Según la presidenta del ente legislativo, Miriam Velásquez, porque esta norma no fue consensuada y no estaría enmarcada en la Ley Nacional 3425, que reglamenta la extracción y aprovechamiento de áridos y agregados. Ávila dijo que dejar sin efecto esta norma causa un daño económico al municipio.
“No sé con qué criterios han anulado la Ley y esto ha ocasionado un daño económico a San Lorenzo, además que nos deja sin norma y eso permite que cualquier particular explote los áridos (…) Solo en contratos expectantes firmados, por ejemplo a empresas que están asfaltando, supera los $us 5 millones”, dijo.
Ávila aseguró que esta ley cumplía con las disposiciones nacionales y que incluso otros municipios de Bolivia la tomaron como modelo. Declaró también que la abrogación de la norma responde solo a intereses políticos porque la norma recuperaba patrimonio municipal.
El alcalde aseguró que por el momento están paralizadas algunas obras de asfaltado por falta de desembolsos desde el Gobierno nacional, pero que una vez que asuman las nuevas autoridades electas se reactivarán los proyectos.
De acuerdo a la denuncia presentada en el Ministerio Público, la misma estaría en contra de los cuatro miembros de la directiva. El fiscal anticorrupción, Aldo Corrillo, informó que por el momento dicha denuncia se encuentra en etapa preparatoria para verificar si hay suficientes indicios sobre la comisión del delito.
Por su parte, la concejal Velásquez dijo que esta denuncia sería infundada, pues ratificó que correspondía la abrogación de la Ley. Afirmó que la presentación de esta denuncia sería una represalia por parte de Ávila por las tareas de fiscalización desde el Concejo a su gestión.
Los concejales municipales anteriormente presentaron otras denuncias en contra de Ávila Navajas por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; en todos ellos ya se cuenta con una imputación formal.