Una profunda crisis alimentaria oculta acecha en América Latina

En América Latina y el Caribe hay una crisis oculta, la de casi 10 millones de personas que no tienen acceso a los alimentos que necesitan, y esa cifra puede elevarse hasta 14 millones este mismo año, planteó el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una rueda de prensa efectuada este martes 14.

Lola Castro, directora regional del PMA, dijo que “el efecto dominó de los fenómenos climáticos, la pandemia en curso y la crisis alimentaria, energética y financiera vinculada a la guerra en Ucrania, ha dejado a 9,7 millones de personas con necesidad urgente de ayuda alimentaria, sólo en los 13 países en los que trabajamos”.

“Se avecina una crisis oculta que, sin duda, afectará a millones de personas en la región y fuera de ella”, abundó Castro.

Según los datos del PMA, de los 2300 millones de personas o que se van a dormir cada noche con hambre o sin la suficiente cantidad de alimentos para desarrollar su vida de manera normal, 11 % se encuentra en América Latina y el Caribe.

“En el momento álgido de la pandemia, la inseguridad alimentaria severa afectó a 176,2 millones de personas en la región, solo en los 13 países en que trabajamos”, dijo Castro, pero esa cifra retrocedió hasta 8,3 millones a finales de 2021, al mostrar la región signos de recuperación.

Sin embargo, con el panorama más adverso este año, en los 13 países (de América Central, Cuba, Haití y el área andina) el número de personas con necesidad de ayuda alimentaria urgente puede llegar a 13,3 millones este año, según el PMA.

Para esa agencia de las Naciones Unidas, la principal preocupación es el hecho de que millones de personas no pueden acceder a una cesta de alimentos adecuada. Por ejemplo, solo en los últimos meses, el coste de una tonelada de productos alimentarios ha aumentado 54 % en la región.

La canasta básica es ahora considerablemente más cara, dejando a muchos sin poder asegurar su ingesta diaria. La inflación de los alimentos en la región oscila ahora entre 11 % “y un asombroso 26,6 %, como es el caso de Haití”, comentó Castro.

Muchos de los países en los que trabaja el PMA en América Latina tienen una proporción de importación de cereales superior a 50 %, lo que significa que producen menos de los que importan, y el caso es más acentuado es el área del Caribe.

A medida que los costos del combustible a nivel mundial siguen aumentando, el impacto en toda la región es evidente, destacó Castro, pues por ejemplo el precio del transporte de una tonelada de alimentos se ha multiplicado por siete en los últimos dos años, afectando especialmente a los pequeños estados insulares del Caribe.

Como resultado, las operaciones del PMA son ahora 30 % más caras.

“Teniendo en cuenta que ya nos enfrentamos a un déficit de financiación de 50 % para este año, nos vemos obligados a reducir el número de beneficiarios o la cantidad de dinero en efectivo (para comprar comida) o de alimentos que distribuimos, en un contexto en el que las necesidades están aumentando rápidamente”, dijo Castro.

Según la ONU, de las 69 economías con grave exposición a las crisis alimentarias, energéticas y financieras, 19 se encuentran en la región de América Latina y el Caribe.

Esta coyuntura, unida a la reducción del espacio fiscal, que en este momento impide a los gobiernos ampliar los sistemas de protección social. Empuja a muchas personas a la pobreza y a buscar mecanismos alternativos para hacer frente a la situación, como la migración.

Las encuestas llevadas a cabo por el PMA en los países en los que tiene presencia muestran que, en promedio, 15 % de las personas en la región expresaron su deseo de migrar, un aumento de cuatro puntos desde el año pasado. En el caso de América Central, esa cifra es mucho mayor, llega a 43 %.

Según Castro, el elevado número de personas que pretenden emigrar, unido a la actual crisis alimentaria, de combustible y financiera, y a la crisis climática, incluyendo lo que se espera que sea una temporada de huracanes extremadamente activa, no hará sino agravar esta situación

Pero “siempre hay un resquicio de esperanza, en toda crisis hay una oportunidad, y esta no es una excepción”, dijo Castro, y puso como ejemplo la mayor conciencia en los gobiernos de la región para apoyar a los pequeños agricultores y a los grandes productores para diversificarse y garantizar sistemas alimentarios más sostenibles.

“El mundo depende de tres cereales: maíz, arroz y trigo. Esta crisis ha demostrado que existe una necesidad urgente de diversificación, y la región cuenta con un gran repositorio de alimentos ancestrales, como la quinua, que puede desempeñar un papel importante para garantizar la seguridad alimentaria mundial”, resaltó Castro.

Desafío para 2023: Garantizar suficiente producción de alimentos

Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO, también se manifiesta en línea similar y recuerda que de continuar la guerra en Ucrania y otros conflictos en diferentes partes del mundo, el desafío del 2022 será garantizar un mayor acceso a los alimentos actualmente existentes, y para el 2023 una suficiente producción de alimentos.

“Cuando se aproximan los cuatro meses del inicio de la guerra, el 24 de febrero, los datos siguen mostrando una tendencia al incremento de precios de los alimentos, particularmente en los países más carenciados, mientras crece la preocupación por los posibles efectos de estos aumentos. La potencial escasez de algunos productos, pueden generar inestabilidad interna en numerosos países, aumentando a su vez los flujos migratorios internos y externos”.

Rusia y Ucrania, en conjunto, representan 30 % de la exportación mundial de trigo y maíz, y 63 % de semillas de girasol. Según expertos, ya escasean tres millones de toneladas de esos granos este año, a pesar del aumento de la exportación de otros países, como India.

“La subida de los precios de los productos energéticos y de los fertilizantes puede provocar el aumento del hambre en varias decenas de millones de personas, incrementando severamente la cifra de 811 millones que ya pasaban hambre en el año 2020. Esa cifra siguió incrementándose por los efectos de la covid-19, en más de 100 millones en el 2021, poniendo además en riesgo la próxima cosecha a nivel global” señala Lubetkin.

Según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ya en 2021 alrededor de 193 millones de personas en 53 países padecían inseguridad alimentaria aguda y necesitaban asistencia muy urgente, casi 40 millones más que en el 2020.

“Sigue siendo alta la alarma de hambruna en Afganistán, Etiopia, Nigeria, Somalia, Sudan del Sur y Yemen y serán los países más frágiles de África y de Asia quienes pagarán el precio más alto, aunque numerosos países europeos dependan en 100 % de los fertilizantes rusos, primer exportador mundial. Tal es el caso de Estonia, Finlandia, Lituania y Serbia, mientras países como Eslovenia, Nord Macedonia, Noruega y Polonia, entre otros, también dependen en buena medida de esos fertilizantes. Además, más de 50 naciones de otras partes del mundo dependen, al menos en 30 %, de los fertilizantes rusos”.

Entre los países que pueden verse más afectados por su dependencia de la importación de trigo y maíz de las naciones europeas en guerra figuran Egipto y Turquía, así como varios países africanos como Congo, Eritrea, Madagascar, Namibia, Somalia y Tanzania.

En relación al aumento del precio de los alimentos, existen países como Líbano donde el incremento ya superó 300 por ciento. Sin embargo, incluso países más desarrollados están sintiendo el impacto del conflicto como es el caso de Alemania que sufrió un aumento de precios de 12 % o de Reino Unido donde aumentaron más de 6 % por ciento.

A fines de marzo, con poco más de un mes en guerra, los productos alimenticios ya habían aumentado 12,6 %, el más alto incremento desde 1990 según datos de la FAO.

La reducción de la producción puede determinar una inmediata caída de la calidad de la alimentación, causando de consecuencia un aumento de la crítica situación de la obesidad que ya supera los 600 millones de personas, mientras más de 2000 millones sufren de sobrepeso, lo que puede también aumentar los riesgos de salud, desde aspectos cardiológicos a la diabetes.

“Necesitamos mantener el sistema de comercio global abierto y asegurar que las exportaciones agroalimentarias no sean restringidas o sometidas a impuestos”, señaló el director general de la FAO, Qu Dongyu.

Para Qu, hay que aumentar las inversiones en aquellos países afectados por el actual precio de alimentos, reducir el desperdicio de alimentos y mejorar y lograr una utilización más eficaz de los recursos naturales, como agua y fertilizantes.

También hay que impulsar las innovaciones sociales y tecnológicas que reduzcan de manera significativa las rupturas del mercado en la agricultura, así como mejorar la protección social y la asistencia personalizada para los agricultores más afectados en esta crisis.

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, recordó la propuesta de esta organización especializada con sede en Roma, de crear un instrumento mundial, denominado Fondo de Financiamiento de las Importaciones de Alimentos, por un valor de 9000 millones de dólares para afrontar a 100 % los costos alimentarios para los países más afectados en 2022.

Bolivia, entre la pobreza y

la soberanía alimentaria

Los últimos datos revelados por el presidente Luis Arce Catacora aseguraban que la pobreza extrema en el país no solo no se había agravado tras la pandemia, sino que, en 2021, con solo un año de su gobierno, se había llegado a rebajar por debajo de la registrada en 2019.

Lo dijo en el discurso del Día del Estado Plurinacional, donde situó la pobreza extrema en el 11 por ciento y la moderada en el 36,3%, datos “nunca antes vistos”. “Estamos nuevamente en un escenario de crecimiento económico con reducción de la desigualdad. Logramos que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre se reduzca a 20 veces y esto se constituye en un logro porque es la brecha más baja en la historia económica y social de nuestro país”, declaró el presidente.

Aunque los datos de la Comisión Económica para América Latina contradicen esos datos, y la situaron en el entorno del 14,7% en 2020, lo cierto es que los organismos internacionales también han reconocido la política económica del gobierno que está evitando los mayores riesgos de la actual crisis, de momento.

La comercialización del diésel subsidiado ha permitido registrar la menor tasa de inflación de la región en el primer trimestre, algo a lo que también contribuye la prohibición de exportación de determinados productos, los precios regulados en otros y también el contrabando que campea por el país.

En ese escenario aparentemente controlado ha aparecido un nuevo problema derivado de las políticas ortodoxas de los bancos centrales que han decidido subir las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, pese a que los expertos más progresistas les recuerdan, sin éxito, que el proceso inflacionario actual tiene que ver con los problemas en las cadenas de suministros, dañadas por la covid y adulteradas por las sanciones a Rusia.

El efecto de esa subida de tasas, con el volumen de deuda creciendo y la subvención al crudo presionando el día a día puede generar un escenario incierto en Bolivia.