Lo que los bloqueos no bloquean:
¿Es ilícito tener dinero en efectivo en Bolivia?
Entre junio de 2025 y junio de 2026, la banca desembolsó un mínimo de Bs 1.030.223.250 a empresas con capitales extranjeros, accionistas en paraísos fiscales o vínculos con figuras políticas. En el mismo período, el Estado incautó Bs 12.030.600 en efectivo vinculado a protestas sociales.
Desde el inicio de las movilizaciones sociales de 2025 y 2026, unas como expresión de descontento de varios sectores sociales contra la gestión de Luis Arce Catacora, y otras contra la de Rodrigo Paz Pereira, el gobierno articuló dos ejes simultáneos.
Por una parte, se han reportado varias detenciones de personas que llevaban consigo sumas de dinero en efectivo, de diversa cuantía, alegando que los portadores no explicaron nítidamente su origen. Por otra parte, simultáneamente, hay un silencio institucional instalado ante los masivos desembolsos de la banca boliviana hacia empresas con capitales extranjeros o vínculos políticos documentados.
Con datos, el efectivo incautado en operativos documentados entre junio de 2025 y junio de 2026 asciende a Bs 12.030.600 (alrededor de USD 1,74 millones, a tipo de cambio oficial). Los préstamos de la banca boliviana a empresas con capitales extranjeros o vínculos políticos en el mismo período es de Bs 1.030.223.250 (más de USD 148 millones).
Ninguna de esas dos cifras fue investigada con la misma intensidad. Las primeras fueron exhibidas en conferencias de prensa; las segundas permanecen sin investigación oficial pública.
Para la analista Edith Gálvez, asidua colaboradora de El País, “el monto de los préstamos supera en más de 85 veces el total del efectivo incautado en todos los operativos. Esa proporción muestra hacia dónde apunta el escrutinio institucional y dónde no. ¿Existe en Bolivia un estándar único de escrutinio para el dinero, aplicado por igual a todos los actores económicos? La respuesta que emerge de los datos públicos verificados es que no”.
Los detenidos: cronología, montos y vacíos de información
Los siguientes cuadros consolidan todos los casos documentados de detenciones por tenencia de efectivo vinculada a las protestas entre junio de 2025 y junio de 2026, y los totales de detenciones y montos incautados en cada gestión de gobierno en el mismo periodo.
Ningún nombre individual ha sido publicado oficialmente por la Fiscalía ni la Policía en la mayoría de los casos. No existe un registro público consolidado con fechas, montos, cargos formales y estado procesal de cada caso.
Un dato del ordenamiento jurídico boliviano vigente es que en Bolivia no existe ninguna norma que prohíba portar dinero en efectivo. La tenencia de billetes, cualquiera sea su monto, no constituye por sí misma un delito. La carga probatoria sobre el origen ilícito del dinero recae sobre el Estado, no sobre el ciudadano.
“La comunicación oficial invirtió esa lógica”, señala Gálvez. “La sola posesión de efectivo en contexto de protesta fue presentada públicamente y aceptada por el Escudo de las Américas el 5 de junio de 2026 como prueba de financiamiento criminal, antes de que ningún tribunal emitiera condena alguna”.
Efectivo en Bolivia: historia, desconfianza y cultura económica
Para comprender el significado de portar efectivo en Bolivia, es indispensable un contexto histórico que la comunicación vinculada a las acciones gubernamentales omitió sistemáticamente.
Bolivia tiene una de las economías más informales de América del Sur. La desconfianza hacia el sistema bancario formal tiene raíces profundas, documentadas y multigeneracionales. La hiperinflación del período de la Unidad Democrática y Popular (UDP, 1982–1985), que llegó a superar el 24.000% anual bajo el gobierno de Hernán Siles Zuazo, dejó una marca indeleble: el dinero depositado en un banco podía perder su valor en horas. Desde entonces, guardar billetes físicos, en moneda nacional o extranjera, es una práctica extendida de gestión del riesgo, no necesariamente una señal de actividad ilícita.
A esa memoria histórica se suma el proceso de desdolarización emprendido durante los gobiernos del MAS desde 2006, que incentivó el uso del boliviano, pero no eliminó la desconfianza estructural hacia las instituciones financieras que, desde la promulgación de las Leyes Blattman durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, se les dio virtuales dio poderes de confiscación. Las retenciones bancarias por impuestos, aportes al sistema de pensiones o embargos judiciales que pueden inmovilizar fondos sin notificación previa y antes siquiera de iniciar un juicio, reforzaron la preferencia por el efectivo como reserva de valor inmediatamente disponible.
El contrabando y la economía informal, que según estimaciones de la CEPAL representan entre el 35% y el 45% del PIB boliviano, operan casi exclusivamente en efectivo, tanto en bolivianos como en dólares. En regiones de frontera, en el Chapare, en los mercados de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, la transacción en billetes es la norma.
La brecha cambiaria agrava el problema. Con un tipo oficial de Bs 6,96 por dólar y un tipo paralelo que alcanzó los Bs 20 en el período analizado, quien tiene ahorros en bolivianos enfrenta incentivos racionales para convertirlos a dólares físicos y custodiarlos fuera del sistema bancario. “Eso no es lavado de dinero”, advierte Gálvez. “Es gestión del riesgo en una economía con una brecha cambiaria del 100%. La UDP y la desdolarización dejaron huella profunda. En Bolivia, el billete en la mano es, para muchos ciudadanos, la única reserva de valor que no depende de una institución que mañana puede cambiar sus reglas. Criminalizar el efectivo en Bolivia sin este contexto es criminalizar la historia económica del país”.
Dos normas abrogadas
El Decreto Supremo 5503
Promulgado el 17 de diciembre de 2025, el DS 5503 declaró la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social. En sus artículos 38 a 44 establecía el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores, que obligaba a pequeños comerciantes con ventas menores a Bs 250.000 anuales a formalizarse y a “aceptar el uso de instrumentos electrónicos de pago”. Las comisiones bancarias por transacción oscilaban entre el 2% y el 3%. Transcurridos tres años, esos emprendedores pasarían al régimen general (IVA 13%, IT 3%, IUE 25%), multiplicando hasta seis veces su carga tributaria.
El DS 5503 fue reemplazado en enero de 2026 por el DS 5516, que eliminó los artículos más resistidos. El régimen de bancarización obligatoria de emprendedores fue uno de los puntos abrogados.
La Ley 1720
Promulgada el 10 de abril de 2026, la Ley 1720 de Reconversión de Tierras autorizaba al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales tituladas en medianas propiedades, permitiendo que esas tierras fueran utilizadas como garantía bancaria para acceder a créditos. El trámite era gratuito y debía realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles.
Las organizaciones campesinas e indígenas y la Fundación TIERRA señalaron que la ley levantaba la condición de inembargabilidad de la pequeña propiedad y la exponía al sistema crediticio como colateral, abriendo la puerta al endeudamiento rural y, en caso de incumplimiento, a pérdida de tierras ancestrales. Tras marchas de hasta 100 kilómetros desde la Amazonía hasta La Paz, la ley fue abrogada por el Congreso el 9 de mayo y promulgada la abrogación por el presidente Paz el 13-14 de mayo de 2026.
“El trasfondo estructural de ambas normas es claro”, señala Gálvez. “Los mismos bancos que cerrarían comisiones sobre cada transacción electrónica de los emprendedores y que recibirían nuevos colaterales rurales para créditos son los que ya venían prestando cientos de millones de bolivianos a Gravetal, Prolega e Illapa, financiados a su vez con el ahorro previsional de los propios trabajadores. El círculo es el mismo en todos sus extremos, eran normas para la banca, que el año 2025, en plena crisis sistémica ganó centenas de millones de dólares, mientras el resto de la población ajusta sus presupuestos a la baja”.
Los préstamos: más de 1.000 millones sin investigación
En el mismo período en que el gobierno reportó las incautaciones de efectivo, los registros de Hechos Relevantes comunicados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) documentan la siguiente secuencia de desembolsos de crédito hacia empresas con accionistas extranjeros o vínculos políticos documentados.
Gravetal Bolivia S.A.: Bs 492.769.000
La empresa procesadora de soya más grande del país tiene como accionistas principales a Juan Valdivia Almanza, ex diputado, y Katherina Gumucio Stambuk, ex delegada presidencial bajo el gobierno de Evo Morales. Entre el 27 de noviembre de 2025 y el 29 de mayo de 2026, obtuvo un mínimo de Bs 492.769.000 en préstamos bancarios. En apenas 15 días (16 al 31 de marzo de 2026), contrató Bs 224,9 millones con tres bancos, equivalente al 36% de todos sus préstamos bancarios de todo 2024.
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Juan Valdivia Almanza es padre de Eduardo Valdivia Zambrana, accionista principal del periódico Los Tiempos de Cochabamba y del Banco Pyme de la Comunidad. Gravetal es uno de los principales clientes de Ferroviaria Oriental (FOSA), según los prospectos de bonos de esa empresa, generando un riesgo de concentración que afecta directamente al Fondo de Pensiones boliviano.
Nutrioil S.A.: Bs 280.000.000 en préstamos con accionista de fondos de inversión
La Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A. es también uno de los principales clientes de FOSA, según los registros de ingresos de la empresa. Entre marzo y abril de 2026, en medio de los paros nacionales, Nutrioil contrató al menos Bs 280 millones en préstamos bancarios en tan solo dos meses.
Sin embargo, lo más significativo en la estructura accionaria de Nutrioil es la participación de K12 FIC como accionista mayoritario al 21,21%, con 56.000 acciones. Los Fondos de Inversión Cerrados que participan en la estructura de créditos a empresas (como ocurre con Prolega) son el mismo tipo de vehículo que integra el portafolio de inversiones de la Gestora Pública en un 8,5%, lo que significa una exposición indirecta del fondo de pensiones a Nutrioil a través de su participación en K12 FIC.
La estructura accionaria de Nutrioil, a noviembre de 2025, se distribuye entre cinco accionistas principales con 15,76% cada uno (Jorge Arias Lazcano, Inversiones Medina S.R.L., Roberto Krutzfeldt Monasterio, y Lafonte Inversiones Industriales S.A.), más Gabriel Pabon Gutiérrez (11,20%), y el FIC que concentra más de la quinta parte del capital. Esta configuración dificulta la identificación del beneficiario final, un problema documentado por la Corte de Apelaciones chilena en el caso de las ferroviarias.
Prolega S.A.: Bs 155.000.000
Prolega S.A., cuya propiedad íntegra corresponde a empresarios argentinos, accedió entre marzo y mayo de 2026 a créditos y pagarés por Bs 155 millones. La mitad de esa suma fue instrumentada a través de Fondos de Inversión Cerrados (FIC) administrados por SAFIs bolivianas, mediante pagarés de oferta privada, sin pasar por el mercado de valores regulado. No hay “inversión extranjera directa”.
Sociedad Minera Illapa S.A. / Sinchi Wayra: Bs 90.500.000
El 20 de abril de 2026, el Banco Bisa desembolsó a Illapa Bs 90.500.000. Illapa pertenece al grupo Sinchi Wayra, heredero de la Corporación Minera del Sur (COMSUR) del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, adquirida posteriormente por Glencore Finance (Bermuda) Ltd., empresa inscrita en las Islas Bermudas, jurisdicción del Reino Unido clasificada como paraíso fiscal. Investigaciones anteriores de El País documentaron que los estados financieros de Illapa mostraban un 14,4% de activos en “impuestos por recuperar” (Bs 169,9 millones en 2020), sin que hubiera inversión extranjera directa verificable en los registros bolivianos.
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Ferroviarias (FOSA y FASA): accionistas con identidad judicial en disputa
En noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile anuló la subasta que había adjudicado por tres millones de dólares el 50,00035% de control de Ferroviaria Oriental S.A. (FOSA). La Corte advirtió sobre la imposibilidad de determinar “el control efectivo de la sociedad y la identidad de los beneficiarios finales” de las ferroviarias. El controlador operacional identificado es Carlos Enrique Gill Ramírez, de origen venezolano-paraguayo y vinculado al entorno del ex vicepresidente Álvaro García Linera. La Gestora Pública posee el 49,91% de FOSA y tiene casi 38 millones de dólares en bonos de la misma empresa.
La relevancia de las ferroviarias en la trama no se limita a su estructura accionaria. Los registros de ingresos de Ferroviaria Oriental a diciembre de 2025 revelan qué empresas sostienen su flujo de caja y, por extensión, el valor de los bonos que la Gestora tiene en su portafolio.
La tabla concentra un riesgo de doble exposición para la Gestora que no ha sido auditado públicamente. IASA, Nutrioil y Gravetal, tres de los diez principales clientes de la empresa cuyo 49,91% le pertenece, son también receptores de cientos de millones en préstamos de bancos que, a su vez, reciben depósitos previsionales. Si el flujo comercial de alguno de estos clientes se interrumpe, los ingresos de FOSA caen, el valor de los bonos en cartera de la Gestora se deteriora, y el fondo de pensiones asume el costo.
La cadena de mando financiero
José Gabriel Espinoza, ministro de Economía en el gobierno de Rodrigo Paz, es responsable de las operaciones del sector financiero boliviano. El 18 de noviembre de 2025, Espinoza nombró a los jefes de la ASFI y la Gestora Pública: Mario Walter Requena Pinto y Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, respectivamente. El 1 de diciembre, Espinoza nombró al Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Gustavo Blacutt Alcalá, quien nombró a Julio Rivero Ruiz como director de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS).
Cynthia Aramayo ha sido designada responsable de la Dirección de Ferrocarriles en el Ministerio de Obras Públicas. Tanto Espinoza como Aramayo fueron colaboradores directos o subalternos de Carlos Enrique Gill Ramírez, el mismo operador que controla las operaciones de las empresas ferroviarias y está documentadamente vinculado con Gravetal Bolivia S.A., uno de los principales clientes de Ferroviaria Oriental.
Esta configuración institucional presenta un riesgo potencial de concentración de poder regulatorio: el sector que supervisa (Economía y Ferrocarriles) coincide parcialmente con las empresas sobre las que no se han reportado investigaciones formales.
IASA: capital offshore y Bs 173,5 millones en bonos
La segunda cliente más importante de FOSA es la Industria de Aceite S.A. (IASA), que generó el 12% de sus ingresos facturados en 2025. IASA tiene capitales radicados en las Islas Vírgenes Británicas, jurisdicción calificada como territorio no cooperante en materia fiscal por la Unión Europea. El 26 de diciembre de 2025, una semana después de la promulgación del DS 5503 y mientras el país discutía la bancarización obligatoria de pequeños comerciantes, IASA publicó la primera emisión de su programa Bonos IASA VI por Bs 173.500.000 en el mercado de valores boliviano. No hay información pública sobre si los fondos de inversión administrados por la Gestora tienen exposición a esa emisión.
Del ahorro de los trabajadores a los bolsillos de las empresas
La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo administra el Fondo Integral de Pensiones (FIP). A finales de abril de 2026, el fondo acumulaba aproximadamente USD 29.823 millones al tipo de cambio BCB, aproximadamente el 60% del PIB boliviano, pertenecientes a 2,82 millones de trabajadores afiliados. A junio de 2026, los datos precisos del valor del fondo no están disponibles en el sitio web de la Gestora Pública. El detalle de diversificación de la cartera de los fondos, publicado por la APS, no ha sido actualizado al menos desde junio de 2025.
Según los datos oficiales de la Gestora a junio de 2025 (último reporte completo publicado), el portafolio se distribuía así: 48,2% en Depósitos a Plazo Fijo (DPF) en el sistema bancario, y 8,5% en cuotas de Fondos de Inversión Cerrados (FIC), además de bonos subordinados de bancos. En términos nominales, la Gestora mantenía Bs 14.787 millones depositados en bancos.
Los tres principales bancos receptores del portafolio de la Gestora son el Banco Mercantil Santa Cruz (Bs 1.894M), el Banco Bisa (Bs 1.885M) y el Banco Nacional de Bolivia (Bs 1.679M). El Banco Bisa prestó Bs 90,5M a Illapa. El Banco Nacional de Bolivia prestó Bs 60M a Prolega. El Banco Unión, el Banco Económico y el Banco FIE prestaron cientos de millones a Gravetal. Los Fondos de Inversión Cerrados que prestaron a Prolega —Sembrar Exportador (Capital+ SAFI), Fortaleza Pyme II (Fortaleza SAFI) y Agrofin (FIPADE SAFI)— son fondos a los que la Gestora puede tener exposición a través de su inversión del 8,5% en FICs.
Mientras tanto, sigue presente el caso extremo de opacidad documental. El Fondo de Pensiones tenía invertidos, a junio de 2025, el equivalente a USD 1.252.456.154 en el Banco Fassil, intervenido desde 2023, correspondientes al 4,37% del portafolio total. Ese monto equivalía al 100% de todo el FIP del año 2009. A fecha de este reportaje, ni la Gestora ni la APS han publicado informe sobre el estado de esa exposición.
El ex gerente de la Gestora Jaime Durán admitió ante El País que “no hay ninguna política” contra la doble exposición.
“El mecanismo que conecta al fondo de pensiones con los préstamos a esas empresas no requiere ninguna hipótesis conspirativa”, señala Gálvez. “Es una arquitectura financiera legal, pero opaca en sus detalles, y sistémicamente contradictoria dado el contexto de conflicto social. La cadena completa que une Gestora con DPFs y bonos en bancos, con préstamos a empresas, no tiene verificación pública consolidada. Nadie la ha auditado de punta a punta”.
Detenciones y préstamos en el mismo período
El 29 de mayo de 2026, tres semanas después de iniciado el paro general de la COB, con 86 puntos de bloqueo activos, Prolega S.A. suscribió una línea de crédito rotativa con el Banco Nacional de Bolivia por Bs 60 millones a cinco años. El mismo día, camiones con alimentos y medicamentos continuaban varados en carreteras. El Banco Nacional de Bolivia figura en el portafolio de inversiones de la Gestora Pública.
“La simultaneidad entre las incautaciones de efectivo y los desembolsos empresariales no establece causalidad”, advierte Gálvez. “Lo que establece es un contraste verificado en el tratamiento institucional de cada tipo de dinero. Uno fue objeto de conferencias de prensa y declaraciones presidenciales, y el otro, de silencio administrativo”.
El cierre de sucursales, el Chapare y la trampa del efectivo
El 19 de mayo de 2026, cuatro de los principales bancos bolivianos cerraron temporalmente sus sucursales en el centro de La Paz por razones de seguridad: el Banco Nacional de Bolivia, el Banco de Crédito de Bolivia (BCP), el Banco Económico y el Banco Unión. Las operaciones quedaron restringidas a canales digitales y cajeros automáticos. Así lo reportaron Reuters, La Razón, La Jornada y Gestión Perú.
Estos cuatro bancos son simultáneamente prestamistas de Gravetal (Banco Unión, Banco Económico) y receptores de fondos previsionales de la Gestora (BNB, Banco Unión). La Asociación de Bancos de Bolivia (Asoban) confirmó el cierre parcial de operaciones, pero no publicó un informe sobre el impacto específico en las zonas bloqueadas. No hay información pública sobre si las sucursales bancarias en municipios del Chapare (Villa Tunari, Chimoré, Shinahota) cerraron o restringieron operaciones durante las semanas de bloqueo.
El Chapare, región cocalera del departamento de Cochabamba, fue uno de los epicentros de las movilizaciones. Las Seis Federaciones del Trópico ocuparon el aeropuerto de Chimoré el 16 de mayo de 2026. Los bloqueos en la ruta Cochabamba–La Paz cortaron el corredor que conecta al Chapare con la capital financiera del país.
“Un pequeño comerciante o cultivador de coca que, siguiendo el mandato del DS 5503, hubiera transferido sus transacciones a medios electrónicos habría encontrado que durante las semanas de bloqueo su dinero estaba en un banco cuyas sucursales cerraron, en una cuenta que requería conectividad, en un sistema que dependía del mismo Estado que bloqueaba físicamente el territorio”, señala Gálvez.
Para la analista, el cierre de sucursales confirma lo que la historia económica boliviana ya señalaba: “El efectivo físico, en bolivianos o en dólares, es el único activo que no requiere intermediario, no puede ser embargado remotamente y funciona sin electricidad ni internet. En el Chapare, en Oruro, en cualquier tranca de bloqueo, el billete en la mano funcionó cuando el sistema bancario no funcionó. Criminalizar eso, en contexto boliviano, es criminalizar una respuesta racional a décadas de inestabilidad institucional”.
La asimetría institucional: quién responde y quién no
Las detenciones por tenencia de efectivo generaron declaraciones presidenciales, conferencias de prensa del vocero José Luis Gálvez, una declaración del Escudo de las Américas firmada por múltiples países el 5 de junio, y cobertura internacional.
Ninguna institución boliviana (ni la ASFI, ni el Ministerio de Economía, ni la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), ni el Ministerio Público) ha informado públicamente el inicio de investigaciones sobre el destino efectivo de los préstamos a Gravetal, Prolega, Illapa o las ferroviarias. No existe un registro público consolidado que mapee la exposición total de los fondos previsionales en la cadena que une a la Gestora con bancos, FICs y empresas.
La Gestora, ante preguntas de El País sobre su exposición en Ferroviaria Oriental, cuya estructura accionaria fue anulada judicialmente por la Corte de Apelaciones de Santiago, respondió que “no tiene relación directa” con el litigio. Su exposición acreditada en la empresa es de 49,91% del capital accionario más casi 38 millones de dólares en bonos.
“Los préstamos a Gravetal, Prolega, Illapa y las ferroviarias generaron cero declaraciones, cero conferencias de prensa, cero investigaciones institucionales públicas”, resume Gálvez. “Esa respuesta la emite quien es simultáneamente el mayor accionista individual de la empresa y su principal bonista. Esa asimetría es el resultado documentable de qué actores tienen acceso a la agenda pública y cuáles no”.
El control del dinero como instrumento de poder
Bolivia ha aparecido en procesos de monitoreo del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), generando incentivos regulatorios externos para expandir el perímetro del sistema financiero formal. La bancarización forzada de los emprendedores informales (DS 5503) y la habilitación de la tierra campesina como colateral bancario (Ley 1720) son medidas convergentes con ese marco de vigilancia financiera global. Cada ciudadano que ingresa al sistema deja un rastro transaccional visible para las autoridades regulatorias nacionales y, en el marco de acuerdos internacionales de intercambio automático de información (CRS/FATCA), para agencias financieras extranjeras.
“La paradoja estructural es que el mismo gobierno que criminalizaba el efectivo porque ‘no deja huella’ presidía el proceso mediante el cual los flujos más opacos de la economía boliviana circulaban dentro del sistema formal”, señala Gálvez. “Sin registro público de beneficiarios finales, sin destinos reales documentados, sin garantías verificables ni retornos efectivos al fondo de pensiones auditados públicamente”.
“El efectivo de un manifestante es rastreable porque está en sus manos, en el momento de la detención, con testigos”, continúa Gálvez. “El dinero en los pagarés privados de Prolega hacia los FICs de las SAFIs, o en los bonos subordinados de Banco Fassil donde la Gestora tiene más de mil millones de dólares, no lo es. Exige acceso a registros privados, auditorías que nadie ha ordenado y respuestas a preguntas que nadie ha formulado oficialmente”.
Lo verificado, lo pendiente y lo sistémico
Entre junio de 2025 y el 7 de junio de 2026, el Estado boliviano documentó y comunicó la incautación de Bs 12.030.600 en efectivo vinculado a protestas. En el mismo período, la banca boliviana, capitalizada parcialmente con fondos previsionales de los trabajadores, desembolsó un mínimo verificado de Bs 1.030.223.250 a empresas con capitales extranjeros, accionistas en paraísos fiscales o vínculos documentados con figuras políticas de distintos gobiernos. Los segundos superan a los primeros en una proporción de 85 a 1.
El DS 5503 y la Ley 1720, ambos abrogados bajo presión social, buscaban expandir el sistema bancario hacia economías informales y rurales. Las entidades financieras beneficiarias directas de esa expansión son las mismas que recibieron fondos previsionales y prestaron a las empresas analizadas. Tanto el DS 5503 como la Ley 1720 ya no están vigentes. El conflicto social persiste, escalado al nivel en que la Cámara de Diputados aprobó el 7 de junio de 2026 una Ley de Estados de Excepción. Los préstamos a las empresas verificadas continúan.
El cierre de sucursales bancarias en el centro de La Paz el 19 de mayo de 2026 (BNB, BCP, Banco Económico, Banco Unión) ocurrió al amparo de las mismas protestas que el gobierno atribuía a financiamiento ilegal. Las comunidades rurales y del Chapare cuya bancarización era exigida por las normas abrogadas encontraron que durante el conflicto el sistema bancario que se les imponía cerraba sus puertas.
Ni la ASFI, ni el Ministerio Público, ni la UIF han informado el inicio de investigaciones sobre el destino de los préstamos a Gravetal, Prolega, Illapa o las ferroviarias. No existe un registro público que permita rastrear la cadena completa Gestora–bancos–FICs–empresas. K12 FIC, que posee el 21,21% de Nutrioil, es el tipo de vehículo de inversión que integra el portafolio de la Gestora. Esta cadena permanece completamente ausente de cualquier investigación institucional pública.
En Bolivia, la tenencia de efectivo tiene raíces históricas documentadas: la hiperinflación de la UDP (1982–1985), la desdolarización, la desconfianza bancaria derivada de retenciones por impuestos y aportes previsionales, y la brecha cambiaria entre el tipo oficial (Bs 6,96/USD) y el paralelo (que superó Bs 20/USD en el período analizado). Portar efectivo, en este contexto, no es por sí mismo un indicador de actividad ilícita.
“No se trata de decir que las protestas son financiadas con dinero lícito, ni que las empresas analizadas hayan incurrido en irregularidades penales. Esa determinación corresponde a la justicia, con prueba y proceso. Pero los datos públicos verificados muestran, con base aritmética, que la doble vara con que se aplica el escrutinio financiero en Bolivia, con máximo rigor hacia el efectivo de los manifestantes, y opacidad hacia los millones de las empresas favorecidas, es un patrón institucional”, concluye Gálvez.
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