COP29: América Latina y la difícil financiación sostenible

América Latina y el Caribe se encuentra en un punto crítico para redefinir su modelo financiero hacia uno más sostenible.

El Índice de Finanzas Sostenibles (IFS) 2024, desarrollado por el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), ofrece una visión detallada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en su camino hacia la sostenibilidad.

A pesar de haber asumido compromisos internacionales para hacer frente al cambio climático, los países de América Latina y el Caribe siguen teniendo dificultades de acceso al financiamiento internacional. Esto incluye el aumento de su deuda externa, debido a que buena parte del financiamiento climático viene en forma de préstamos. Al mismo tiempo, a nivel nacional muchos países siguen invirtiendo en actividades que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, dificultando la transición hacia un modelo económico más sostenible. Sin embargo, nuestro informe también revela avances y áreas de oportunidad clave para fortalecer las finanzas sostenibles en la región.

La financiación sostenible se queda corta en América Latina

El IFS 2024 destaca una brecha significativa en los países de América Latina y el Caribe entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad.

En conjunto, los países de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles ―un total de 233.300 millones en 2023―  que por financiamiento climático y para la biodiversidad  (11.800 millones de dólares). También destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles ―un total de 66.800 millones en 2023― que a iniciativas que ayuden a combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región de sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad clave para reorientar los flujos financieros hacia la sostenibilidad, reconociendo que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación y de competitividad económica a largo plazo.

Guatemala, líder en financiación sostenible

Nuestro índice tiene en cuenta cuatro variables, entre ellas los ingresos de los países vinculados a actividades sostenibles y los ingresos intensivos en carbono, y otorga una calificación entre cero y cuatro a sus resultados. Ninguno de los 20 países de nuestro análisis ―los que más gases de efecto invernadero emiten en la región― obtuvo el máximo de cuatro puntos.

Guatemala presenta una puntuación de 2,6 en el ranking de finanzas sostenibles. Esto se debe a que el país ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono, y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.

Otros países como Honduras (2,5), Jamaica (2,5), El Salvador (2,4) y Panamá (2,4) han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático, aunque también enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional. Esto limita su capacidad para implementar políticas climáticas, como los esfuerzos hacia sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como parte del Acuerdo de París.

El desafío de las economías grandes: Brasil y México

Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil con 2,1 puntos y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.

En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.

Financiación Los países de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles ―un total de 233.300 millones en 2023―  que por financiamiento climático y para la biodiversidad - 11.800 millones de dólares-.

A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones a seguir el mismo camino.

Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, y desincentivar las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes. Esto constituye un reto importante, ya que ambos países siguen apoyando fuertemente la extracción y exploración de combustibles fósiles, incluidas las actividades de sus petroleras estatales Petrobras y Pemex.

Reorientar los recursos para la sostenibilidad

El desafío es claro: a nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades intensivas en carbono no solo pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también expone a la región de los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas, que ya están afectando a muchas comunidades de la región.

El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones: destina más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles. Muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.

Sin embargo, la tarea no incumbe únicamente a los países de la región. Es vital que a nivel internacional existan compromisos de financiación, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiación climática en la próxima cumbre climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Este objetivo ―y hacerlo realidad― ayudará a los países a financiar acciones urgentes, especialmente centradas en la adaptación, a través de fondos públicos en forma de subvenciones, para evitar un aumento incremental de los niveles de deuda nacionales. Este nuevo objetivo a aprobarse en Bakú será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.

Un llamado a la acción

El IFS 2024 lanza un mensaje urgente: los países de América Latina y el Caribe tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, para lo cual necesitarán transformaciones nacionales, pero también apoyo internacional.

Para lograrlo, deben implementar reformas fiscales que promuevan el uso de energías limpias, incentiven la eficiencia energética y desincentiven las actividades contaminantes. Además, los países proveedores de financiamiento, las instituciones financieras y los bancos de desarrollo deben asumir un papel protagónico en la financiación de proyectos sostenibles, facilitando el acceso directo a capital para aquellos sectores que más lo necesitan.

El reto es garantizar que el desarrollo económico de la región sea inclusivo, resiliente y preparado para enfrentar los desafíos del cambio climático. Este es el momento de actuar, el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 proporciona una hoja de ruta clara sobre dónde empezar y cómo avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.

Enésima cumbre climática en busca de nueva financiación

Al cabo de otro año de calor récord y fenómenos meteorológicos extremos, el pasado lunes 11 se instaló en esta capital de Azerbaiyán la 29 cumbre climática de las Naciones Unidas, centrada en encontrar compromisos para incrementar la financiación de la lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo.

Pero ese objetivo “es crucial para el bienestar de todas las naciones, incluidas las más ricas y poderosas. Descartemos la idea de que la financiación climática es una forma de caridad. El cambio climático descontrolado está afectando a cada individuo del mundo de una manera u otra”, dijo el jefe climático de la ONU, Simon Stiell.

La 29ª Conferencia de las Partes (COP29) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que deliberará hasta el 22 de noviembre debería superar el compromiso adoptado en 2009, de llevar 100 000 millones de dólares anuales para la acción climática de los países del Norte a los del Sur.

Stiell destacó que el proceso de las COP “es el único lugar donde podemos abordar la crisis climática desenfrenada y exigirnos mutuamente responsabilidades para actuar. Y sabemos que este proceso está funcionando, porque sin él, la humanidad se encaminaría hacia un calentamiento global de cinco grados”.

En el Acuerdo de París de 2015 las naciones del mundo se comprometieron a trabajar para que el calentamiento global, que acelera el cambio climático y sus devastadores efectos, no exceda de dos grados centígrados este siglo, ni más de 1,5 grados antes del año 2050, con respecto a los niveles de la era preindustrial.

Stiell, oriundo de la pequeña isla caribeña de Carriacou, Grenada, azotada por el huracán Beryl este año, dijo que cada país pagaría un precio terrible si al menos dos tercios de los países del mundo no pueden reducir rápidamente sus emisiones.

Además, “toda la economía mundial podría colapsar si los países no logran fortalecer sus cadenas de suministro ante el aumento de los costos vinculado a los shocks climáticos”, como la caída del nivel del agua en el Canal de Panamá, que impactó los volúmenes de transporte marítimo.

“Estoy tan frustrado como cualquiera porque una sola COP no puede generar la transformación total que cada nación necesita, pero es aquí donde las partes deben acordar una salida a este embrollo. Es por eso que aquí en Bakú debemos acordar un nuevo objetivo global de financiación climática”, insistió.

En paralelo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó su Actualización del Estado del Clima 2024, y emitió una alerta roja sobre la rápida progresión del cambio climático en una sola generación, impulsada por el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

La OMM dijo que los años 2015-2024 quedan como los más calurosos de la historia, con pérdida acelerada del hielo glacial, aumento del nivel del mar y calentamiento de los océanos, mientras los fenómenos meteorológicos extremos provocan importantes perturbaciones en las comunidades y las economías de todo el mundo.

De enero a septiembre de 2024, la temperatura media mundial del aire en la superficie fue 1,54 grados centígrados (± 0,13 °C superior a la media preindustrial), agravada por el calentamiento de El Niño, fenómeno de vientos cálidos sobre el océano Pacífico que altera ciclos de lluvias y sequías, indicó la OMM:

En su mensaje a la COP29, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que “la catástrofe climática está golpeando la salud, profundizando las desigualdades, obstaculizando el desarrollo sostenible y sacudiendo los cimientos de la paz. Y los más vulnerables son los más afectados”.

Se espera que en la COP29, de más de 190 naciones y la Unión Europea, los representantes de todos los Estados establezcan un nuevo “objetivo cuantificado colectivo de financiación climática (Ncqg en inglés) en reemplazo del obsoleto de 100 000 millones de dólares que expira este año.

Las partes también deberían activar el Fondo de Pérdidas y Daños acordado en la COP28 –en Emiratos Árabes Unidos-, clave para compensar a países en desarrollo víctimas de un cambio climático disparado por los industrializados.

También se espera que todos los países presenten nuevos objetivos climáticos, sus compromisos determinados a nivel nacional (NDC en inglés) para febrero de 2025, alineados con el nivel de reducción de emisiones necesario.

Los negociadores buscan completar las directrices necesarias para poner en pleno funcionamiento el Artículo 6 del Acuerdo de París, que permite intercambiar créditos de carbono producidos al eliminar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando así a otros países a alcanzar sus objetivos climáticos.

Contra ese propósito opera la certeza de que la cumbre de este año será mucho más reducida que la COP28 en 2023 en Dubái, y aunque más de 100 jefes de Estado y de Gobierno habían confirmado su asistencia, varios líderes mundiales y funcionarios de alto nivel ya dijeron que no viajarán a Bakú.